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En la tarde del 14 de mayo, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por amplias mayorías y en cuarto debate un proyecto de ley impulsado por la Senadora animalista Andrea Padilla (Alianza Verde), que le ordena al Estado crear un Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica para Gatos y Perros en todo el país.
El principal objetivo del proyecto, que después de una conciliación entre las cámaras del Senado pasará a sanción presidencial, es que a través de la esterilización quirúrgica se controle la natalidad de estos animales y se ayude a reducir el maltrato, el sufrimiento y la indigencia animal, además de “mitigar los riesgos para la salud pública asociados a la presencia de animales en las calles”.
Los principales beneficiarios de la política serán los gatos y perros sin hogar, aquellos de poblaciones vulnerables (habitantes de calle, recicladores, entre otros), y cuyos dueños sean familias de los grupos A, B y C del Sisbén. La Nación deberá financiar el 100 % del Programa en los municipios de categoría 4, 5 y 6, mientras que en los de categoría 2 y 3 será un 50-50 entre la Nación y los entes territoriales. En los municipios de primera categoría y los distritos especiales, será cada entidad la encargada de destinar el dinero necesario para las esterilizaciones.
Pero, mientras la senadora celebraba la aprobación del proyecto, del cual dijo “es, por lejos, el más importante para la protección de gatos y perros”, varios científicos manifestaron su inconformidad por la decisión que tomó el Congreso. Para Ana María Prieto Ramírez, bióloga que adelanta su posdoctorado en la Universidad de Hildesheim (Alemania), “es realmente decepcionante ver el poco valor que tiene la evidencia científica en los tomadores de decisiones”, pues, señala, no fueron escuchadas las críticas que se plantearon al proyecto de ley desde diciembre del año pasado.
Por su parte, distintas asociaciones, como la de médicos veterinarios de Colombia (Amevec) y la de médicos veterinarios y zootecnistas (Acovez), lamentaron que sus recomendaciones no fueran escuchadas y aseguran que el éxito del proyecto se puede ver comprometido si no se adelantan mesas de trabajo.
¿Qué plantea el proyecto y cuáles son los principales reparos en su contra? ¿Qué estrategias para esterilizar propone y por qué han recibido críticas?
Los impactos no contemplados de los perros y gatos callejeros
A grandes rasgos, hay dos preguntas que ayudan a sintetizar las críticas que hay sobre el proyecto de ley. La primera de ellas, apuntaba hace algunos meses Juan Ricardo Gómez, biólogo con PhD en Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, donde es director de la maestría en conservación y uso de la biodiversidad, es ¿cuál es el problema que estamos tratando de abordar?
“¿Es el trato ético o la conservación de las especies? —complementa Gómez— Porque son dos dimensiones de la discusión que, aunque se quieren llevar al mismo nivel, no lo están”. Mientras la primera se preocupa por los perros y gatos como individuos, la segunda aborda los impactos de los perros y gatos que no son tenidos de manera responsable sobre los ecosistemas.
Sobre esto último, es importante mencionar que existe abundante evidencia científica acerca del impacto que tienen los perros y gatos que andan libres sobre la biodiversidad y la salud pública. Uno de los estudios más completos, publicado en diciembre del año pasado en la revista Nature, lo resumía de la siguiente manera: “propagan nuevas enfermedades a una serie de especies, incluidos los humanos, compiten con los félidos autóctonos (…), amenazan la integridad genética de los félidos salvajes, depredan la fauna autóctona y han llevado a muchas especies a la extinción”.
La respuesta a esta pregunta es clave para entender qué se puede esperar de la ley. Para Gómez y Prieto, quien hace parte de Biodiversos, una plataforma ciudadana de profesionales que trabajan por la conservación y la biodiversidad del país desde diferentes campos de la ciencia, es claro que el proyecto solo se centra en el problema del bienestar animal, pues no contempla medidas para reducir los impactos de los perros y gatos libres en los ecosistemas del país o en las ciudades. De hecho, en el texto que fue presentado en el cuarto debate se eliminó a los perros y gatos ferales o semiferales como población objetivo del programa.
La razón, le explicó la senadora Padilla a El Espectador, fue la adopción de una proposición realizada en tercer debate, con el fin de “eliminar la preocupación de que estuviéramos generando una protección especial para este grupo de animales, que fuera incompatible con alguna medida de protección de la biodiversidad”.
Aun cuando el proyecto solo se centra en el bienestar animal, aparece una segunda pregunta: ¿la esterilización controlaría la natalidad de estos animales y ayudaría a reducir fenómenos como el maltrato, la indigencia animal, además de mitigar los riesgos para la salud pública que representan estos animales? En otras palabras, ¿serviría para cumplir los objetivos del mismo proyecto? Para Prieto y las asociaciones de médicos veterinarios, la respuesta es no.
El principal problema que identifica Prieto del Programa es que se basa en la estrategia CER, también conocida como CES (capturar, esterilizar y soltar, reubicar o rescatar). De acuerdo con la bióloga, los perros y gatos siguen transmitiendo posibles enfermedades y siguen teniendo impactos sobre la fauna silvestre, sean en entornos urbanos o rurales.
De hecho, varias investigaciones académicas han cuestionado la efectividad de esta técnica. Un estudio publicado en 2022 en la revista Conservation Science and Practice, reclamaba un mayor liderazgo por parte de la comunidad conservacionista para contrarrestar “el uso cada vez más inadecuado de la técnica de captura, esterilización y retorno (TNR, por sus siglas en inglés) como método de control de las poblaciones de gatos asilvestrados, Felis catus”. Un par de años atrás, en 2019, otra investigación publicada en Animals aseguraba que en Australia era poco probable “que la gestión de gatos mediante TNR resuelva los problemas en la mayoría de los casos”, respaldando la decisión que ya había tomado previamente el Gobierno Federal y la Asociación Veterinaria Australiana.
Otro punto por el que esta estrategia no es viable, según Prieto, es porque al soltarlos o reubicarlos, no se puede garantizar que vivan en mejores condiciones y, por ende, no se puede asegurar que se reducirá el maltrato o sufrimiento.
En este último punto coinciden desde Amevec, pues se preguntan en dónde se reubicarán los animales “si la gran mayoría, tal vez un 60 o 70 % de los municipios de Colombia no tienen un albergue municipal”. De acuerdo con la misma senadora Padilla, solo 25 municipios cuentan con un centro de bienestar animal.
Para la asociación de médicos veterinarios hay más inquietudes relacionadas con este tema: ¿el lugar de destino cumple con las condiciones de bienestar y está legalmente establecido y vigilado por la autoridad sanitaria competente?, ¿está apoyado por profesionales o personas debidamente capacitadas en el cuidado de animales de compañía?
A pesar de estas críticas, Padilla defendió su proyecto y señaló que “la esterilización ayudará a reducir la natalidad y, por lo tanto, el número de animales sin hogar. Es una relación lógica: a menos nacimientos, menos animales expuestos al maltrato, al abandono y a la indigencia”.
Sin embargo, dice Prieto, la senadora está obviando una parte importante del problema: “no es posible reducir el tamaño de una población abierta con solo esterilizaciones”. Este tipo de poblaciones, continúa la bióloga, son aquellas a las que le siguen entrando individuos, por lo cual su tamaño cambia en el tiempo. Nuevos individuos podrían entrar, por ejemplo, por ser abandonados.
El mismo proyecto de ley reconocía el aumento en la población de perros y gatos que se vive en el país. Según el documento, entre 2019 y 2022, la población de estos animales había aumentado un 32 %, llegando a ser más de 11 millones. Esto, dicen desde Amevec, “demuestra que los esfuerzos de años atrás enfocados únicamente en la esterilización no han sido suficientes”.
Tanto para Prieto como para la asociación, la esterilización sola es una acción aislada que no tendrá mayor impacto sobre esta problemática. Ante esto, asegura Padilla, el Programa también incluye campañas de educación que fomenten la tenencia responsable, así como la promoción de la adopción. A pesar de esto, dicen Prieto y Amevec, también se debería contemplar el fortalecimiento de la legislación, el control de acceso a los recursos (a la alimentación, por ejemplo), e, incluso, la eutanasia o control letal, de acuerdo con cada caso.
Sin datos sobre la magnitud del problema, ¿cómo hacerle seguimiento?
La problemática de gatos y perros que habitan la calle tiene un problema adicional que repercutiría en el seguimiento que se pueda hacer del programa: no se sabe cuántos animales en estas condiciones hay en el país. En el proyecto de ley, la senadora señaló que, según un estimativo adelantado por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 2022 se calculaba un total de 11.034.761 perros y gatos en Colombia. Si se siguen las estimaciones mundiales que apuntan a que las ¾ partes de estos animales viven en la calle, la cifra llegaría a más ocho millones en el país.
Aunque en un inicio el proyecto establecía una meta anual de esterilización del 10 %, para el último debate se propuso una del 5 %, pero finalmente, expresó Padilla, se eliminó por solicitud del Ministerio de Hacienda. Esa meta la deberá fijar el Ministerio de Ambiente, que será la entidad encargada de reglamentar la ley en los próximos seis meses.
El problema para asociaciones como Amevec es que “sin datos de estimación de poblaciones caninas y felinas, ¿cómo saber si estamos alrededor del 10, 20 o 30 % de la población?”. Ante este complejo panorama, y sin una planeación estratégica, el proyecto puede quedarse en solo el número de animales esterilizados en un tiempo, dicen desde la asociación.
A pesar de que ambas asociaciones consideran que sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta por la senadora Padilla, manifestaron que están “prestos a apoyar de forma conjunta el proyecto (…) para mejorarlo, construirlo, corregirlo y direccionarlo de forma correcta (…)”.
Por su parte, Prieto y otros biólogos se han mostrado preocupados por los dineros que serán invertidos en el Programa y que, según la senadora, serán definidos durante la reglamentación por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Hacienda. Una estimación inicial realizada por Padilla, señalaba que se podrían necesitar más de $65.000 millones al año, de los cuales la Nación debe aportar el 50 %, mientras que los municipios el porcentaje restante. Para hacerse una idea, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), tuvo un presupuesto de $84.000 millones para este año.
Aunque desde diciembre del año pasado el Ministerio de Ambiente aclaró que no deberá comprometer recursos propios en el programa, para Prieto y otros colegas es inquietante que los funcionarios de este ministerio deban dedicarle tiempo al programa, pues hay otras competencias de la cartera “como varios planes de conservación, Parques Nacionales Naturales y especies amenazadas que no reciben recursos”, decía la bióloga hace algunos meses.
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