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A dos semanas de que la Corte Constitucional diera luz verde al Acuerdo de Escazú, un tratado que, entre otras cosas, busca una protección especial para los defensores ambientales, la organización Global Witness publicó su más reciente informe. Las noticias no son alentadoras para Colombia: una vez más, ocupó el primer lugar donde se registran más asesinatos de los líderes ambientales.
En su informe “Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”, la organización señala que durante 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo; 79 de estos homicidios fueron reportados en Colombia: 12 mujeres y 67 hombres. Esta cifra, se lee en el documento, “es la más alta registrada por Global Witness de líderes ambientales asesinados en un país durante un solo año” desde 2012, cuando empezó a hacer el monitoreo.
Yenifer Córdoba Henao, de 22 años, fue una de las lideresas asesinadas en Colombia durante 2023. Integraba el Comité de Tierras de la inspección Barranquilla en Miraflores, Guaviare, y era candidata al Concejo de Calamar por el partido Polo Democrático. Su principal objetivo era continuar impulsando algunas estrategias en contra de la deforestación en la zona rural de Guaviare. El 16 de mayo su cuerpo fue hallado sin vida. (Lea: Un proyecto de ley que crea la pesca turística promete encender un intenso debate)
La defensa del ambiente era una labor que compartía con Nelson Medina Muñoz, pescador artesanal y reconocido líder en Gigante, Huila. Como integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico en la represa El Quimbo (Asoquimbo) y de la Asociación de Pescadores de Puerto Seco, promovía plantones en el municipio en contra de estas reservas para exigirle al Estado la restitución de sus derechos como afectados. Fue asesinado el 28 de junio.
Las historias de Yenifer y Nelson son apenas una muestra del riesgo al que se enfrentan las personas que se dedican a la protección del medio ambiente en Colombia, pues, de acuerdo con la ONG, en el país se han reportado 461 asesinatos entre 2012 y 2023, “acumulando el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo”.
En 2023, el panorama empeoró. El informe muestra que de los 79 homicidios reportados (19 más que en 2022), 31 eran de personas pertenecientes a comunidades indígenas, 17 pequeños agricultores y cinco afrodescendientes. Además, señalan que oponerse a las actividades relacionadas con la minería es la labor más peligrosa para los defensores, pues estuvo relacionado con cinco asesinatos; le siguen la pesca, con tres; la tala de árboles y luchar en contra de las hidroeléctricas, cada una con un homicidio.
En cuanto a las zonas, el informe explica que la mayoría de los ataques en Colombia se registran en las regiones suroccidentales, como Cauca, donde se reportaron 26 de los homicidios; Nariño, donde hubo nueve asesinatos, y Putumayo, donde mataron a siete líderes. “Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los autores de la mitad de los asesinatos de defensores en Colombia durante 2023″, aseguran en el documento.
Según Laura Furones, directora del informe de Global Witness, la cifra que se reporta en Colombia es escalofriante, pues aquí ocurrieron el 40 % de los asesinatos reportados en el mundo. Sin embargo, asegura, que no le sorprende que Colombia vuelva a estar en este primer lugar. Pero ¿por qué el país es uno de los más violentos para los defensores del ambiente?
De acuerdo con la organización colombiana Programa Somos Defensores, el panorama de los defensores de la tierra y el ambiente no ha mejorado, a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a reducir la violencia. Esta promesa, señalan en el informe, “no se ha traducido en una disminución de las represalias”. Por el contrario, “la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales parece estar aumentando”. (Lea también: Cada año, la basura plástica generada podría dar la vuelta al mundo más de 1.500 veces)
Este punto, en opinión de Astrid Torres, del Programa Somos Defensores, podría ser la principal respuesta a la pregunta de por qué en Colombia son asesinados tantos defensores. “Sin lugar a dudas, el Estado ha fallado en su deber constitucional de proteger a estas personas”, añade. También se le suman otros factores, que en su opinión son claves, como la baja efectividad en las investigaciones y judicializaciones contra las personas que cometen los asesinatos. En el país, el sistema judicial solo resuelve uno de cada 10 homicidios de defensores ambientales.
Otra de las causas que explicarían este número alarmante de asesinatos, dice Torres, es la cantidad de conflictos socioambientales que hay en el país. Datos del Atlas de Justicia Ambiental muestran que hay 170 conflictos, lo que “representa un enorme entramado de presión y riesgo para las personas que defienden el ambiente, la naturaleza y el territorio”, agrega. Además, ha sido determinante que no se haya cumplido integralmente el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Esto se ha traducido en una reconfiguración del conflicto armado y un recrudecimiento de la violencia.
A pesar de que el dato de homicidios reportados en Colombia es alarmante, para la organización es una oportunidad valiosa que en el país se vaya a realizar la COP16, la principal cumbre de biodiversidad en el mundo, que empezará el 21 de octubre en Cali. En esta cumbre, donde se reunirán 196 países, se deberá apostar porque se comprenda que la defensa de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la protección de las personas defensoras debe ser tratado en conjunto. “No se puede mencionar la lucha contra la triple crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación sin una mayor protección de las personas defensoras”, apunta Torres.
Además, agrega Furones de Global Witness, en este espacio se podrían abordar otras problemáticas, como aquellas que están relacionadas con las investigaciones a las empresas que atentan contra la naturaleza y las personas defensoras. Este punto “es un aspecto crucial para proteger la biodiversidad y a quienes la defienden y luchan por ella, sobre todo en la actualidad, donde cada año reportamos un poco más de 180 homicidios”, señala la directora del informe. (Puede leer: El Gobierno Petro revela sus cartas: así quiere regular el mercado de carbono)
Un panorama mundial poco alentador para los líderes ambientales
Así como en Colombia se incrementaron los homicidios, pasó lo mismo en el mundo, pues en 2022 se registraron 177 casos, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 196. El caso más inquietante, apunta Furones, es el de América Latina, que desde 2012 ha reportado sistemáticamente el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras. En 2023 se presentaron 166.
El informe señala que la minería fue el sector con mayor número de asesinatos, pues 23 de los 25 homicidios vinculados a esta actividad en todo el mundo durante 2023 ocurrieron en América Latina. De hecho, más del 40 % de los asesinatos en México en 2023 fueron de defensores que se oponían a las operaciones mineras.
También preocupa la situación de Centroamérica, que, según dice Furones, se ha convertido en un lugar muy peligroso para los defensores de la tierra y el ambiente. “En 2023, 36 defensores fueron asesinados en esta región. Es decir, casi uno de cada cinco de los asesinatos que documentamos a nivel global, en una región con menos del 1 % de la población mundial”, reseña el informe.
Solo en Honduras, por ejemplo, se registraron 18 homicidios. Entre las causas de esta cifra tan alta, teniendo en cuenta la población de este país, está la existencia de regímenes autoritarios, dice Brenda Zúñiga Cáceres, de la organización Civic Council of Popular and Indigenous. También, añade, “existen unos grupos económicos muy reaccionarios que tienen fuertes intereses en los territorios de las comunidades indígenas, de los pueblos campesinos y de las zonas rurales y suelen ser proyectos corruptos que usan incluso mecanismos de lavado de activos que defraudan al Estado”.
En el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes volvieron a ser víctimas de la mayor cantidad de asesinatos, con un 49 %. De estos, reseña el informe, 85 se reportaron en pueblos indígenas y 12 en afrodescendientes. (Le puede interesar: Colombia y cinco países más avanzan en la creación de una reserva transfronteriza)
A la ONG también le preocupa la situación de las mujeres, pues representaron el 12 % de los asesinatos globales. Aunque puede parecer un porcentaje relativamente pequeño, Furones explica que estos ataques deben analizarse desde otra óptica, pues tienen una naturaleza especialmente compleja. Pueden ir desde la violencia sexual hasta el rechazo de sus familias y comunidades. “No se debe pasar por alto que las defensoras, además de ser objeto de ataques por su activismo, también se enfrentan a violaciones de derechos por su género”, anota.
Las represalias a los líderes ambientales, documentadas por primera vez
Este informe, además de ofrecer un panorama de los líderes y lideresas asesinadas, también entrega, por primera vez, detalles de una cruda realidad que viene atada a los homicidios: las represalias. Según explica Furones, de Global Witness, “los asesinatos, por horribles que sean, solo ofrecen una imagen parcial de una realidad mucho más compleja a la que se enfrentan los defensores. Viven una serie de amenazas que, además de ponerlos en peligro, también dejan en riesgo a su familia”.
Entre las represalias que pudo encontrar la ONG están los secuestros, desapariciones forzadas, acciones de intimidación, detenciones, campañas de desprestigio, criminalización y todo tipo de ataques no letales, tanto por parte de gobiernos como de empresas. Sin embargo, para armar este rompecabezas, la organización se enfrentó a una serie de retos, pues aún persisten vacíos en los datos recopilados por los países.
“En la mayoría de los casos hay muy poca información y se le suma que hay muchísima impunidad. Esta mezcla es realmente terrible”, advierte Furones. En los casos en los que se logra identificar al asesino o a la persona que intimida al defensor, termina siendo judicializado y permanece la incógnita de quiénes son aquellos que han planeado y pagado para que se lleve a cabo este crimen. “No se establece realmente los que tienen interés de quitar de en medio a la persona defensora”, añade.
Esto, a los ojos de Alejandra Gonza, defensora ambiental en México, se debe en parte a una narrativa estigmatizante contra el defensor desaparecido y que, en la mayoría de veces, es impulsada por los Gobiernos. Se debe principalmente, dice, a que culpan a las comunidades o a los familiares y les ponen el trabajo de investigar qué pasó, de llevar pruebas y evitan investigar a las empresas que operan en las regiones donde desaparecen. (Le puede interesar: La exposición que trajo a los tiburones que habitan en Colombia al centro de Bogotá)
También, asegura Gonza, se ha establecido que las familias de los defensores han sido objeto de ataques, justamente por ser familiares de personas defensoras. En 2023, de hecho, un tercio de los ataques que documentó Global Witness contra familiares de personas defensoras fueron contra las mujeres, y uno de estos casos se reportó en Colombia.
Se trata de Yisel Menza, esposa de John Freiman Ramos Ocaña, profesor de la Institución Educativa Las Aves e integrante del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca -SUNTEC-. Fue asesinada junto a su esposo y su hija, Jelen Charit, de 15 años. También, dice Global Witness, por desgracia, los niños también suelen verse atrapados en esta violencia. En 2023 fueron asesinados seis.
Entre las recomendaciones entregadas por la ONG está la urgencia de que los países documenten sistemáticamente los ataques y las represalias hacia los defensores del ambiente y la tierra. Al tener datos más claros, los gobiernos pueden mejorar las leyes y los mecanismos que existen en la actualidad. Asimismo, Global Witness le sugiere a las empresas identificar, prevenir, documentar, mitigar y remediar sistemáticamente los daños causados a los defensores en sus operaciones.
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