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En el tercer y último capítulo sobre la Chucua de Fagua nos centramos en los diferentes actores que han intervenido en el caso de este humedal. Durante la investigación surgió una problemática relacionada con el POT de Chía y con los intereses de expansión del municipio. José Antonio Parrado es uno de los líderes políticos que ha defendido la Chucua desde su relleno. El antiguo concejal de Chía lidera una iniciativa contra el crecimiento desmedido de la Sabana. Parrado alega que el caso de la Chucua de Fagua es consecuencia de un POT con muchas irregularidades.
Antonio Parrado, en nombre de 40 Juntas de Acción Comunal, presentó una demanda de nulidad del POT que fue aceptada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá. Según él, este plan de ordenamiento tiene la intención de favorecer principalmente a las constructoras que operan en Chía. Alega que el POT propiciaría la construcción de 40 mil unidades de vivienda en las zonas de expansión urbana, un crecimiento que, para él, sería insostenible. La Chucua de Fagua está situada en una de estas zonas de expansión urbana a las que hace referencia Parrado.
Escuche el primer capítulo de La Zaga: La muerte del humedal que nadie conocía
El Alcalde de Chía, Leonardo Donoso, defiende el POT aprobado en 2016. Para él es necesario el crecimiento, ya que Chía tiene una presión demográfica enorme por su cercanía con la capital del país. “Este nuevo POT busca que el crecimiento de la ciudad sea ordenado”, expresó Donoso al Espectador. Aseguró que ya se presentó un plan parcial en la zona de la Chucua que buscará la recuperación del daño y la protección del cuerpo de agua.
La entidad encargada de los asuntos ambientales, la Corporación Autónoma Regional (CAR), ha investigado el tema de la Chucua desde su relleno en 2016. José Vicente Gutiérrez, director de la regional Sabana Centro de la CAR, nos aseguró que la Chucua aparece en el inventario de la corporación como un cuerpo hídrico natural que tiene funciones de humedal y, por lo tanto, debe tener una ronda (es decir, un espacio de protección) de 30 metros. Cualquier plan parcial que se apruebe debe cumplir con esta normatividad. Además, Gutiérrez mencionó que el proceso legal para la recuperación de la Chucua ya inició, pero que puede tardar hasta dos años.
La CAR señala en sus dos autos sobre la Chucua a Gertie Amaya de Díaz, María Teresa Rodríguez y Garnet SAS como dueños del predio y responsables del relleno. Desde el principio, quisimos determinar si estas personas eran efectivamente propietarias del lote. Garnet SAS está en liquidación, pero además tuvo un proceso de escisión. Es decir, realizó una transferencia en bloque de parte de su patrimonio a otra sociedad llamada curiosamente Anega SAS. “Anegar” es ahogar un terreno sumergiéndolo completamente en agua. Gertie Amaya de Díaz es la Gerente General de Garnet SAS y una de las accionistas de Anega SAS. Pedimos declaraciones a Garnet SAS, pero no recibimos respuesta.
A pesar de que estos son los dueños mencionados por la CAR, el asunto es más complejo. El 7 de marzo de 2014, el predio donde está la Chucua (llamado Lote 2) se englobó, es decir, se unieron varios lotes que estaban separados. Es complicado determinar quiénes son todos sus dueños, ya que el lote englobado fue constituido en una fiducia mercantil el 15 de julio de 2016, diez días antes de que se aprobara el último acuerdo del POT de Chía. Ese lote de 265.000 m2 corresponde al área delimitada en el plan parcial número 15.
Cartografía oficial del POT de Chía. Portal del Consejo de Chía.Por ahora, lo único cierto es que los dueños del predio tendrán que responder por el daño causado y, además, deberán rectificarlo. El activismo de la comunidad logró frenar el proceso y aún no se ha aprobado ningún plan parcial ni se han otorgado licencias de construcción. José Vicente Gutiérrez resaltó esto como un logro e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de irregularidades ambientales.
La complejidad de este caso radica en la dificultad de señalar a los responsables directos del daño. No hay pruebas que vinculen al alcalde y a los concejales con las constructoras interesadas en intervenir el predio de la Chucua, aunque es claro que no se tuvo en cuenta este humedal en la formulación del plan parcial número 15. La CAR, responsable de cuidar los bienes ambientales del municipio, tampoco alertó sobre el posible conflicto ambiental en el lote antes de aprobar el POT.
Y mientras el lío legal se resuelve y se toman acciones reales para la recuperación de la Chucua, la parte no intervenida del humedal se ha llenado de vegetación en descomposición por la falta de movilidad en el agua. Encima de las hojas podridas flota una nube de moscas.
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