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En las últimas semanas, el ambiente cobró cierto protagonismo en las carrera a la Presidencia. Tanto la campaña de Abelardo de la Espriella como la de Iván Cepeda reveló sus cartas para enfrentar lo que, a sus ojos, son los desafíos más urgentes en un país que saca pecho por su biodiversidad. Aunque el debate, en muchas ocasiones, terminó enfocado en la posibilidad de hacer fracking para extraer hidrocarburos, sus planes abordaban muchas más discusiones, algunas de ellas relacionadas con los problemas ambientales más visibles que tiene Colombia, como la deforestación o la minería ilegal.
Como ya lo mostró el escrutinio, el 7 de agosto De la Espriella reemplazará a Gustavo Petro, y llegará a un país con varios pendientes ambientales que no debe descuidar, más allá de lo que prometió abordar en su ABC ambiental —liderado por Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo—. En El Espectador consultamos a varios líderes de ONG, conocedores del sector y exfuncionarios para saber cuáles son esas prioridades que el nuevo presidente no debería pasar por alto una vez esté en la Casa de Nariño.
Aunque la lista es muchísimo más extensa y es imposible sintetizarla toda en una página de periódico, agrupamos las coincidencias en estos diez puntos.
1. Un fenómeno de El Niño muy intenso
Como dice la exviceministra de Ambiente y profesora de la U. de los Andes, Sandra Vilardy, el próximo presidente se va a estrenar con un fenómeno de El Niño que incidirá en todos los sectores. Si se cumplen los pronósticos que ha hecho la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, será uno de los más intensos que hayamos conocido y repercutirá tanto en el sector agrícola como en el energético y en el de la salud.
Vilardy cree, precisamente, que El Niño será el desafío más urgente. Espera que el Presidente lidere un acuerdo nacional para enfrentar la sequía (y los posibles incendios), producto de la ausencia de precipitaciones. Según le había dicho a El Espectador la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, puede haber unos 300 municipios en riesgo de desabastecimiento, de acuerdo a los datos del Estudio Nacional del Agua.
“Es muy importante que el país se prepare. No conocemos la intensidad ni la duración de El Niño, pero puede tener un impacto muy grande en la seguridad hídrica, en la seguridad energética y en la seguridad alimentaria”, añade Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC). “Deben prepararse todas las carteras, no solo Ambiente o Vivienda. Por ejemplo, el sector agrícola es muy dependiente del agua y tiene que revisar muy seriamente cómo la maneja”.
2. La gran deuda: ordenar el país alrededor del agua
Las graves inundaciones que hubo en Córdoba en febrero de este año mostraron, nuevamente, que el país (un “país anfibio”, lo llaman muchos) tiene una gran deuda: ordenarse alrededor del agua. Por eso, Clara Solano, directora de la Fundación Natura, cree que el próximo Gobierno no puede dejar pasar por alto esa obligación que también implica pensar en la seguridad hídrica y en el bienestar humano.
Para Tatiana Roa, que fue también viceministra de Ambiente en el gobierno de Gustavo Petro, el siguiente mandatario tiene que “consolidar esa hoja de ruta para que sea posible un ordenamiento territorial que permita estar preparados frente a la crisis climática y permita que muchos territorios de Colombia sigan siendo habitados”. A sus ojos, esa idea, que quedó explícita en el Plan de Desarrollo de Petro, se posicionó, pero necesita ser profundizada.
En el caso de lo ocurrido Córdoba, por solo mencionar un caso de los varios que hubo a inicios del 2026, un análisis de lo que había sucedido esas semanas, hecho por Mapbiomas Colombia, mostró el 98,41% de la inundación afectó zonas productivas del sector agropecuario.
Las imágenes satelitales que analizaron les permitían comprender, escribieron, “cómo los ríos recuperan sus espacios naturales y cómo debe adaptarse la infraestructura a los nuevos patrones climáticos”.
3. El gran dolor de cabeza: la deforestación
Si hay algo en lo que también coinciden todas las personas que conversamos es que De la Espriella y su equipo tienen la gran tarea de enfrentar un constante dolor de cabeza en Colombia: la deforestación.
Aunque en el período de Gustavo Petro fue menor que en todos los años en los que Iván Duque estuvo en la Presidencia (talaron más de 170 mil hectáreas en 2020 y 2021), aún es uno de los principales desafíos ambientales. En el 2023 se deforestaron más de 79.000 hectáreas y en el 2024 alrededor de 113.000. Siempre, la región más afectada ha sido la Amazonía.
Pero Clara Solano, de la Fundación Natura, cree que frenarla implica identificar a esos grandes capitales que están promoviendo la tala ilegal. “Ese es uno de los puntos claves. Hay que hacer una persecusión a la movilización de recursos, pues son los que permiten abrir vías, movilizar gente, maquinaria amarilla, motosierras y promueven la ocupación del territorio”, señala.
Sin embargo, como también coincide Roa, no basta con incrementar el pie de fuerza en esos territorios y proteger con más militares los Parques Nacionales Naturales, sino hacer una intervención “integral” en el que haya diálogo con las comunidades, se fortalezcan los líderes ambientales y se brinden alternativas económicas. Como ellas, Vilardy asegura que el Gobierno Petro dejó una “semilla” sembrada en ese sentido que el próximo Gobierno debe hacer germinar.
Claudia Calao González, vocera de Biodiversos, un grupo de profesionales que se unieron por la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, añade otro punto que debe acompañar este reto: la restauración de ecosistemas.
4. Contener la minería ilegal, que se salió de control
Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia, tiene un buen ejemplo para entender la inquietante situación de la minería ilegal: desde el 2020, en el río Puré, en la Amazonía colombiana, ha habido un aumento de más del 1.000 % de la minería ilegal. Allí, recuerda a través de un breve texto compartido a El Espectador, convergen un Parque Nacional Natural, pueblos indígenas en aislamiento y el vínculo transfronterizo con Brasil.
Ese aumento exponencial de la minería ilegal, reitera, que está acompañado de la contaminación por mercurio, es un “reto enorme”. Es un llamado a “consolidar una política criminal ambiental”, que se debe basar en los “derechos humanos y reconocer los sistemas propios de gobierno indígena”.
Como añade Vásquez, de TNC, es un problema que ya se desbordó y es de un carácter transnacional, especialmente, en el caso de la región amazónica. Por eso, ambas piden que el próximo Gobierno le dé un impulso con urgencia a la cooperación regional en la Amazonía y que, así como está sucediendo con la carne, se exija una trazabilidad del oro, uno de los minerales que más dificultad está causando tanto esa región como el Chocó, Antioquia, Bolívar o Tolima.
“Esa minería está impactando nuestras fuentes hídricas, la selva, las comunidades y la biodiversidad”, asegura la exviceministra Roa. “Pero no solo hay que controlar esas economías ilegales, sino promover un proceso de formalización, conversión y diversificación económica”.
Un par de datos resumen la complejidad del problema: como contamos en este artículo, más el 80% del oro exportado en Colombia proviene de la minería ilegal, una actividad que, como reveló la Sociedad Zoológica de Frankfurt un una investigación, ha hecho que algunas especies peces de consumo en la Amazonía presenten concentraciones de mercurio superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
5. No abandonar las metas climáticas y ni la transición energética
Aunque el cambio climático fue uno de los grandes ausentes durante la campaña para la Presidencia, todas las personas con las que conversamos creen que el próximo Gobierno no puede echar en saco roto los compromisos climáticos que tiene Colombia. Los debe continuar su cumplimiento, insisten.
“Tenemos que cumplir las metas climáticas de descarbonización hacia 2030 y hacia 2050. Eso es primordial y tienen que estar involucrados todos los sectores”, advierte Jeancarlo Sánchez, vocero del grupo Biodiversos.
Se refiere a que después del Acuerdo de París, Colombia se comprometió, entre otras cosas, a reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero, culpables del cambio climático, y a alcanzar la carbono neutralidad en 2050.
En palabras de Roa, el siguiente mandatario no puede dejar de lado esa misión, que hace parte de un compromiso global de reducir no sobrepasar la temperatura 1,5 °C. “Las decisiones que se adopten en los próximos 4 años definirán la capacidad de Colombia para reducir los riesgos asociados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, añade Sandra Valenzuela, de WWF.
Valenzuela tiene una cifra para dimensionar la urgencia de prestarle atención a ese desafío: “Cifras del Gobierno en 2021 proyectaron la pérdida anual esperada por el cambio climático en Colombia en COP 4,03 billones. A esto se suman costos cercanos a COP 7,8 billones de anuales en medidas necesarias para reducir riesgos de eventos extremos, inundaciones, sequías e incendios forestales”.
Para ambas, es un camino que debe ir acompañado por una transición energética justa, que impulse las energías renovables. “Esto implica impulsar las energías renovables, la electrificación del transporte y la industria”, agrega Valenzuela. “Pero no basta con eso, sino que hay que plantear cómo vamos a salir de una economía fósil de forma justa y ordenada”, complementa Roa.
La gran pregunta es si este reto será asumido por el próximo Presidente, en medio de sus perspectivas por impulsar e intensificar la extracción de hidrocarburos.
6. Robustecer el sector ambiental y “despolitizar” las CAR
Hay otro reto en el que también coinciden la mayoría de las personas que consultamos. Uno de los enormes desafíos que tendrá el Gobierno de De la Espriella será robustecer la institucionalidad ambiental, aún coja para todos los asuntos que debe tratar el sector. Claudia Calao González, vocera de Biodiversos, pone un ejemplo: “Necesitamos equipos que, en la ANLA, hagan un trabajo juicioso y riguroso a la hora de aprobar las licencias ambientales de grandes proyectos”.
La profesora Vilardy también cree que es un sector que requiere de muchos más funcionarios, pues, por el momento no cuenta con todos los necesarios. “Hay alrededor de 6.000. En cambio, el Ministerio de Agricultura está por el orden de los 21.000 o 22.000 funcionarios”.
Lo otro en lo que concuerdan es que el Gobierno se le debe medir a hacer una reforma de la manera en que se manejan las Corporaciones Autónomas Regionales, pues se han convertido en entidades hechas para “responder a favores políticos”, dice uno de ellos.
“Hay que devolverles la transparencia y el rigor técnico”, sintetiza Roa. “Hay que recuperar la institucionalidad ambiental basada en el mérito”, dice Jeancarlo Sánchez, de Biodiversos.
Para Sandra Valenzuela hay otro tema que no se puede dejar de lado a la hora de robustecer el sector: “Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de millones de hectáreas terrestres y marinas”.
7. Continuar impulsando las ETIS y el trabajo comunitario
El Gobierno de Gustavo Petro tomó una decisión que fue muy aplaudida por las organizaciones que tienen presencia en la Amazonía, pues es una deuda que tenía el Estado desde la Constitución de 1991: le dio vía libre a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), unas figuras político-administrativas que le otorgan a los pueblos indígenas autonomía para autogestionarse. Ya hay ocho consolidadas y otras dos están en proceso de formalización donde las comunidades gozarán de autonomía política, administrativa y fiscal.
Tanto para Claudia Vásquez, como para Solano y para Roa, es indispensable que el siguiente Gobierno continúe respaldando ese trabajo y “recoja lo construido en estos 4 años”.
“Sería ciego no apoyar estas nuevas formas de entender el territorio”, dice Solano.
A su parecer, hay otro impulso que no se puede detener: “El trabajo que se ha hecho con el resto de organizaciones de base que representan, además de indígenas, a campesinos y a comunidades afro. El reto es reconocer lo que germinó después de un esfuerzo del actual Gobierno”, como ha sucedido, dice, en La Mojana.
Tal vez así, complementa Roa, se puede disminuir la conflictividad socioambiental y las tensiones territoriales que, cree, pueden presentarse en un escenario de mayor explotación de hidrocarburos y de minerales.
8. Una alimentación más sostenible y la definir con rigor la frontera agrícola
Para Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia, hay un tema que no puede dejarse de lado a la hora de hablar de desafíos ambientales para un Gobierno: promover sistemas alimentarios más sostenibles que, a su vez, garanticen la seguridad alimentaria.
“En un contexto de creciente variabilidad climática, fortalecer sistemas agroalimentarios resilientes, impulsar la agroecología y promover modelos productivos que protejan los suelos, el agua y la biodiversidad será fundamental para garantizar la producción de alimentos, reducir riesgos económicos y generar nuevas oportunidades de desarrollo rural”, advierte.
Claudia Vásquez, de TNC, añade un punto más a la hora de hablar del agro, un sector que constantemente está en conversación con el ambiental: “hay que ser muy rigurosos a la hora de definir la frontera agrícola. Hay que ser muy rigurosos con el análisis de las capas con las cuales se ordena el territorio, para no perjudicar ecosistemas que pueden ser fundamentales en la adaptación al cambio climático, como los humedales”.
9. Proteger a los defensores ambientales
Cada vez que la ONG Global Witness publica el informe donde detalla cuáles son los países más peligrosos para ser defensor del ambiente y de la tierra, Colombia está en los primeros lugares. En 2024, por ejemplo, volvió a ocupar el primer puesto: asesinaron a 48 personas.
Por ese motivo, la exviceminstra Roa y Jeancarlo Sánchez, de Biodiversos, concuerdan en que un gran desafío que tendrá el próximo Presidente será permitir que haya garantías para la defensa del ambiente (algo en lo tiene que ver la implementación del Acuerdo de Escazú).
“El desafío también es combatir la impunidad y las agresiones”, indica Roa. “Estos líderes y lideresas son esenciales para la democracia”.
10. Que la biodiversidad sea un eje de la economía y ponerse pilas con las especies exóticas invasoras
El grupo de profesionales que compone Biodiversos tiene una especial inquietud: el perjuicio que están causando las especies exóticas invasoras en los ecosistemas colombianos. Por eso, como ya lo habían detallado en una carta que le enviaron a los candidatos a la Presidencia, creen que un punto central que no puede eludir el próximo mandatario ni su Ministerio de Ambiente es no actuar frente a esas especies, entre las que se encuentran el hipopótamo (Hipopotamus amphibius), la trucha común o trucha europea (Salmo trutta) o el buchón (Eichomia crassipes).
Para ese grupo, el gran reto es aplicar el Plan Nacional de Especies Exóticas Invasoras con base científica, que ya fue “aprobado por el Ministerio de Ambiente y respaldado por los institutos de investigación”.
A la hora de hablar de biodiversidad, Valenzuela va más allá: “Las prioridades del próximo gobierno deben situar la biodiversidad y la acción climática en el centro de las decisiones económicas del país. La biodiversidad no es únicamente un asunto ambiental; es fundamental para la seguridad hídrica, energética y alimentaria, así como para la productividad y la estabilidad económica de Colombia. Más de la mitad del PIB colombiano depende de sectores con una relación directa o indirecta con la biodiversidad, como la agricultura, el agua, la energía y el turismo”.
Ñapa: La contaminación del agua y la pérdida de corales
Para Claudia Vásquez, de TNC, y para la profesora de la Universidad de los Andes Sandra Vilardy hay un tema que suele quedar relegado cuando se habla de desafíos ambientales, pero que no es menor en Colombia: la grave contaminación del agua.
“Tenemos ríos, humedales, ciénagas contaminados. No podemos seguir funcionando en un país una gran disponibilidad del agua, pero terriblemente contaminada. Es un tema fundamental. El próximo Gobierno debe tomar medida preventivas”, asegura Vásquez.
Materia orgánica no biodegradable, pesticidas, mercurio, plásticos y otros desechos sólidos que llegan a las fuentes de agua, son algunos de los elementos que suelen inquietar a quienes tienen un ojo puesto en los cuerpos de agua del país y a nuestros océanos.
Lo otro que Sánchez, de Biodiversos, cree que el Gobierno debería tener en su lista de temas ambientales por atender es la pérdida de corales en los mares colombianos, especialmente, en el Caribe. Además del blanqueamiento que están sufriendo varias especies por el aumento de temperatura del mar, desde hace unos cuatro años biólogos detectaron que algunas padecen la “enfermedad de pérdida de tejido coralino”, que está considerada, de hecho, la principal amenaza para los arrecifes de coral del Gran Caribe.
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Por Sergio Silva Numa
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