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Con la entrada en operación comercial del parque solar más grande del país, en La Loma, César, el Ministerio de Minas y Energía anunció que se alcanzaron 1.000 megavatios (MW) de energías renovables no convencionales en el sistema eléctrico, compuestos en su mayoría por plantas solares. La meta trazada por esa cartera es llegar los 6.000 MW antes de que se acabe el Gobierno, que en un mes cumple dos años.
Ese avance de grandes proyectos de energía solar, contrasta con el llamado que hacen, por ejemplo, desde La Loma, Cesar. En las zonas cercanas a la planta solar operada por Enel, hay personas manifiestan su malestar por los pocos beneficios que ha traído la instalación de paneles en ese corregimiento. “Se están llevando la energía para el resto del país, pero el recibo sigue igual”, decía un habitante de la región a El Espectador, en mayo, cuando visitamos la región.
A inicios de año, también hubo una discusión entre Celsia —empresa que está construyendo parques eólicos en La Guajira—, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Minminas. La compañía dijo a sus accionistas que, debido a los bloqueos que presentaban en los proyectos Acasias y Camelitas, estaban estudiando la posibilidad de venderlos. Algo similar ocurrió en el proyecto Windpeshi, que Enel decidió abandonar definitivamente en mayo de 2023.
En medio de rumores sobre su posible salida del cargo, El Espectador habló con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Responde sobre las discusiones que se han dado alrededor de la transición energética en el país, habla sobre los avances en la estrategia de comunidades energéticas, las soluciones que están planteando para que avancen los proyectos de energías renovables en La Guajira y el proyecto de ley para las licencias ambientales exprés que presentaron al Congreso.
Recientemente, se anunciaron medidas para intentar resolver el problema de las altas tarifas de electricidad en el Caribe, pero las personas dicen que siguen sin ver un efecto real de esas decisiones. ¿Cuándo verá reflejado eso en el recibo de la luz?
Hay dos cosas en esa reflexión y en el sentir legítimo de la gente. Primero, el modelo que tenemos de energía en el país es centralizado, entonces este tipo de proyectos le entregan la energía al país. El sistema debe, en su mercado de energía, en su infraestructura, hacérselo llegar a las comunidades. No es como en otros países que ya están dando paso a mecanismos de energía regionalizada. Ese no es el modelo que nosotros tenemos y es parte de las discusiones que tendríamos que ir dando, porque efectivamente la gente ve que se construyen estos proyectos al lado de su casa, pero, no ven un impacto positivo.
Sin embargo, en ese tema estructural estamos desarrollando toda la ruta de tarifa justa, que tiene que ver con las medidas regulatorias para bajar las tarifas, con todo lo que hemos venido discutiendo desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la decisión que tomó en cabeza el presidente de asumir la deuda de opción tarifaria, que ya hemos logrado un acuerdo con las empresas y que esperamos que se refleje en las próximas facturas. En la próxima factura tenemos que empezar a ver progresivamente la reducción, aunque al principio será poco.
A medida que tengamos más energía renovable, que puede ser más barata, vamos a tener una transformación de todo el mercado para que paulatinamente estos proyectos se conviertan en la transformación de la matriz y le den mejores precios a la energía en el país. La otra estrategia son las comunidades energéticas, que son proyectos que le dan energía directamente a los territorios.
Hace dos semanas, la CREG publicó el borrador de una resolución que regula su funcionamiento. Algunos expertos creen que muchas comunidades tendrán que venderle la energía que generen a los comercializadores, porque no estarían habilitadas para venderla directamente al sistema. ¿No serían las mismas grandes empresas las que estarían manejando ese mercado?
Nosotros ya tenemos el decreto de comunidades energéticas que permite que cualquier comunidad organizada sea un prestador comunitario de energía. A través de ese mecanismo, cualquier comunidad podría hacer el ejercicio de la gestión y el uso de la energía. Con la resolución que hemos puesto en comentarios, la idea es ajustar sobre todo el mecanismo de compra y venta. Entonces, ese gestor que sería quien represente, no necesariamente es un comercializador, pueden ser las mismas comunidades.
Parte de lo que estamos incluyendo en la reforma de la ley de servicios públicos es que esas comunidades organizadas puedan desarrollar ese mecanismo de compra y venta. Estamos creando un nuevo mercado para esas pequeñas soluciones que permitan vender y comprar energía, y que las comunidades vean en estos proyectos la posibilidad de progreso y generación de recursos. Es parte de todo el ajuste y va a ser coherente; no busca fortalecer el mismo mercado, sino que las comunidades se puedan convertir en empresas comunitarias de energía.
Esto ya existe en el mundo: comunidades organizadas que se pueden convertir en empresas comunitarias y que la ley de servicios públicos habilite a que ese sea un mecanismo para proveer el servicio público. Que una Junta de Acción Comunal pueda convertirse en una empresa comunitaria de energía, que pueda producirla, aprovecharla y distribuirla.
El ejemplo más sencillo para saber cómo podrían funcionar son los acueductos comunitarios. Hoy en nuestro país existen acueductos en cientos de veredas y municipios. El mecanismo es el mismo: que existan organizaciones comunitarias, veredales, juntas de acción comunal o de cualquier otro tipo que puedan entregar un servicio público a través de energía renovable.
¿Eso quiere decir que se va a flexibilizar el mercado para que puedan competir comunidades energéticas con las grandes empresas de energía?
El mecanismo busca que sean complementarios, porque la energía que pueden entregar no está pensada para competir con las grandes empresas, sino para resolver problemas de acceso y entrega del servicio público en territorios alejados o en territorios con pobreza energética, incluso en una ciudad.
En el Plan Nacional de Desarrollo se planteó la meta de llegar a 20.000 usuarios beneficiados de comunidades energéticas, pero el presidente ha pedido que esa meta sea más ambiciosa, pues se registraron 18.000 comunidades para operar bajo esta figura. ¿A cuántos usuarios se espera llegar ahora?
Ahora planteamos una meta, no de cantidad de usuarios, sino cantidad de comunidades. Esperaríamos llegar a 5.000 comunidades energéticas, que serían de diferentes tamaños, pero superarían los 20.000 usuarios.
Para tener un balance, un país como Alemania tiene, más o menos, 2.000 comunidades energéticas. Francia debe tener también alrededor de 2.000 comunidades energéticas. España tiene un poco más, porque está más desarrollada la estrategia de comunidades energéticas. Si logramos esa meta, podríamos ocupar el primer lugar entre los países con comunidades energéticas. Estoy seguro de que vamos a superar la meta.
Hace tres semanas se otorgó la licencia ambiental al segundo tramo de la línea de interconexión Colectora, que llevaba cinco años estancada por procesos de consulta previa y otros requisitos. ¿Cómo se logró la aprobación del proyecto por parte de las comunidades wayuu?
Un paso definitivo fue la visita del presidente en un gobierno con el pueblo en junio del año pasado en La Guajira. Allí se planteó un acuerdo con la posibilidad de que se puedan desarrollar los proyectos de gran envergadura en la región, pero que el Estado se comprometa a llevar soluciones a sus problemáticas. Esa es la principal exigencia de la gente, no es un tema de que se opongan a los proyectos. Lo que pasa es que, en las experiencias pasadas, la gente ve que de esos proyectos no le quedó mayor cosa.
Los problemas por la gran cantidad de autoridades indígenas reconocidas en La Guajira y la dificultad de establecer acuerdos entre estas, ¿se solucionaron?
Tenemos una estrategia social con un equipo de más de 60 personas en La Guajira, dedicados exclusivamente a esto. Hay funcionarios y funcionarias del pueblo wayuu, palabreros, gente que entiende y habla wayuunaiki. Porque es diferente nuestra manera de aproximarnos cuando no entendemos, ni siquiera nos podemos comunicar, y eso ha sido parte de la estrategia. Buscamos respetar el gobierno propio, la ancestralidad y tener equipos de funcionarios que lo comprendan.
También es un ejercicio cotidiano de acompañar las circunstancias que aparecen, como problemáticas entre familias. Ese trabajo lo hemos agrupado en un mecanismo tripartito que construimos en donde participan las comunidades, las empresas y el gobierno. Discutimos todos estos asuntos y construimos una gobernanza en La Guajira que permita que todos esos problemas tengan una ruta de solución.
¿Y eso es sostenible en el tiempo? ¿Cómo pueden garantizar que no se presenten bloqueos a proyectos que ya están licenciados, por inconformidades de las comunidades?
Semanalmente tenemos alertas de bloqueos, porque también se ha convertido en un mecanismo de exigencia de la gente ante cualquier tipo de incumplimiento. Así que, lo que estamos intentando consolidar como garantía es ese escenario donde nos encontramos las comunidades, las empresas y el gobierno, para ahí resolver todo. No se trata de resolver un problema puntual, un bloqueo, sino de construir un mecanismo que funcione de manera permanente.
En febrero pasado, Celsia le dijo a sus accionistas que analizaban la posibilidad de vender sus proyectos eólicos Acacias y Camelitas por los bloqueos en su construcción. ¿Se está trabajando con la empresa para seguir adelante con esos proyectos?
La misma semana en la que hicieron ese anuncio, me reuní con ellos. Hemos definido este mismo plan de trabajo. La idea es construir el contexto propicio para que los proyectos avancen. Creo que hemos logrado construir ese camino y en el momento no hay ninguna empresa que haya decidido abandonar los proyectos, ni siquiera las empresas que estaban en peores condiciones. Hoy vamos en un avance de entre el 70 y el 80 % con las que tenían más dificultades.
La única empresa que decidió salir de La Guajira fue Enel, con el proyecto de Windpeshi. Ahí tenemos una estrategia específica, para que ese proyecto que ya está formulado, que tiene inversiones, no se vaya a perder.
¿Y cuál es esa estrategia?
Ellos han planteado el interés de vender el proyecto, entonces estamos mirando si otras empresas están interesadas en adquirirlo, para no perder todo el avance que ya ha habido.
El año pasado el Minminas radicó el proyecto de ley 343 de 2023, con el que se busca reducir de 120 a 90 días el tiempo con el que cuenta la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para analizar y aprobar o rechazar una solicitud de licencia ambiental para proyectos de energías renovables en La Guajira. Esa iniciativa, aunque no se ha programado para su primer debate, generó preocupación entre expertos consultados por El Espectador. ¿Piensan impulsarla en el siguiente período legislativo?
Estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Ambiente y con ANLA, porque hace parte de los temas por resolver y mejorar. Hay que decir que la ANLA ha estado en un proceso de aceleración y de mejoramiento de sus procedimientos, de los tiempos. Tanto el Ministerio de Ambiente como ANLA han estado trabajando en un decreto para flexibilizar algunas condiciones y acelerar tiempos.
De tal manera que puede que el proyecto de ley no sea necesario si estas entidades logran, con ese decreto, dar algunas soluciones en ese camino. También estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente en otras medidas que permitan que los proyectos renovables avancen. Cada proyecto renovable que se demora implica que perdemos la oportunidad de mitigar gases de efecto invernadero. Si logramos acelerarlos a través de los decretos que está pensando Minambiente, no sería necesario el proyecto de ley.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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