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Hace cerca de un mes, una explosión en siete minas de carbón en Sutatausa, Cundinamarca, dejó 21 trabajadores muertos. El evento no solo provocó cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad del lugar, sino que también generó una conversación sobre los desafíos de la minería de carbón en el país.
Aunque todavía faltan muchos detalles sobre la propuesta de “transición energética justa” que quiere adelantar el gobierno de Gustavo Petro, es probable que se contemple, en alguna medida, una “fecha de salida” del carbón. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), este combustible fósil es la mayor fuente de generación de electricidad y de emisiones de CO2 en el mundo y, por eso, su eliminación progresiva es uno de los requisitos para alcanzar las metas climáticas. La AIE prevé que, para cumplirlas, toda la generación de carbón de altas emisiones debe acabar para 2040.
Pero “Colombia es la potencia latinoamericana de carbón y sede de los únicos proyectos de minas de carbón a gran escala actualmente en desarrollo”, anota el nuevo informe de Global Energy Monitor (GEM), llamado “La minería de carbón colombiana, en una encrucijada”, pues dejar de lado este tipo de minería también generará desafíos económicos y sociales para el país.
Ese documento, presentado en la mañana del martes 18 de abril, analiza las nuevas propuestas de minas de carbón en el país. Entre otras cosas, indica que, a pesar de las propuestas del gobierno y oposición de algunos sectores de la sociedad civil, hay proyectos en pie que aumentarían las emisiones de gases asociados al cambio climático en el país (Lea también: Productos químicos usados en envases de comida rápidas terminarían en los alimentos).
Entre estos, están los proyectos de San Juan, Cañaveral y Papayales en La Guajira, propiedad de la multinacional turca Yildirim y manejados por medio de la subsidiaria Best Coal Company (BCC). Entre estas minas, tendrían más de 32 millones de toneladas (Mt) de capacidad, con la posibilidad de liberar hasta 161 mil toneladas de emisiones de metano por año, uno de los gases con mayor potencial de generar calentamiento global. Aunque este gas solo dura unos 10 años en la atmósfera, es mucho más “potente” que el dióxido de carbono (CO2). Las emisiones asociadas a estas minas serían comparables a las emisiones anuales de una central eléctrica de carbón nueva.
El informe también analiza el particular caso de las minas de Prodeco. En septiembre de 2021, Prodeco, subsidiaria de la multinacional Glencore y responsable de producir aproximadamente el 21 % del carbón nacional, según la Asociación Colombiana de Minería, renunció a tres títulos mineros, dos en el proyecto Calenturitas y uno en la mina La Jagua, ambos en Cesar.
Aunque la Agencia Nacional de Minería (ANM) empezó a buscar nuevos operadores para estas minas el año pasado, luego suspendió las licitaciones, pues está a la espera de que se resuelvan procedimientos judiciales para definir las obligaciones pendientes de Prodeco.
Si estas minas se reanudaran y las nuevas se desarrollaran, “el sector minero del país podría emitir 216 mil toneladas adicionales de metano por año, duplicando así, efectivamente, las emisiones existentes del sector que el mismo país reportó públicamente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, señala el informe.
Las dudas con las minas de carbón de Best Coal Company
Dentro de las minas de carbón que están planeadas en Colombia para los siguientes años, las más significativas son las de San Juan (de una producción anual promedio de más de 28 millones de toneladas), Cañaverales (de más de 2,5 millones de toneladas) y Papayal (de más de 1,73 millones de toneladas), de Best Coal Company (BCC), indica el reporte.
Aunque la empresa turca Yildirim ha señalado en varios de sus informes que solo la mina de San Juan representaría “el mayor proyecto integrado de minería de carbón subterránea en las Américas”, los investigadores de GEM resaltan que persisten mensajes confusos sobre la magnitud del proyecto.
Mientras que la multinacional ha reportado que la mina de San Juan tendría una capacidad anual de producción de más de 28 millones de toneladas por 32 años, lo que bastaría para convertirla en una de las 10 minas de este tipo de carbón más grandes del mundo, cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM) muestran una realidad distinta. En septiembre de 2022, la subsidiaria BCC redujo los cálculos del rango de producción para la mina San Juan: 9,19 millones de toneladas a 10,52 millones de toneladas anuales en 15 años (Le podría interesar: Este es el estado del volcán Nevado del Ruiz el martes 18 de abril).
Según estos últimos datos, continuar adelante con estas minas aumentaría la producción anual de carbón de Colombia en 11 millones de toneladas, un 21 % mayor comparado con los niveles de 2021. En cambio, si la producción se desarrollara de acuerdo con los cálculos iniciales de la multinacional turca, la producción nacional anual podría aumentar a más de 32 millones de toneladas, más del 50 % por encima de la producción de Colombia en 2021, señala el informe.
En el primer escenario, las minas de BCC podrían emitir 54 mil toneladas de metano por año, mientras que, en el segundo caso, las minas podrían emitir hasta 161 mil toneladas de metano anualmente, cifra comparable con las emisiones anuales de una central eléctrica de carbón.
En cualquiera de los dos escenarios, las emisiones se elevarían al menos en un 20 % del objetivo que se planteó el país para reducir sus emisiones. Si se instalara la capacidad máxima, incluso, las emisiones estarían un 90 % por encima de estas metas.
La mina de San Juan sería “abrumadoramente” el nuevo emisor de metano más significativo, representando un 91 % o 98 % del total estimado para las minas propuestas de BCC. Por otra parte, la mina subterránea profunda sería significativamente mayor que cualquier proyecto de minería de carbón subterránea anterior en Colombia, lo que hace que el impacto sea difícil de predecir con precisión, a la vez que plantea desafíos sin precedentes en cuanto al manejo y el control del metano, indica el documento presentado por Global Energy Monitor .
A esta incertidumbre se le suman los reclamos de comunidades locales sobre los proyectos. Según resalta el informe, se ha denunciado que no se ha cumplido con los requisitos legales de la consulta previa, específicamente en la mina Cañaverales.
Hasta la fecha, ninguna de las minas ha solicitado, aún, la licencia ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
¿Qué pasaría con el regreso de las minas de Prodeco?
Antes de que Prodeco renunciara a tres de sus títulos mineros en Cesar, generaba, en promedio, unos 15 millones de toneladas de producción anual de carbón. Además de afectar la economía departamental, su cierre dejó a miles de trabajadores, y sus familias, en el aire. En enero de este año, habitantes del municipio de La Jagua de Ibirico, parte del corredor minero del departamento, hicieron un paro cívico.
Como explicaron líderes locales a El Espectador, el objetivo de esta protesta fue manifestar que “la comunidad está de acuerdo con que se reabra la mina, porque Prodeco tiene que responder a los municipios”. También señalaron que el cierre ha afectado “de manera grave” al corredor minero de Cesar y ha desencadenado una crisis económica y social.
Si estas minas se reactivaran, GEM calcula que se podrían agregar otras 15 o 20 millones de toneladas anuales a la producción de Colombia, lo que resultaría en una producción nacional igual o superior a la alcanzada en 2017. Además de esto, la reanudación de las operaciones agregaría alrededor de 55 mil toneladas de nuevas emisiones de metano anualmente, cerca de un cuarto de las emisiones asociadas a minas de carbón en Colombia en 2021.
“Cualquiera que fuese la magnitud de las posibles emisiones, la apertura de minas nuevas o la reanudación de las operaciones en las minas paralizadas de Prodeco, plantearían un desafío importante para el objetivo de Colombia de reducir en un 51 % las emisiones de gas de efecto invernadero para 2030″, anotaron los investigadores de GEM.
Aunque líderes locales de La Jagua de Ibirico reconocen que este tipo de compromisos son importantes para el país, también reclaman que el gobierno actual responda por la crisis que pasa el corredor minero. “Aquí se debe empezar un plan de transición productiva, que en teoría tardaría años, pero se nos debe mirar con una condición especial por la situación”, afirmó un habitante del municipio que pidió no ser identificado.
Por María Camila Bonilla
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