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A mediados de septiembre de este año, un equipo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) llegó hasta la zona rural de Santander de Quilichao, un municipio en el norte de este departamento, para investigar el estado de un relicto de bosque seco tropical que se encuentra en un predio conocido como “La Esmeralda”. De acuerdo con la CRC, una característica importante de este predio, de 137 hectáreas, radica en que gran parte de su cobertura corresponde a este ecosistema, uno de los más amenazados y menos conocidos del país.
Para hacerse una idea, de las más de ocho millones de hectáreas que en algún momento hubo de bosque seco tropical, en la actualidad podrían quedar entre poco más de un millón y 720.000 hectáreas. Álvaro Idarraga, biólogo y candidato a doctor de la Universidad de Antioquia, tiene otra forma de decirlo: “son los ecosistemas más amenazados en el mundo, donde queda menos del 10 % de su extensión a nivel global. En Colombia, el estimado no es nada alentador, ya que se cree que queda entre el 7 y el 9 % de la cobertura original”.
Según datos del Ministerio de Ambiente y el Instituto Humboldt, además de la planicie costera del Caribe, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el valle alto del río Magdalena, todavía es posible encontrar enclaves de bosque seco tropical en el cañón del valle medio y alto del río Cauca, justo en el departamento del Cauca. Sin embargo, los hallazgos que la CRC obtuvo en “La Esmeralda” han despertado la preocupación de las autoridades locales y sectores ambientalistas del departamento pues, en palabras de la corporación autónoma, “el deterioro es alarmante”.
Durante el recorrido, los funcionarios de la autoridad ambiental evidenciaron diferentes afectaciones ambientales en varios puntos del predio. Los más importantes, resumen, consisten en “la tala y quema de individuos arbóreos, descapote y explanación del terreno con maquinaria pesada para una posible parcelación o loteo y apertura de vías”. A los ojos de la corporación, estas actividades antrópicas están transformando de manera drástica el paisaje, el suelo y “posiblemente el funcionamiento del ecosistema existente, debido a la fragmentación del mismo”.
Estas transformaciones, apunta la entidad, no solo afectaría a las plantas de Gualanday, Yarumos y Jaguas, entre otros, que han sido taladas, sino que tendría repercusiones en la calidad de vida de las comunidades humanas que dependen del recurso hídrico que alberga el terreno, representado en dos humedales y varios nacimientos de agua.
La buena noticia, concluía el informe, es que el ecosistema podría recuperarse en cinco años de la afectación, que fue calificada como crítica, siempre y cuando se desalojen las construcciones y las estructuras que fueron encontradas. La mala noticia, es que estas afectaciones se han intensificado desde hace algunos meses, a pesar de que el predio cuenta con una medida cautelar que, desde octubre de 2021, impide que este sea habitado.
Mientras en “La Esmeralda” se evidencia una “notable reducción de la biodiversidad”, según la CRC, en los estrados judiciales se libra una batalla entre el gobierno municipal, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y un pueblo indígena que reclama la finca para poder ampliar su resguardo. Para entender mejor la historia, es necesario retroceder casi una década.
La ampliación del resguardo, ¿la fragmentación de un ecosistema?
Aldemar Chilo es la autoridad del resguardo indígena Munchique Los Tigres, una comunidad Nasa que habita un área de aproximadamente 7.750 hectáreas en la zona rural de Santander de Quilichao. Hace aproximadamente 10 años, continúa Chilo, su resguardo vio la necesidad de solicitar la ampliación, pues “una gran cantidad” del terreno en el que viven se encuentra en zonas de reserva, lo que dejaba a parte de los 6.300 comuneros que integran la comunidad sin un lugar en donde poder cultivar sus alimentos.
En mayo de 2015, el resguardo indígena contactó a Julio César Triviño, el propietario de “La Esmeralda” para ese entonces, pues veían en esa finca un espacio adecuado para su ampliación. Triviño, quien falleció hace unos años, le manifestó que estaba dispuesto a vender su tierra, por lo que el resguardo le solicitó a la ANT que empezará el proceso de compra.
El 21 de febrero de 2020, casi cinco años después de los primeros acercamientos, la Agencia adquirió la finca por algo más de $3.800 millones. La idea, asegura Chilo, era reubicar a entre 40 y 45 familias del resguardo en este espacio. Pero la entrega se retrasó. A la emergencia por el covid-19 se le sumó un proceso judicial que aún no termina.
Al tiempo que el país atravesaba una estricta cuarentena por cuenta de la emergencia sanitaria, un grupo de habitantes de la zona rural de Santander de Quilichao interpusieron ante el Tribunal Administrativo del Cauca una acción popular para impedir la entrega del predio al resguardo indígena. Argumentaban que la finca no era apta para el establecimiento de asentamientos urbanos, pues desconocía el carácter de conservación que había sido definido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de 2002 y su urbanización podría generar afectaciones al bosque seco tropical que se encontraba en la zona.
En octubre de 2021, el magistrado David Fernando Ramírez admitió la acción popular y decretó, como medida cautelar, que la ANT debía abstenerse de hacer entrega de “La Esmeralda” a cualquier comunidad hasta que se profiriera un pronunciamiento definitivo. Pese a la medida impuesta, los comuneros del resguardo indígena empezaron a ocupar el predio, pues, dice Chilo, “otras comunidades indígenas del departamento querían entrar a la finca”.
Para ese entonces, tanto a la Corporación Autónoma Regional del Cauca como a la alcaldía de Santander de Quilichao empezaron a llegar varias denuncias sobre afectaciones ambientales en el predio, entre las que se contaba la tala de árboles y la caza de animales, como guatines, armadillos y serpientes. Chilo niega que los miembros de su comunidad fueran los responsables y asegura que siempre actúan “teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y la Madre Tierra”.
Un año después de su primera decisión, frente a las denuncias que insistían en las afectaciones ambientales, el magistrado Ramírez le ordenó a la ANT que, en un lapso de 10 días, debía establecer una vigilancia sobre el predio con el fin de que no fuera ocupado por personas ajenas a la entidad, así como “neutralizar” los abusos que se estaban cometiendo.
Días después de ese segundo fallo, el 29 de septiembre de 2022, la ANT interpuso un recurso de reposición asegurando que la entidad no contaba con el dinero para contratar vigilancia en “La Esmeralda”. La respuesta llegó a mediados de 2023 por parte del Consejo de Estado. En el auto, señaló que la ANT, al ser la entidad dueña del predio, debía adelantar las gestiones administrativas que le permitieran contar con el presupuesto para brindar la seguridad ordenada por el Tribunal Administrativo del Cauca.
También agregó que “la situación de perturbación y degradación de la propiedad ‘La Esmeralda’ no solo es un hecho que no toma por sorpresa a la ANT, sino que se observa que lo ha permitido (…)”. Por estas razones, los magistrados del Consejo de Estado le ordenaron a la ANT que en 10 días debían asegurar el predio y a la alcaldía municipal le exigieron coordinarse con la agencia para este fin.
Sin embargo, asegura María Luisa Holguín, secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao, y quien hace parte del grupo de personas que impulsó la acción popular contra la ANT, a pesar de los fallos del Tribunal Administrativo del Cauca y del Consejo de Estado, la agencia sigue sin hacerse cargo de la seguridad del predio. Muestra de ello, son los resultados del informe que la CRC realizó a mediados de septiembre de este año por solicitud del magistrado Ramírez.
Holguín también denuncia que la agencia no ha mostrado interés por encontrar soluciones al conflicto socioambiental que se vive en el municipio y que, incluso, ha incumplido varios de los compromisos que han adquirido recientemente. Así se lo dejó saber al director de la ANT, Juan Felipe Harman, en una carta que le envío el 8 de octubre.
“No hemos recibido respuesta de los compromisos asumidos por ustedes en la reunión del pasado 13 de septiembre”, manifestó Holguín, haciendo referencia a una serie de acciones a las que se comprometieron cuatro funcionarios de la agencia. Los acuerdos incluían, entre otros, una visita al predio de la ANT en calidad de dueño para hacer un llamado oficial al cabildo Munchique Los Tigres para que no afecten más el predio, así como solicitar una medida de desalojo a la Alcaldía.
Frente a estos dos compromisos, la Agencia le señaló a este diario que la querella policiva para el desalojo, la cual se encuentra en etapa probatoria, mientras que el 20 y 21 de noviembre de este año adelantaron una visita a “La Esmeralda” para verificar el estado del predio, pero que el informe todavía no ha sido elaborado pues se encuentran analizando la información recopilada.
El futuro del bosque seco tropical
La situación de “La Esmeralda” es similar a la que ha padecido el bosque seco tropical en el resto del país. Estos bosques, asegura el Programa Nacional para la conservación y restauración de estos ecosistemas lanzado en 2021, “están altamente amenazados como resultado de presiones antrópicas históricas que han impactado de manera negativa la conservación de este ecosistema, vía perturbación con obras de infraestructura, actividades de fuego, ganadería, plantaciones y monocultivos agrícolas”.
A esto, apunta el biólogo Idarraga, quien también hace parte del nodo del Valle geográfico del río Cauca de la Red de Bosque Seco Tropical del país (Red BST-Colombia), hay que sumarle el hecho de que son ecosistemas poco estudiados en Colombia. Si bien desde hace década se incentivó su investigación, en el Cauca hay poca documentación sobre ellos.
Muestra de este vacío de información es que la CRC no sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas de bosque seco tropical hay en “La Esmeralda”. Mientras algunos documentos de la alcaldía municipal señalan que este ecosistema cubre cerca del 80 % del predio, Amarildo Correa Obando, director de la autoridad ambiental, estima que es un 40 %, según le dijo a este diario.
Tampoco hay certeza sobre el futuro del predio. El Espectador conoció los alegatos de conclusión que una abogada que representaba a la entidad envió al Tribunal Administrativo del Cauca en noviembre de 2023. En el documento, la apoderada de la agencia argumentó que la compra se hizo ajustada a todos los procedimientos exigidos por la ley y que, de acuerdo con varios documentos enviados por la administración municipal en la época en la que se adelantaba la negociación, el terreno contaba con aprobación para usarse en actividades agropecuarias. Por esta razón, la ANT confiaba en que la entrega al resguardo indígena pudiera adelantarse.
Este punto ha sido controvertido por la actual secretaria de Gobierno de Santander de Quilichao y los demás demandantes, quienes aseguran que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de 2002 se declaró esta zona de preservación y conservación. Con esto, esperan que “La Esmeralda” termine siendo declarada un área protegida.
Por su parte, Chilo, del resguardo indígena Munchique Los Tigres, asegura que su comunidad se mantendrá en el terreno y que seguirán adelantando las labores de “limpieza, para iniciar un proceso de reforestación con árboles nativos y ancestrales. La autoridad del pueblo Nasa espera que finalmente la entrega del predio se dé.
Correa, el director de la CRC, ve una tercera alternativa. A sus ojos, tanto la conservación de “La Esmeralda”, como la ampliación del resguardo indígena, no son incompatibles. El camino para lograrlo radica en un ejercicio de planificación participativa en la que se involucren todos los actores en disputa. De allí, podría salir una zonificación ambiental que permita separar el bosque seco tropical y los humedales —ecosistemas estratégicos—, del área de vocación productiva.
El reto, reconoce, está en juntar a las instituciones, algo que, como se ha visto, “complejiza la ejecución, pues todos somos muy lentos y nos movemos paquidérmicamente”.
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