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Esta semana, hubo dos noticias que sacudieron el sector ambiental. Por un lado, la Corte Constitucional le dio luz verde al Acuerdo de Escazú, algo que muchos actores creían poco probable. Por otro, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dio las primeras señales sobre cómo quiere regular un mercado que, desde hace años, pide a gritos normas claras en Colombia: el mercado de carbono. Las intensas discusiones que ha desatado, de hecho, condujeron a que a principios de julio, la Corte emitiera la primera sentencia sobre ese tema, amparando los derechos de las comunidades indígenas del Pirá Paraná, en la Amazonia.
En medio de esos anuncios, Muhamad también está en una carrera contra el tiempo. En menos de dos meses inicia en Cali, oficialmente, la COP16, de la que será presidenta. Deberá, entre otras cosas, tratar de que los países negociadores lleguen a consensos en temas muy espinosos. Entre el ajetreo de su despacho, le abrió unos minutos a El Espectador para conversar sobre esos asuntos que, cree, son los más complejos de negociar y de otros que su cartera no puede descuidar como el impacto del pez basa en algunas cuencas de Colombia. También le responde a quienes la ven como una candidata presidencial y da las primeras señales de otro mercado que está cogiendo fuera y le inquieta mucho: el de créditos de biodiversidad.
Esta semana la Corte Constitucional le dio luz verde al Acuerdo de Escazú, una noticia que usted celebró. ¿Qué viene ahora, en el proceso de implementación de ese acuerdo?
Hemos venido haciendo un trabajo de implementación desde que la ley salió y ahora lo que tenemos es que profundizar en ese proceso. Eso incluye, entre otras acciones, la resolución que sacamos hace un año para que las empresas, a partir del 2025, en unos sectores específicos, empiecen a publicar las sustancias que vierten y las cantidades al agua, al suelo, al aire. Porque Escazú habla de eso, de la transparencia de la información y del conocimiento de la ciudadanía; del acceso a la información en aquello que tenga que ver con sus derechos ambientales. Otro punto en el que se ha venido trabajando es la modernización del sistema de información ambiental. Por ejemplo, con lo que lanzamos hace algunas semanas: el geovisor de deforestación, para que la ciudadanía se pueda apropiar de esa información ambiental.
También hemos hecho un trabajo para que en los procesos permisivos y licenciamientotodas las autoridades ambientales garanticen los derechos de participación. La ANLA ha hecho un gran esfuerzo para mejorar los protocolos de las audiencias públicas ambientales, para generar mejores garantías y equilibrio entre la participación de la ciudadanía y profundizar los procesos de apoyo a las veedurías ambientales y su cualificación. Y, evidentemente, hay un tema que todavía es catastrófico: el asesinato de líderes ambientales. Este año, las cifras aumentarán en ese reporte de Global Witness. No hemos logrado, todavía, generar garantías del todo. El crecimiento es en las zonas en donde está en conflicto con las disidencias, con las economías ilícitas y donde los liderazgos ambientales, especialmente indígenas, están siendo muy afectados.
Esto tiene que permear todo el gobierno y toda la sociedad, el sector privado, el sector público. Hay que incorporar estos principios de acceso a la información, de las garantías de participación ciudadana y que esos derechos se ejerzan sistemáticamente. Esto incluye, obviamente, la generación de una comisión intersectorial permanente que le haga seguimiento y que nos ayude también a reportar los avances ante el convenio, pero también el involucramiento de la justicia, porque uno de los principios de Escazú es el acceso a la justicia ambiental. ¿Qué implica esto? La cualificación de toda la rama judicial en términos de delitos ambientales.
La otra noticia ambiental clave de estos días, sin duda, fue el anuncio de que van a regular el mercado de carbono. ¿Nos puede explicar qué va a contener esa regulación?
Sí, esta semana publicaremos para consulta el mecanismo que regula los cupos transables de emisiones, que es una parte del mercado. Básicamente, se va a empezar a generar un proceso donde se imponen techos de emisiones a diferentes sectores de la economía. Eso implica, también, techos de emisiones a las empresas. Año a año, van a tener que ir cumpliendo. Las empresas que sí cumplan pueden emitir certificados, que pueden ser comprados por las empresas que no cumplan. Esto implica mandar una señal económica de que es mejor empezar a hacer la transición energética que a absorber los costos para las empresas y los sectores económicos de esas emisiones. Esa es una primera reglamentación que sale para consulta pública esta semana.
La otra reglamentación, que esperamos que salga a consulta pública en octubre, va a empezar a generar los principios de regulación del mercado, porque creo que, en lo que tenemos ahora, se perdió el objetivo del mercado. No es un mercado transaccional para generar rentas, sino que es un instrumento económico complementario a una gran serie de medidas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero. En nuestro país, uno de los sectores más críticos y donde se han presentado más irregularidades es el de cambio de uso del suelo. La deforestación, donde, precisamente, vamos a entrar con unas resoluciones, es uno de ellos. Es muy diferente, por ejemplo, el mercado de carbono alrededor de los sectores industriales, alrededor de la transición energética, que el mercado de carbono frente al tema del suelo, donde tenemos que implementar salvaguardas sociales, porque allí es donde están las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas, los dueños del suelo rural y los poseedores. Esa reglamentación especial de uso del suelo tendrá que ir a consulta previa con comunidades indígenas y con comunidades negras, pueblos negros, porque precisamente, ahí es donde afecta sus intereses. Buscamos, en esa reglamentación, una mayor participación del Estado, no solo como regulador, no solo como ente que registra lo que está haciendo el mercado, sino también en la comercialización de los certificados y en la regulación de esa certificación. Queremos un mercado bastante regulado y no un mercado tan abierto como el que tenemos hoy.
¿Cuánto puede tardar en salir esa regulación?
Esperamos que el decreto marco esté para consulta en octubre, que es el decreto “sombrilla”. Las otras resoluciones ya se están trabajando e irán saliendo. La del uso del suelo, que es la más delicada, pues tendrá que pasar proceso de consulta previa. Eso dependerá del trabajo que hagamos con esas comunidades étnicas. Esperamos en este gobierno dejar la regulación completa.
A Asocarbono, que reúne a esas empresas que comercializan con créditos de carbono, al parecer, no le gustó mucho la idea. Dijeron, en modo de crítica, que había “orientación estatista”. ¿Usted qué les responde?
Yo sí creo que debe haber una visión fuerte del rol del Estado. Para mí el mercado de carbono puede ser equivalente al petróleo. Lo que se está regulando es un servicio ambiental, que es de todos los colombianos, y que puede generar beneficios. Debe haber una repartición de beneficios justa y equilibrada a los privados que participen en el proceso, pero que tiene que tener un fuerte componente público. No vamos a estatizar todo el proceso de la cadena, pero sí vamos a generar una participación muy fuerte del Estado en algunos puntos críticos de la cadena, y obviamente eso también es un gran reto institucional. Pero, definitivamente, no es una estatización del mercado de carbono, pero posiblemente sí una fuerte regulación y un rol muy predominante del Estado en algunos puntos de ese mercado.
Hay otro tema que está empezando a tomar mucho vuelo: los créditos de biodiversidad. Ya hay empresas, incluso, que los están vendiendo aquí en Colombia. Hay también unas líneas grises gigantes en ese tema. ¿Usted qué opina de ese mercado?
Yo creo que nos va a tocar entrar directamente a ponerle un freno hasta que estudiemos de fondo, porque lo que pasó con el carbono fue muy grave. Lo discutíamos en el debate en el Senado esta semana. Hay buenas experiencias, donde hay comunidades que se sienten beneficiadas. Quiero revisarlas. Seguramente hay varias que tienen una distribución realmente justa y en las que la comunidad se siente retribuida, pero pueden no tener acceso frente al tamaño del negocio. Yo creo que hay un mosaico de experiencias, donde hay pésimas experiencias que rayan en lo ilegal, hasta muy buenas, donde hay un tratamiento justo con comunidades y diferentes actores.
Los certificados de biodiversidad empiezan a ser la mercantilización de la naturaleza. Nuevamente, una cosa es tener instrumentos económicos que nos ayuden a la conservación, pero no pueden terminar siendo una extracción, una explotación, por parte de privados, de unos activos que son de la nación y que son, también, de las comunidades. Entonces, esto lo vamos a tener que mirar con mucho cuidado. Vamos a sacar una reglamentación que cualifica un poco más los llamados “bancos de hábitat”, que ha sido un proceso endógeno desde Colombia. Activistas colombianos, organizaciones colombianas han empezado a generar unos modelos financieros muy interesantes para la restauración ecológica y la conservación y que emite certificados que permiten esas inversiones. Eso ya va a tener un marco. Ya hemos hablado con las grandes ONG ambientales y también están de acuerdo que todavía eso está muy inmaduro; tal vez va a tocar ponerle un freno hasta que entendamos bien hacia dónde va eso y qué consecuencias tiene.
¿Qué quiere decir con un freno?
Toca estudiarlo, no es una decisión tomada. Lo aclaro para que no digan que la estamos tomando, pero usted me está preguntando y estamos en una reflexión pública. Siempre está la posibilidad de poner moratorias a estas cosas para que, hasta que no haya una institucionalidad preparada, no terminen existiendo unos procesos que después van muy adelante y pueden causar perjuicios. Nuevamente, puede haber buenos ejemplos y malos ejemplos, pero lo importante es que esto sea producto de un consenso, de un proceso, de una discusión pública y no de un proceso especulativo que termine con afectaciones. Ahora, siempre estamos abiertos a hablar de estas nuevas posibilidades, con los actores que estén interesados. Nuestro despacho está abierto para conversar de este tema, para entenderlo mejor, pero tenemos que defender el interés público.
Cambiemos de tema. La presidencia de la COP16, que estará en sus manos, siempre se la juega por dar algunos anuncios clave en esa cumbre. ¿Usted nos puede adelantar algo?
Yo creo que aquí hay que ser realistas. No estamos en una lógica del show ambiental, estamos en una lógica de unas discusiones políticas de fondo y unas discusiones que están el marco de un mecanismo multilateral, donde hay una negociación de dos años de todos los países. El gobierno colombiano va a dar unos anuncios, pero no los voy a “chiviar”. Los vamos a hacer en su momento y son ejemplos de lo que queremos transmitir y trabajar, que es la paz con la naturaleza en los próximos dos años. Ojalá se den resultados de la negociación que, bajo la presidencia de Colombia, se puedan implementar. Por ejemplo, el mecanismo de repartición de beneficios de recursos genéticos; o abrir el proceso intergubernamental para una financiación justa de la biodiversidad, que incluya diferentes fuentes, incluido el tema de la deuda y un nuevo pacto financiero. Queremos desarrollar a fondo esa agenda del proceso financiero y, obviamente, también la implementación, donde queremos que estén los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los campesinos. Ya tenemos un marco muy poderoso, ahora debemos implementar. Entonces, la presidencia de Colombia busca, bajo la consigna de “paz con la naturaleza”, acelerar la implementación y generar unos mecanismos muy sólidos.
Ya que lo menciona, uno de los puntos más sensibles en esas discusiones de la COP16 es, justamente, la participación justa y equitativa en el uso de recursos genéticos. ¿Colombia ya definió una posición clara sobre ese tema?
Aquí, entonces, me toca usar dos sombreros. Colombia va a tener su delegación de negociación como país, pero tiene que ser independiente de la presidencia, que tiene el rol de generar las garantías a todos los países para poder llegar a un consenso. Pero, hablando con el sombrero de Colombia, nosotros estamos apoyando el trabajo que ha hecho el grupo de trabajo en recursos genéticos, delegado por la convención. Su última reunión fue este mes, en Montreal, Canadá. Ya tienen un borrador de decisión. Colombia ya ha mirado esas opciones que plantean y ya tiene una posición. Nos gustaría que se cree ese fondo multilateral, que es voluntario, pero termina generando un régimen político que termina haciendo que las empresas hagan esa contribución. Es decir, que haya una especie de tasa por parte de aquellos que usan esos recursos genéticos. La idea es que multilateralmente se recoja anualmente ese dinero, y ese dinero se ha repartido bajo un acuerdo entre dos variables: países vulnerables, pero países con megabiodiversidad.
Eso es, más o menos, hacia donde Colombia quisiera ver el acuerdo, pero, como le digo, en cada uno de estos textos hay unas tres o cuatro decisiones que podrían llegar a otro mecanismo, pero creemos que ya la decisión se ha madurado mucho; ya estamos hablando de opciones muy concretas. Y, por otra parte, lo que quisiéramos ver como presidencia de la COP16 es que se tome la decisión de implementación.
En los últimos meses, ustedes han estado construyendo el Plan de Acción de Biodiversidad. ¿Cuál es el compromiso que va a adquirir Colombia en ese plan?
Ya hemos enviado un borrador a la Convención, pero sigue con la palabra borrador porque queremos terminar de recoger los comentarios y las consultas que están abiertas en la página del Ministerio de Ambiente y que recogimos en los 23 talleres que hicimos. Entonces, quisiera responderle esa pregunta cuando esté mejor consolidado, porque la consulta se hizo para poder recoger estas opiniones desde las regiones. Hicimos pactos por la biodiversidad en cada región y se está generando un mecanismo de política muy interesante. Pero nos gustaría publicarlo cuando esté consolidado.
¿Tiene alguna fecha prevista para esa publicación?
Sí, muy pronto. Yo espero que en el mes de septiembre ya podamos dar el siguiente paso de retribuir a las comunidades todo lo que recogimos en el país.
Hace unas semanas ustedes presentaron el proyecto de ley de extensión del IVA para la COP16. Algunos congresistas dicen que a ustedes les cogió la noche presentándolo. ¿Usted sí cree que va a salir adelante?
Esperamos la contribución del Congreso. Esperamos que nos movilicemos todos por este objetivo: Realmente es un proyecto de ley muy concreto, que es generar un mecanismo que le ahorra recursos al Estado y al presupuesto de la COP16. Ya están los ponentes en cámara y el lunes deben estar los de Senado. Esperamos que, con mensaje de urgencia, se pueda tramitar en este mes de septiembre. Confiamos en el trabajo del Congreso.
¿En qué puntos cree que puede ser más difícil llegar a consensos en la COP16?
Creo que el tema del mecanismo para la participación de beneficios de cadenas digitales de recursos genéticos es uno de los temas complejos de negociar. El otro tema va a ser la financiación, porque hay un desacuerdo grande entre el norte y el sur. La Presidencia (de la COP16) ya está pensando cómo aunar voluntades. Es un tema que, además, se ha transversalizado con la Convención Climática, porque realmente termina reflejando las inequidades y las injusticias económicas que hay y que pueden persistir en la transición. Entonces, es un momento donde pareciera que se está resolviendo una cosa, muy concreta, pero detrás, realmente se están buscando caminos de mayor justicia económica. Yo creo que ese es otro tema que puede ser de los temas complejos.
También hay ciertas complejidades con algunos países en el tema del Plan de Trabajo de Pueblos Indígenas. Como la Constitución del 91 fue muy progresista en reconocer derechos colectivos y territoriales —casi 36 millones de hectáreas están hoy bajo el cuidado de pueblos indígenas y comunidades negras—, y han pasado 30 años de evolución de la gobernanza de estos pueblos, que incluyen transferencias directas del Estado o sistemas propios de justicia, educación y salud, en Colombia damos todo eso por hecho. Pero esa no es la realidad de los pueblos indígenas en todo el mundo. Hay todavía lugares en los cuales los pueblos indígenas solo son reconocidas como comunidades locales, no acceden a derechos colectivos y no acceden a derechos territoriales. Entonces, cuando todas estas partes vienen a negociar todas esas realidades, entran en conflicto y puede ser difícil llegar a un consenso.
Ustedes han insistido en que se permita hacer canje de deuda externa por acción climática. ¿Qué pasó con esa idea? ¿Van a seguir insistiendo en ella en la COP16?
Recuerde que en Dubái (en la COP28, de cambio climático) lanzamos, en conjunto con Alemania, Francia y Kenia, el panel de expertos sobre deuda, clima y naturaleza, que debe rendir su primer informe ahora en octubre, cuando vamos a tener la COP16, pero también reuniones de los bancos multilaterales en Washington. Allí vamos a empezar a ver los resultados de esa primera reflexión. El segundo tema es que también queremos que en el marco de la COP16, cuando trabajemos la solución del proceso intergubernamental para financiamiento, esa sea una de las opciones que se reconozcan. Y, tercero, estamos trabajando bilateralmente con unos gobiernos para hacer un canje de deuda específico.
Precisamente, en esta situación fiscal compleja que tiene el gobierno nacional, hay varios instrumentos. Uno de esos estará en la ley de financiamiento. También estamos trabajando en lo que llamamos una alianza estratégica para la transición, que incluirá mecanismos con varios países. En octubre tenemos nuestra Feria de Economías para la Vida, donde vamos a lanzar la evolución del portafolio de la transición climática de Colombia. Vamos a invitar al sector privado, y estamos hablando con la banca, tanto pública como privada, para tener un instrumento que le muestre al mundo que Colombia está lista para esa transición; que tenemos que empezar las inversiones. En ese proceso, uno de los factores que puede ser clave es el canje de deuda. Entonces, lo estamos trabajando desde muchos ángulos. Esperamos que en este Gobierno podamos tener resultados desde esa perspectiva.
Lo último sobre la COP. La seguridad, entonces, ¿está 100% garantizada?
La seguridad es un proceso constante, es un proceso social, es un proceso público, que tiene hoy un plan en evolución; está en trabajo y se ha hecho un esfuerzo para garantizar las condiciones de seguridad, pero siempre hay que estar atentos, hay que estar ejecutando ese plan. Ya hemos firmado el anexo de seguridad de la COP16, o sea, del convenio entre Colombia, como gobierno, y Naciones Unidas para la COP. Ya está todo totalmente avalado. Nos resta implementarlo, estar pendientes, y que todos podamos contribuir a que la COP realmente sea ese espacio de trabajo, de reflexión, de alianzas, y de proceso político para consolidar esa paz con la naturaleza, que incluye obviamente garantizar condiciones de seguridad.
¿Qué va a pasar con el pez basa, que ha generado mucha inquietud últimamente?
Desde el sector ambiental, nosotros hemos avanzado mucho en los estudios y en la definición de lo que podría pasar si mantenemos la situación hoy del pez basa. Estamos en una negociación interna con el Ministerio de Agricultura para llegar a una solución balanceada, pero sí tenemos que decir que nosotros no podemos permitir una invasión biológica de este pez a las principales cuencas del país. Eso sería bastante riesgoso para nuestra propia piscicultura. Estamos buscando generar una salida balanceada.
Parecía que había algunas tensiones con el Ministerio de Agricultura. ¿Las conversaciones entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura están fluyendo?
Sí, ha mejorado muchísimo, y ya tenemos unas decisiones conjuntas, unos avances conjuntos, sobre todo en temas de deforestación en la Amazonía. En un trabajo conjunto, precisamente, se inició la Pre-COP campesina. Con la ministra de Agricultura firmaremos un pacto sobre la biodiversidad y el rol tan importante que juegan los productores de alimentos, los campesinos de la economía familiar, en esa transformación hacia la biodiversidad. Estamos muy emocionados, porque creo que hemos dado pasos muy importantes. No tiene ningún sentido un sector ambiental y un sector de agricultura separados. Debe ser una misma agenda conjunta. Eso nos va a garantizar el éxito ambiental, pero también el éxito de la seguridad alimentaria.
Algunos colegas ya la están poniendo como candidata a la Presidencia. ¿A usted le suena la idea?
(Risas). Honor que me hacen; yo estoy tratando de terminar este gobierno, y ojalá dejar un proceso ambiental significativo, en un país tan diverso. Esa es mi prioridad en este momento; yo no estoy pensando en otra cosa, por ahora.
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Por Sergio Silva Numa
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