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De acuerdo con el más reciente informe sobre Evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA) elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la embajada de los Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, el área total de explotación de este mineral en el país para 2022 se redujo en un 4 % frente a 2021, aunque la explotación ilícita se incrementó en el mismo periodo. (Puede leer: El mayor humedal del mundo sufre graves incendios y está en cuidados intensivos)
El documento, que acaba de ser lanzado, señala que durante el año pasado se detectaron 94.733 hectáreas de EVOA, frente a las 98.567 hectáreas detectadas en 2021. Pese a esta reducción en el área total, dicen las entidades, en 69.123 hectáreas —el 73 % del total— se dio una explotación ilícita, lo que significa que, frente al año antepasado, las zonas donde se adelantó esta actividad de manera ilegal en 2022 aumentaron en 5.000 hectáreas. Los departamentos donde más incrementó la EVOA ilícita fueron Chocó, Antioquia y Nariño.
En solo el 21 % de las cerca de 95.000 hectáreas en las que se explotó oro de aluvión se cuenta con los permisos técnicos y ambientales que se requieren para la actividad y el 6 % restante está en tránsito a la legalidad. El documento llama la atención sobre la situación que se presenta en los departamentos de Valle del Cauca y Guainía. Allí, “más del 95 % (consolidado departamental) de las EVOA detectadas se encuentran la categoría de explotación ilícita y coinciden con zonas excluibles de la minería, territorios de protección y conservación del patrimonio natural”.
Y es que la situación en ambos departamentos respecto a las zonas donde se realiza la explotación de oro aluvial es dramática si se tiene en cuenta que, para todo el país, en 2022, se identificó que el 49 % de EVOA (46.550 hectáreas) estaba zonas excluibles de la minería. La mayor parte de esta explotación se reportó en Zonas de Reserva Forestal de Ley 2º de 1959, donde la ley determina que no se pueden desarrollar obras de exploración o explotación minera. Como era de esperarse, acota el informe, en estas zonas excluibles de la minería la explotación ilícita es la que predomina, con un 88 % del total. (Le puede interesar: Colombia firmó pacto para erradicar plásticos de un solo uso, ¿en qué consiste?)
Mientras tanto, el restante 51 % de la EVOA en el territorio nacional (48.183 hectáreas) se detectó en zonas libres de restricciones ambientales. Sin embargo, de este porcentaje, el 58 % se considera explotación ilícita, pues se adelanta sin tener el título minero vigente ordenado por la normativa colombiana. El 35 % restante, cuenta con los permisos técnicos y ambientales necesarios, mientras que el 7 % estaba adelantando los procesos de legalización de la actividad.
Para la UNODC, la embajada de EE. UU. en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, el oro es una opción atractiva principalmente para inversores mundiales, a pesar de la pandemia por covid-19, la incertidumbre geopolítica y económica, y la volatilidad en los precios del mineral.
Pese a este panorama global, “la demanda mundial impulsa la producción de oro, pero también la explotación ilícita”, lo que ha afectado al país, como lo demuestran las cifras consolidadas por las tres entidades.
Los departamentos y municipios del país con más explotación de oro de aluvión en 2022
Como puede ver en el mapa que se encuentra a continuación, los hallazgos del informe reflejan que durante 2022, en 13 de los 32 departamentos de Colombia hubo evidencia de explotación de oro de aluvión. Sin embargo, los tres primeros —Chocó, Antioquia y Bolívar— concentran el 85 % del área donde se presentaron estas actividades.
Estos resultados son consecuentes con los registros históricos de las entidades. Muestra de eso es que, tras analizar el territorio con presencia acumulada por EVOA en tierra entre 2014 y 2022, encontraron que estos tres departamentos, acompañados por Córdoba y Nariño, han concentrado el 93 % del área de explotación de oro de aluvión.
Pero, advierte el informe, Chocó y Antioquia no son solo los departamentos donde más explotación de oro de aluvión ha habido en los últimos ocho años, sino que, además, son los que concentran una mayor área de explotación ilícita. Entre 2014 y 2022, el seguimiento permitió establecer que en el primero ha habido, al menos, 54.263 hectáreas de explotación ilícita, mientras que en el segundo fueron 37.843 hectáreas. Entre ambas entidades territoriales suman el 72 % del total bajo explotación ilícita para el periodo analizado. (También puede leer: Colombia, uno de los países con mayor potencial de energías renovables para 2030)
Por esta misma tendencia histórica, los 10 municipios del país donde más se concentra la actividad, de los 101 donde se reportó EVOA en 2022, están en estos departamentos, a excepción de Ayapel (Córdoba). En el siguiente mapa puede ver los cinco municipios donde mayor explotación de oro de aluvión en tierra se registró el año pasado:
Si a estos municipios les sumamos los restantes del ‘top 10′ —Ayapel, Istmina, El Bagre, Río Quito y Unión Panamericana—, se obtiene que concentran el 56 % del consolidado nacional (52.896 hectáreas) y el 21 % de todo el oro extraído en el país. En esta decena de municipios, el 70 % de la explotación de oro de aluvión se realizó por fuera de cualquier figura de ley o en la categoría de explotación ilícita, apunta el documento.
Otro fenómeno sobre el cual llama la atención el informe, tiene que ver con los territorios en donde coincide la explotación de oro de aluvión y los cultivos de hoja de coca. Para 2022, en el 44 % de las zonas donde había presencia de EVOA también se identificaron estos cultivos. Los departamentos donde ambas actividades confluyen en mayor magnitud son Antioquia, Nariño y Cauca.
Sobre este fenómeno, el documento señala que, según el informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de 2021, “existen factores estructurales como la persistencia de la vulnerabilidad territorial y el aumento de los actores ilegales de narcotráfico que impulsan el crecimiento de los cultivos ilícitos; estos mismos factores inciden en el incremento de otras actividades ilegales tales como la explotación ilícita de minerales”. (Puede leer: Se esperan temperaturas récord durante el fin de año en el hemisferio sur)
Aunque la explotación ilícita de oro acarrea varios impactos ambientales negativos como la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio y cianuro, el cambio en el curso de los ríos, entre otros, el informe de la UNODC, la embajada de EE. UU. en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía, solo se centra en la pérdida de cobertura vegetal asociada a esta actividad.
Entre 2021 y 2022 se registró una deforestación por EVOA de 11.014 hectáreas de vegetación, de las cuales el 50 % se perdieron en los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca y en la región del Urabá antioqueño. Para tener un panorama más completo de este fenómeno, las entidades resaltan que, desde 2014, se han perdido 54.356 hectáreas de cobertura de vegetación primaria y secundaria.
El análisis de las acciones del gobierno
Según las entidades que elaboraron el informe, “se han producido respuestas importantes en el marco jurídico en lo relativo a la protección ambiental, así como en materia de legalización y formalización”. En particular, se refieren a dos acciones que se han emprendido en los últimos meses.
El primero de ellos, tiene que ver con la Ley 2250 de 2022, en el cual se establece un marco jurídico para legalizar y formalizar a los mineros, así como establecer una normatividad en materia ambiental. Además, mencionan que el Ministerio de Minas y Energía “reglamentará los lineamientos de los programas de sustitución de actividades mineras y reconversión o reubicación laboral de los pequeños mineros tradicionales ubicados en ecosistemas de páramos delimitados”.
Por último, destaca el informe, se resalta la destrucción de maquinaria pesada como dragas, retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria utilizada en estas actividades, además de la restricción al uso de insumos que generan daños irreversibles al ambiente.
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