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Hace algunas semanas, la Universidad EAN presentó el primer estudio sobre el manejo de los impactos ambientales de una empresa de transporte de petróleo. La investigación, que se realizó en conjunto con el Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL), hizo un análisis de 11 años, entre 2007, cuando inició la construcción del proyecto, y 2018.
La infraestructura de esta empresa tiene 235 kilómetros de extensión. Atraviesa la frontera entre Meta y Casanare, por donde mueve diariamente 250.000 barriles de petróleo. El impacto visible, dice Brigitte Baptiste, directora del proyecto y rectora de la Universidad EAN, “es una línea que se ve incluso desde un satélite y representa la cicatriz que deja el oleoducto en el territorio”.
Esa cicatriz puede tener unos 40 metros de ancho, que marca el paso de las tuberías que transportan el petróleo y un espacio sin vegetación que debe tenerse a cada costado como medida de seguridad. El impacto ambiental es compensable en los ecosistemas de sabana que atraviesa el oleducto, señala Baptiste, “y es algo que han hecho muy bien las empresas”.
Para analizar esto, según la publicación titulada “Caminos de Bienestar: Un atlas de nuestro territorio”, se estudiaron las áreas de influencia directa, que son las que se encuentran más cerca del oleoducto, y las indirectas, que están más lejos, pero que hacen parte de los territorios que atraviesa la infraestructura.
Entre 2007 y 2018, en las áreas de influencia directa, se presentó una disminución de menos del 1 % en bosques y zonas silvestres, así como en áreas de sabana cubiertas con pastos y hierbas, como es usual en la Orinoquía. Esa disminución se refleja en un aumento del 9 % en las zonas dedicadas a agricultura o ganadería. Esto, dijo la rectora de la EAN durante el lanzamiento del libro, es un impacto bajo si se considera el tamaño del proyecto.
En las zonas de influencia indirecta hubo más pérdida de zonas naturales que pasaron a ser de uso agropecuario. Estas últimas aumentaron de 48.7 a 59.1 % del territorio, mientras que los pastos de sabana tuvieron una disminución cercana al 9 %. En estos impactos hay una relación indirecta con la empresa “en la medida en que la construcción de oleoductos requiere mejorar la infraestructura vial, la capacidad de acceso a los tubos para garantizar la seguridad y el servicio. Entonces, hay una mejora en las condiciones productivas de una región, hay un incentivo indirecto para los inversionistas y para los productores locales para expandir sus actividades. No es que sea promovido por las empresas de transporte de crudo, pero hay que reconocer que es parte de los efectos”, asegura Baptiste-Ballera.
César Rojano, director científico de la Fundación Cunaguaro, una organización que hace consultoría ambiental en la Orinoquía, quien no participó de la investigación, coincide en que el aumento de cultivos de palma y arroz es una consecuencia, aunque aclara que allí inciden más los proyectos que extraen y no tanto los que transportan el petróleo. “El oleoducto ni siquiera es una cosa visible, porque está todo por debajo de la tierra y tiene unas casetas cada cierta distancia. Diferente a un proyecto extractivo en el que todo el tiempo se ve movimiento de personal, de carros y de todo el proceso”, apunta.
Quien sí podría tener una percepción diferente sobre el impacto de un oleoducto, añade Rojano, “es el dueño de la finca por la cual hicieron el hueco en el que enterraron el tubo o donde hay una caseta”.
Sobre la percepción que tienen las personas en las zonas de influencia, la publicación de la EAN realizó talleres en la región y encontraron que, dentro de las transformaciones ecológicas que destacan los habitantes se encuentran algunas negativas, como el impacto en la naturaleza de las fincas, los espacios dedicados a labores agrícolas y la destrucción mediante contaminación auditiva y visual. También, otras positivas, como la creación de nuevos bienes y servicios, la generación de energía o la reparación de daños ambientales por medio de restauración.
Para Rojano, la percepción de las personas sobre los impactos ambientales o sociales de un proyecto de este tipo dependen en gran medida de la relación que tiene la empresa con la comunidad. “Cualquier actividad que se vaya a desarrollar tiene un impacto que por ley debe ser mitigado y compensado”, asegura, pero la forma en la que se haga es clave para las personas.
En Casanare, cuenta el investigador, la Fundación Cunaguaro ha registrado casos de compensaciones que en otros proyectos se perciben como positivas, como poner un punto de suministro de agua en una finca, pero que las personas perciben como negativas “por la mala relación que se estableció con la empresa desde su llegada”.
¿De qué sirve saber esto para el futuro?
La llegada de las empresas de hidrocarburos a los Llanos Orientales, explica Rojano, tuvo tres grandes momentos: en los noventa, cuando llegaron por primera vez, caracterizada por la desconfianza mayoritaria entre las personas y las empresas; en la primera década de los 2000, con un gran impulso económico para la región, pero sin que los impactos sociales hicieran parte de la discusión; y en la actualidad, “tras un período de reflexión, las empresas responsables asumieron que tenían que tener una mejor relación con la comunidad”.
El Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés) advirtió en un informe, a finales de 2023, que parte de los problemas que tienen estancado el avance de proyectos de energías renovables en La Guajira tiene que ver con la relación entre las empresas y las comunidades. En aquellos casos en los que no hay un vínculo de confianza, como ocurre en los proyectos de hidrocarburos, puede generarse un mayor impactos social.
Mejorar esa relación requiere de varios aspectos. Según Baptiste-Ballera, dentro del monitoreo que se hizo con ODL, esta empresa concentró “las compensaciones y pagos, en parte, en trabajos con el pueblo indígena U’wa, para fortalecer las capacidades de los resguardos que existen en el departamento de Casanare y Arauca. Eso es algo que podría hacer cualquier empresa, una concesión vial, una compañía de energía eléctrica. Se trata de que se conviertan en promotoras del desarrollo local y aporten un poco más de lo que la ley les pide”.
La transparencia es otro de los aspectos cruciales para mejorar esa relación. “Si yo llego a una región diciendo que no voy a generar ningún impacto, pero luego la gente se da cuenta de que sí lo estoy generando, me lo van a cobrar. Hacer transacciones más claras con la gente, ser más transparentes con la forma en la que se comunican e informar el impacto del proyecto ha ayudado a generar algo de confianza”, añade Rojano. Estos aspectos, coincide el informe del SEI, serán cruciales para que se lleven a cabo nuevos proyectos energéticos.
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