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A pesar de ser un país con un alto riesgo de desastres, Colombia no cuenta con una estrategia nacional actualizada para la atención de emergencias como terremotos, avenidas torrenciales o erupciones volcánicas. Basta recordar que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), más de 40 millones de personas se encuentran en zonas de alta y muy alta amenaza por deslizamiento de tierra.
Si bien en el país existe el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD), no siempre es claro de quién es la responsabilidad cuando se presenta una emergencia, ni los instrumentos logísticos ni financieros para las etapas más críticas, como el rescate o la recuperación en zonas devastadas.
Ese es uno de los principales argumentos de la UNGRD para sustentar un proyecto de decreto que será presentado en las próximas semanas al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con el que quiere cambiar la manera como el país responde a emergencias.
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Ya ha habido algunos intentos de hacer una reforma de ese tipo. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (en el que ocurrió la tragedia de Mocoa, en 2017, que dejó más de 300 personas muertas) se intentó desarrollar lo que se conoce como la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias (ENRE), pero no fue aprobada.
Ahora, lo que se busca es una especie manual de operaciones que guíen las acciones en el terreno. “¿Cuáles son los cambios que habría en el terreno? Lo que se quiere es evitar duplicidades y optimizar la atención en el terreno. Hay algo que pasa todo el tiempo y es que no es claro, por ejemplo, quién paga el bulldozer para quitar la tierra o quién tiene que reemplazar los cultivos cuándo se pierden”, explica Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
Según el funcionario, que asumió el cargo tras uno de los principales escándalos de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, si bien la Ley 1523 da algunas pistas sobre el trabajo en el terreno, esa coordinación no siempre es clara.
Como cuenta una guardaparques que trabaja en el Parque Nacional Isla Salamanca, que pidió que su nombre fuera guardado en reserva, durante los incendios que se registraron el año pasado en esta área protegida la coordinación fue una de las principales pesadillas.
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“Muchos compañeros llevaban horas metidos en el agua, tratando de apagar el fuego interno de los manglares. Se comunicaban con nosotros por walkie-talkies para indicar dónde estaban las llamas, y nosotros enviábamos esa información a la Sala Nacional de Crisis. Pero desde allí respondían que no había datos suficientes para coordinar la operación. Esa desarticulación retrasó mucho la atención y control de los incendios. Daba la sensación que desde Bogotá no entendían las necesidades del territorio”, relata.
Para Alfonso Mariano Ramos, doctor en Ingeniería e investigador de la Universidad Javeriana, que desarrolló el manual nacional para la atención de avenida torrenciales, “la ley actual es un poco paradójica, pues indica que todos somos responsables por la gestión del riesgo, pero eso termina siendo que nadie lo es. A eso se suma que la mayoría de los municipios no tiene asignación de recursos para la gestión del riesgo, por lo que es interesante ver cómo se puede empezar a jugar con otros instrumentos financieros”, sostiene.
Para atender esto, la ENRE establece algunos lineamientos para la recolección de pruebas de las emergencias, e indica cuáles son los niveles y actores encargados de establecer el nivel de alerta que varía dependiendo de las diferentes zonas.
El documento pretende que también se haga un mejor uso de los recursos. Según se lee en la ENRE, se establecerán dos capas financieras para la atención de desastres: la primera son los fondos públicos para atender emergencias frecuentes de bajo o moderado impacto financiero. Y, por otra parte, se busca crear instrumentos de transferencia del riesgo (seguros o líneas de crédito) para eventos de mayor escala y menor probabilidad. Además, con los cambios, se espera que algunos bienes públicos estén asegurados.
Las emergencias no nos afectan a todos igual
Uno de los puntos que busca desarrollar la nueva estrategia es que se necesitan desarrollar nuevas metodologías para atender de manera diferencial a los damnificados. Es decir, hay comunidades y poblaciones a las que no basta con darles una ayuda genérica después de una emergencia.
“Por ejemplo, cuando una persona tiene discapacidad, pues va a tener necesidades diferentes en el marco de la emergencia. O, en el caso de mujeres embarazadas, pues necesitarán una ayuda alimentaria más fuerte para evitar secuelas indirectas de estos eventos”, explica María Meza, subdirectora de la UNGRD.
De esta manera, la ENRE propone que se desarrollen protocolos de atención diferenciales para temas como el alojamiento y la ayuda humanitaria que permita la protección de los derechos humanos, dependiendo si los damnificados pertenecen a comunidades étnicas o a grupos socioeconómicos más vulnerables.
Respecto a los animales, se establece la obligatoriedad de protegerlos como seres sintientes. De acuerdo con el documento, tanto los animales de compañía, producción y silvestres deben ser atendidos en una emergencia. Debe prestárseles servicios veterinarios, reubicación y una buena disposición de cuerpos en caso de muerte.
Se necesita más información sobre las emergencias
Si bien la ENRE establece mecanismos para mejorar el monitoreo y el reporte de emergencias, para algunos uno de los grandes vacíos que suele haber es el sistema es información precisa sobre las amenazas que hay en los territorios.
“Debido a las particularidades y diversidad de nuestro país, cada cuenca, cada valle, cada municipio tiene un riesgo distinto ante los desastres. Y para esto se necesita invertir más en estudios que apunten sobre los lugares en los que no puede vivir la gente o los que se necesitan sistemas de alertas tempranas para trabajar en ejercicios de evacuación efectivos”, comenta Ramos, de la Universidad Javeriana.
En esto coincide Steven Moncayo, investigador e ingeniero de la Universidad Nacional, que desarrolló un modelo para calcular el alcance de los deslizamientos de tierra en Colombia. “Si bien tenemos un sistema completo de las zonas con riesgo de remoción de tierra, no tenemos un modelo propio para determinar el área total que puede afectar a comunidades o a las vías. De este modo, puede haber gente que vive cerca a zonas de riesgo potenciales y no estar enteradas de que están en riesgo”, explica Moncayo.
Frente a esto, la ENRE propone fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para coordinar mejor la atención y desarrollar aplicaciones móviles que permitan a los ciudadanos reportar situaciones de riesgo.
La UNGRD reconoce que existe un gran rezago tecnológico en la información disponible sobre emergencias, pero asegura que trabaja junto al Departamento Nacional de Planeación para implementar mejoras.
Con estos avances, en la próxima reunión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres podría aprobarse este nuevo marco que busca salvar vidas frente a emergencias prevenibles.
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Por Fernán Fortich
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