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“Vamos a firmar, delante de las comunidades indígenas unidas, el nuevo decreto de la Línea Negra”. Así reaccionó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, luego de que se conociera el fallo del Consejo de Estado que anuló el Decreto 1500 de 2018. Dicha normativa había redefinido la delimitación del territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, reconociendo oficialmente 348 de sus espacios sagrados.
El decreto era el principal instrumento jurídico que amparaba ese gran territorio ancestral frente a intervenciones externas, como proyectos de infraestructura, mineros, energéticos o de turismo. Es por ello que la sentencia del Consejo de Estado tomó por sorpresa y ha generado preocupación entre las organizaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. De hecho, tras el fallo, emitieron un comunicado en el que señalaron la decisión como un “grave retroceso” que las deja sin una “herramienta legal efectiva de defensa frente a actividades que puedan afectar gravemente su territorio y su sistema ancestral de conocimiento”.
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En los últimos días las autoridades de los pueblos indígenas han mantenido reuniones en Valledupar para plantear salidas a la situación. También se han encontrado con delegados del Gobierno en Bogotá, así como con abogados asesores, con el fin de coordinar un nuevo articulado. Además, para el próximo 1° de marzo, Petro convocó a una asamblea general con todas las comunidades de la Sierra para avanzar en este proceso. “Los espero masivamente en las playas de Santa Marta”, expresó. Su objetivo es firmar el acto administrativo antes de que acabe su mandato.
Esa es, precisamente, la solicitud que le hicieron al mandatario desde la Secretaría Técnica de la Mesa Regional Sierra Nevada: “Construyamos una ruta que nos permita subsanar las anotaciones que hizo el Consejo de Estado, frente a la posibilidad de que en este mismo gobierno se pueda expedir un nuevo decreto”.
Para algunos, como Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el escenario abre una oportunidad para robustecer el instrumento normativo. Estas son las claves del caso.
¿Qué es la Línea Negra?
Lo primero que hay que entender es que la Línea Negra no desaparece con la anulación del Decreto 1500 de 2018. Lo que sucede, en realidad, es que se ve expuesta, de acuerdo con Yeny Rodríguez, abogada sénior del Programa de Territorios de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Queda en riesgo en cuanto a lo legal, pero lo que han insistido los pueblos indígenas es que esos espacios sagrados existen con o sin el reconocimiento formal”, explica.
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En ese sentido, la Línea Negra “no es un concepto imaginario, como mucha gente dice”, expresa Jaime Enrique Arias, quien fue gobernador del pueblo kankuamo durante 25 años. Se trata, en sus palabras, de una red de esos espacios sagrados, que van desde el pico más alto, el pico de Xundwa, hasta la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, distribuida a lo largo de los departamentos de Magdalena, César y La Guajira.
Allí, los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos manejan un sistema de conocimiento que ha sido reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Arias, que además es asesor mayor del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuenta que a través de prácticas, ritos, pagamentos y ceremonias que cumplen bajo un calendario particular, buscan garantizar un equilibrio, cuidando la vida, su cultura y su ejercicio de gobierno.
“Son espacios en la playa, donde los indígenas recolectan conchas, o es una roca, donde están las abuelas y los abuelos”, apunta Juana Hofman, directora de asuntos estratégicos en Amazon Conservation Team y profesora de la Universidad del Rosario. Dicho de otro modo, la Línea Negra es una expresión territorial de los principios y fundamentos de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra, consagrados en su Ley de Origen.
El decreto, la demanda y la anulación
Hace más de una década la Corte Constitucional, por medio del Auto 189 de 2013, consideró que la normativa que existía hasta entonces era insuficiente para salvaguardar la Línea Negra. Por esa razón, instó al Gobierno a actualizar la delimitación del territorio ancestral. El Decreto 1500 de 2018 era necesario, y surgió en respuesta a esa orden judicial.
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Tanto Rodríguez como Arias reconocen que el decreto fue clave para que el Estado diera un paso desde lo declarativo hacia adoptar medidas concretas. Se refieren, particularmente, a cómo el acto administrativo dispuso que se creara una mesa de coordinación y seguimiento para proteger la Línea Negra. Dicha mesa la conformarían las autoridades indígenas de la Sierra, los ministerios de Ambiente, Cultura, Agricultura e Interior, las Gobernaciones departamentales, las Corporaciones Autónomas Regionales correspondientes, entre otros actores.
“Esos son elementos que no se pueden perder”, subraya Arias. “Son un gran avance”. Ahora, sin embargo, la decisión del Consejo de Estado deja una sensación de inquietud e incertidumbre. Para Hofman, “es profundamente alarmante que se haya revertido la protección porque, en términos de derechos humanos y de derecho ambiental, el principio que rige es la progresividad”.
La profesora recuerda que este caso se remonta a años atrás, cuando, tan pronto se expidió el decreto, hubo una campaña de desinformación al respecto. Rodríguez, por su parte, cuenta que la normativa generó recelo entre varios gremios e industrias que tienen intereses en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La normativa fue demandada por Yefferson Mauricio Dueñas, actual viceministro de Justicia, quien pedía que fuese anulada. En ese proceso, dice Hofman, apoyaron los sectores minero, petrolero y de la construcción. Un abogado, que prefiere no ser citado, explica que detrás de la demanda estuvieron “varias empresas del sector extractivo” y contaron con un equipo jurídico “bastante robusto”.
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Pero, ¿cuáles eran sus argumentos? Dueñas (a quien desde El Espectador buscamos, pero no desea pronunciarse sobre el asunto) aseguraba que el decreto incurría en falsa motivación, falta de competencia, expedición irregular y transgresión del ordenamiento jurídico superior. Al final, el Consejo de Estado le dio la razón en dos argumentos. Consideró que, al no contar con la cartografía oficial de la Línea Negra realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) al momento de la expedición del decreto, hubo falsa motivación.
El alto tribunal también señaló una expedición irregular, debido a que no se habría agotado el trámite de la consulta previa con otras comunidades ubicadas al interior del territorio ancestral, como las de indígenas wayúu y chimilas, y con los Consejos Comunitarios de las Comunidades negras Los Palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, El Negro Robles, Nelvis Aragon, Valentina Ospinto, entre otras.
Reparos de forma, no de fondo
Son varios quienes apuntan que el fallo del Consejo de Estado se refiere a asuntos de forma en torno a la expedición del decreto y no a su contenido de fondo, es decir, su esencia y su objetivo principal de proteger la Línea Negra y el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas de la Sierra. Para Hofman, de hecho, una alternativa era que el tribunal ordenara que se subsanaran las inconsistencias, sin necesidad de declarar la nulidad.
Además, como explica Paulo Bacca, subdirector de la organización Dejusticia, no haber incorporado en su momento la cartografía oficial no fue un requisito omitido. En cambio, dice, era una “tarea que surgió con el decreto” y que fue asignada al IGAC. El instituto ya la expidió y lo hizo “de manera concertada y dialogada con los con los cuatro pueblos. Ya existe y hace parte de los mapas oficiales del Estado”.
Hofman recuerda que la construcción conjunta de esa cartografía fue díficil. “Fueron más de dos años de recorridos con el IGAC, con los ministerios, con los mamos (autoridades de los pueblos indígenas) por toda la Línea Negra”, afirma la profesora. “Eso se logró y ya está”. En consecuencia, dice, ese punto señalado por el Consejo de Estado ya está subsanado.
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Bacca agrega que el Decreto 1500 de 2018 ha sido de los pocos instrumentos jurídicos que fue concertado entre las autoridades indígenas y el Estado. “Es una verdadera muestra de un proceso de consulta previa y de consentimiento libre previo e informado. Fueron los mismos pueblos, las organizaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes construyeron las bases del decreto”, dice.
En suma, tanto él como Hofman concuerdan en que los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos han mantenido relaciones históricas con otras comunidades indígenas y negras, y con ellas han establecido acuerdos para un manejo conjunto de los espacios sagrados. “Desde tiempos inmemoriales han tenido relaciones de diálogo, de tránsito, de intercambio que han sido mediadas por las autoridades de estos pueblos y por sus sistemas normativos propios”, explica Bacca.
Los abogados aseguran que, durante el litigio derivado de la demanda, ni las comunidades afrodescendientes ni el pueblo wayúu manifestaron rechazo contra el decreto y la delimitación de la Línea Negra. Además, haber reconocido oficialmente los 348 espacios sagrados, en realidad, no implicaba una afectación directa a otras comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“El decreto era explícito en señalar que no había alteración de derechos adquiridos de terceros, que no se modificarían situaciones jurídicas consolidadas de particulares o de otras comunidades y que no se redefinían linderos municipales”, apunta Bacca.
Desde el Semillero de Investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia afirman que ni el abogado Dueñas ni el Consejo de Estado, al declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, habrían tenido en cuenta las voces de las comunidades negras e indígenas que se superponen con la Línea Negra. En este caso, a sus ojos, los intereses van más allá de la protección de los derechos territoriales de dichos pueblos.
Una cosa es segura: lo que viene, subraya Hofman, es la necesidad de expedir una nueva norma, pues el mandato judicial sigue vigente. En otras palabras, “este decreto se declara nulo y el Estado vuelve a tener una falta de cumplimiento de una orden directa de la Corte Constitucional”.
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