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Hace un año, el Gobierno convocó a 13 expertos para armar una comisión sobre fracking. Desde entonces, estos biólogos, geólogos, hidrólogos y otros profesionales visitaron los territorios con potencial para yacimientos no convencionales, municipios como San Martín, Puerto Wilches y Barrancabermeja. Allí discutieron con sus comunidades y con ambientalistas y académicos también de otras ciudades. Revisaron la regulación científica y técnica a nivel nacional y analizaron la literatura internacional sobre dicha técnica, que suscita dudas por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Los resultados de ese año de trabajo fueron publicados reicentemente por el Ministerio de Energía en un proyecto de decreto sobre el que podrán opinar los colombianos hasta el 20 de enero. (Lea: Pilotos de investigación de fracking sí se pueden hacer: Consejo de Estado)
Este documento «fija los lineamientos para adelantar actividades de exploración en Proyectos Piloto Integrales de Investigaciones (PPII)» en fracking, proceso que fue aprobado hace tres meses por el Consejo de Estado hace tres meses. De acuerdo con la Comisión para Fracking, quienes aseguran que «no existe evidencia de un riesgo ambiental inminente en un proceso de pilotos», cada empresa que le interesa explotar el suelo nacional con esta práctica tendrá que ejecutar tres etapas. Todas están sujetas a la expedición de una licencia ambiental.
(Lea: Expertos de la Universidad Nacional detallan los peligros comprobados del fracking)
Las etapas estipuladas son: condiciones previas, exploración y monitoreo, y evaluación. En cada cada una de ellas, aseguró MinEnergía, la información será pública con el fin de que las comunidades vecinas de estos proyectos puedan ser veedores del proceso. Por eso el Gobierno le apostará a una serie de inciativas participativas.
Se trata de «un Centro de Transparencia para centralizar y divulgar la información relacionada con el desarrollo de los pilotos y generar un canal de comunicación con la ciudadanía. Asimismo, la conformación de Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento para el monitoreo permanente a la ejecución de los proyectos piloto, conformadas por los actores sociales e institucionales que viven y desarrollan actividades en las áreas de influencia. Adicionalmente, se estructurará y pondrá en marcha un Plan de Monitoreo Ambiental Participativo que permita la participación de la ciudadanía en el seguimiento y monitoreo ambiental a las actividades de los pilotos integrales». Así lo consignó la cartera en el comunicado publicado el 26 de diciembre.
En honor a ello, el Gobierno tendrá disponible en línea este proyecto de decreto hasta el 20 de enero. La idea es que dos días antes, la Mesa Ambiental creada en el marco de la Gran Conversación Nacional, pueda discutir sobre esta técnica con la que se pretende «aumentar entre 35 y 55 años adicionales las reservas de gas y entre 8 y 22 años adicionales las reservas de crudo» puesto que, según las estimaciones del Ministerio, Colombia hoy cuenta con solo 9,8 años de reservas de gas y 6,2 años de petróleo.
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