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Campesinos y mineros de seis departamentos del país completaron ayer dos días de paro nacional indefinido. En Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Risaralda algunas comunidades mantienen bloqueos en las vías, especialmente las que conducen al centro del país. Uno de los departamentos más afectados es Santander, donde hasta la tarde de este martes aún se mantenían bloqueadas las vías hacia Bogotá y Cúcuta, así como los corredores viales Los Curos – Málaga que conectan con la capital del país.
En este departamento los habitantes de los páramos Santurbán y El Almorzadero exigen al gobierno nacional que se deroguen y modifiquen varias leyes, decretos y resoluciones, que básicamente hablan sobre tres temas: la delimitación de los páramos, la frontera agrícola y las áreas de reserva temporal.
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Para entender esta situación, hay que remontarse a la ley 1930 de 2018, más conocida como la Ley de Páramos, el centro de la discusión de este paro. Se trata de una normativa que en términos generales establece a los páramos como ecosistemas estratégicos, y fija las directrices que buscan su integralidad, preservación, restauración y uso sostenible.
Dentro de esas directrices está, por ejemplo, la prohibición del desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, las expansiones urbanas, la construcción de nuevas vías, el uso de maquinaria pesada en el desarrollo de actividades agropecuarias y la disposición final, manejo y quema de residuos sólidos y/o peligrosos al interior de los páramos. Además, ordena la delimitación de estos ecosistemas en el país, el punto que, en especial, rechazan algunas de comunidades que viven en estos ecosistemas.
Básicamente, esta delimitación permite conocer cuál es el área del páramo, y las actividades que se pueden realizar -y las que no- allí, para conservar el ecosistema. En el caso de Santurbán, la fuente principal de agua de al menos 2,5 millones de personas de 20 municipios, entre ellos Bucaramanga y Cúcuta, ya se contaba con una delimitación contemplada en la resolución 2090 de 2014. Sin embargo, esta fue demandada por un grupo de ciudadanos, quienes consideraron que en ese entonces no hubo suficiente participación de las comunidades en el proceso que lideró el Ministerio de Ambiente.
De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) “la delimitación, tal como fue realizada, violó los derechos a la participación y acceso a información, debido a que la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga no fue convocada apropiadamente, ni sus opiniones e insumos fueron tenidos en cuenta”, cita la sentencia T 361 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar una nueva delimitación en 2017.
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Aunque esta nueva delimitación debía estar lista en 2018, seis años después de la sentencia de la Corte no se ha hecho. “40 municipios entraron en el proceso de la nueva delimitación, de esos, solo alrededor de diez hemos concertado la línea de páramo. Ha sido un proceso muy lento. Solo en California (Santander) se tardaron cuatro años para definirla”, menciona Fabio Maldonado, director de Consotonorte, una agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, en Santander.
En el caso del páramo El Almozadero el proceso de delimitación ha contado con el rechazo rotundo de las comunidades. “Ellos se levantaron de la mesa de diálogo hace varios años, porque como no le cumplieron a Santurbán, saben que no le van a cumplir a ellos”, agrega Maldonado.
Los habitantes de este páramo también se unieron al paro rechazando el proceso de delimitación, especialmente en lo que tiene que ver con la actualización de la frontera agrícola, el límite del suelo rural que separa las áreas donde se pueden desarrollar las actividades agropecuarias de las que no. En agosto de este año, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) publicó la actualización de la frontera agrícola, donde quedó establecido que en el país hay cerca de 43 millones de hectáreas para desarrollar actividades agropecuarias: más de 20 millones de ha no tienen condiciones y cerca de 23 millones de ha que están en áreas donde las actividades agropecuarias pueden ser permitidas, restringidas o prohibidas de acuerdo con las condiciones impuestas por la ley.
“A nosotros, en el municipio de Concepción (Santander) nos trazaron una línea con la que nos están quitando el 75 % de la zona rural”, asegura Erika Ortiz, representante legal de la Asociación de Parameros de Concepción. Este lugar es conocido por su alta producción de papa y leche. Con la actualización de las zonas rurales dicen que les dejaron menos del 20 % las áreas permitidas para sus actividades. “Con estas medidas nos están limitando la producción de ambas cosas”.
La misma situación se percibe en el páramo de Santurbán, específicamente en el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona. Este es un lugar reconocido como una de las despensas agrícolas de Santander, especialmente por su producción de cebolla y papa. “La pregunta es, ¿dónde vamos a trabajar los campesinos? El gobierno nos habla de reconversión agrícola, pero ellos no entienden la realidad de los campesinos. Hasta la fecha no nos han brindado alternativas que tengan la misma o mayor sostenibilidad que manejamos nosotros”, dice Cielo Flórez, líder campesina del páramo de Santurbán, en el corregimiento de Berlín.
El último punto del pliego de peticiones en Santander es el relacionado con las Áreas de Reserva Temporal establecidas en el Decreto 044, expedido por el Ministerio de Ambiente en enero de este año. El documento tiene como objetivo, en parte, determinar en qué áreas del país es permitida, restringida y excluida la minería para la protección del medio ambiente.
Esta herramienta le permite al Ministerio establecer reservas ambientales temporales (por un máximo de cinco años) para desarrollar un ordenamiento minero-ambiental y establece los criterios para declarar estas zonas en el territorio, que implicarían, potencialmente, la exclusión de la actividad minera en ciertas áreas.
En palabras de la ministra Susana Muhamad, con el Decreto 044 buscan arreglar “el gran desorden minero que nos dejaron por una política minera que entregaba títulos a diestra y siniestra, sin contemplar el ordenamiento territorial ni ambiental del país”.
Para los mineros de municipios como California, donde más de 50 % de los habitantes se dedican a esta actividad, esta es una medida que “termina condenando a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos a la total ilegalidad del territorio. En el caso de Soto Norte, seis municipios se verían afectados, porque más de 78 mil hectáreas quedarían en zonas de conservación, sumado a las que ya están delimitadas como páramo. Eso quiere decir que el 100 % de nuestro territorio quedaría en zona de conservación, entonces, ¿qué vamos a hacer las 29 mil personas que vivimos en Soto Norte? Quedaríamos en la completa ilegalidad”, dijo el vocero de Soto Norte.
Durante la tarde del ayer, martes, los líderes de los parameros y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, realizaron una reunión para analizar todas estas inconformidades y buscar respuestas por parte del Gobierno Nacional. Al cierre de esta edición no se habían hecho anuncios sobre este encuentro.
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