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A sus 89 años, Julio Carrizosa Umaña, uno de los ambientalistas más reconocidos del país, todavía recuerda la reunión en la que se planteó, por primera vez, la idea de crear un código ambiental en el país. Fue en 1973, en las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), del cual acababa de dejar la dirección, en medio de conversaciones sobre la relación que había entre el urbanismo y la ecología.
Al final de esa reunión, de las primeras en el mundo que se hicieron sobre el tema, dice el ingeniero civil, “un joven abogado, Mario Latorre Rueda, se levantó y dijo ‘ustedes lo que necesitan es que se haga un código ambiental’. La recomendación fue acogida por Hernán Vallejo Mejía, ministro de Agricultura del presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974)”.
Desde ese momento y por varios meses, Carrizosa, quien se desempeñaba como director del extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), lideró a un variado grupo de profesionales que se encargó de redactar el documento de 340 artículos que tenía como fin preservar y restaurar el medio ambiente, al tiempo que se controlaba los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables.
Aunque el código alcanzó a estar listo antes de que Pastrana terminara su presidencia, este solo fue expedido el 18 de diciembre de 1974, ya bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). El código, con lo “básico”, como lo define Carrizosa, se encargó de regular el manejo de los recursos renovables —la atmósfera, el agua, la tierra, la fauna y la flora, entre otros —, y la defensa del ambiente de uno de los países más biodiversos del mundo.
“El código fue la respuesta de Colombia a la conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972″, apunta Manuel Rodríguez Becerra, quien se desempeñó como primer ministro de Ambiente del país. Esta conferencia mundial fue la primera en hacer del medio ambiente un tema importante, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Rodríguez agrega que las principales preocupaciones para la época eran la contaminación de los ríos transfronterizos, la lluvia ácida y la deforestación de la selva tropical.
Dos años después de la reunión en Estocolmo, Colombia expidió el código, lo que es considerado como una reacción de avanzada al ser el primer país del mundo, según Becerra y Carrizosa, en desarrollar un documento de este tipo. Para Carolina Montes Cortés, directora del departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado, esta rápida respuesta fue posible gracias al camino ambiental que había recorrido el país para ese entonces.
Entre los avances que destaca Montes, se encuentra la creación de la primera corporación autónoma regional, la del Valle del Cauca, en 1954; la Ley 2 de 1959 (de economía forestal y protección de los suelos, las aguas y vida silvestre); así como la creación del Inderena en 1968. Gracias a esta experiencia adquirida, el país logró, a ojos de los tres expertos, el primer hito en el derecho ambiental del país. Luego del código de 1974, vendrían los otros dos: la Constitución Política de 1991 —considerada como una constitución ecológica, por los múltiples artículos que desarrollan estos temas—, y la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). De alguna manera, agrega Rodríguez, estos dos hitos “se hicieron sobre los hombros del Código de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”.
La importancia del código no solo está dada por sentar las bases del derecho ambiental colombiano, que ha sido desarrollado en cientos de leyes a lo largo de estos 50 años, sino que también soporta análisis de vigencia y utilidad. Desde hace algunos meses, desde el departamento de derecho que dirige Montes en el Externado se hicieron una pregunta: ¿este es un código que puede durar otros 50 años o ya es necesario hacer una revisión de fondo que lleve a modificaciones o cambios?
La primera respuesta que obtuvo el equipo que lideró Montes, arrojó que, en este medio siglo, solo se ha derogado entre el 5 y el 3 % del código. “En general, está vivo en un 95 a un 97 %. Para una norma que ya tiene 50 años, este resultado también te habla de su contenido”, apunta la directora del departamento de Derecho del Medio Ambiente.
Pero la investigación que realizaron en el Externado, y que quedó consignada en un libro que lanzaron hace un par de meses, fue más allá de la vigencia del código. Los investigadores también se preguntaron si el documento todavía sirve para responder a los retos que enfrenta el planeta actualmente y que, incluso, eran imposibles de prever en 1974, cuando fue expedido.
“Hay nuevos conceptos y visiones sobre lo que es el medio ambiente, como el cambio climático o la biodiversidad, y que no las encontramos en el código. ¿Pero eso hace que pierda vigencia? De ninguna manera. Hay muchas herramientas y elementos dentro del código que me llevan a poder adaptarlo a lo que se va dando”, señala Montes.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron temas específicos que se abordaban en el documento, como la contaminación atmosférica, los ecosistemas estratégicos o el manejo de los aparatos eléctricos, entre otros. Algunas de las preguntas que guiaron el trabajo fueron: ¿qué dice el código al respecto? ¿Regula la materia? ¿Hay herramientas dentro del código que me permitan dar solución al problema actual? También hicieron análisis de derecho comparado y revisaron si otras legislaciones tuvieron que ajustar su normativa para responder a las problemáticas actuales.
Tras este trabajo, el equipo de Montes concluyó que el código es una “supernorma”. “Si bien hay algunos faltantes, como el concepto de cambio climático o de diversidad, esas ausencias no le restan valor al código”. En otras palabras, “es un documento que permite resolver problemas actuales complejos, aunque no incluya temas novedosos”.
Sin embargo, aclara la abogada, la norma no es perfecta. Aun cuando no tengamos que pensar en tener un nuevo código, sí es necesario pensar en ajustar algunas normas que traten temas específicos, como los bancos de hábitat, por mencionar un ejemplo. Eso sí, agrega Montes, “no todo lo solucionan las leyes”. La solución también está dada por atender los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y calidad de vida que tiene la población, así como fortalecer la voluntad política y la gestión de las autoridades ambientales, opina la doctora en derecho.
El punto más exitoso del código, a criterio de Carrizosa, tiene que ver con la educación ecológica y ambiental multidisciplinar “que incluyó lo económico, lo político, lo social y lo cultural”. Muestra de esto, son la “gran cantidad de grupos ambientalistas”, que superan en número a los de otros países.
A sus ojos, para resolver los problemas ambientales que tiene Colombia, “necesitamos comprender más el país que vivimos, no solamente desde lo económico y lo político, sino de tratar de encontrar nuestras propias soluciones para un país tan sumamente complejo en lo físico y diverso en lo cultural”. Sobre esto último, recomienda “tratar de entender lo que dicen los más de 60 lenguas indígenas que hay vivas”.
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