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Un documento del Ministerio de Ambiente, que estará abierto a comentarios hasta el próximo 13 de marzo, planteó la hoja de ruta para implementar el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este tratado busca, en palabras sencillas, la participación pública, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primero en incluir obligaciones específicas para la protección de quienes defienden el medio ambiente.
En 2022, fue aprobado por el Congreso de la República y luego, en 2024, la Corte Constitucional le dio su aval. Ahora, el Gobierno quiere definir los compromisos específicos del país para cumplir con el Acuerdo de Escazú.
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La ruta planteada por la cartera, comunicó la ministra encargada, Irene Vélez, “propone acciones concretas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover la participación pública incidente en temas ambientales y fortalecer el acceso a la justicia ambiental, con un énfasis especial en la protección de la vida y la dignidad de quienes defienden los territorios y el ambiente”.
Al evaluarla, Vanessa Torres, abogada especialista en Derecho Ambiental y subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, señala que la propuesta tiene algunos aspectos positivos. Se refiere, por ejemplo, a que el ministerio adoptó la recomendación habían hecho desde esa organización, luego de que el año pasado el Gobierno publicara un proyecto de decreto con el fin de establecer una comisión intersectorial para la implementación del tratado.
“Nosotros enviamos un mensaje directo, indicando que lo más importante no era crear entidades para darle seguimiento al Acuerdo de Escazú, sino pensar en qué es lo que se va a implementar y de qué manera”.
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“Efectivamente, nos escucharon”, dice Torres. Esa fue, a sus ojos, una “primera victoria” para la sociedad civil. Pero ahora que el ministerio ha priorizado construir la hoja de ruta, son varios los reparos frente al proyecto, pues algunos consideran que queda mucho por trabajar para establecer una guía que permita implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú.
Incluir más voces
Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política para el desarrollo de WWF Colombia, señala que en el primer borrador de la hoja de ruta no es evidente una participación ciudadana fortalecida, a diferencia de lo que ha sucedido con otras propuestas, como la de Chile o la de Ecuador.
En esos otros países, asegura el abogado, antes de llegar al punto de recibir comentarios ya se habían realizado talleres, socializaciones y campañas mediáticas en las que se retomaba el contenido del acuerdo y se invitaba “de manera más integral y masiva a la comunidad a ser parte”. Personas como Madrigal aspiran que la consulta pública virtual sea apenas un primer paso, pues “ese único momento de participación no es suficiente”, plantea.
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Según confirmó el Ministerio de Ambiente a este diario, además de la consulta virtual, ya se realizó un espacio presencial en Bogotá el pasado 18 de febrero, el cual incluyó a organizaciones civiles ambientalistas. Con el fin de “garantizar una participación abierta e inclusiva”, la cartera tiene planeado llevar a cabo otros dos encuentros en Cali: uno con líderes, lideresas y académicos el 19 de marzo, y otro con niñas, niños y adolescentes el 20 de marzo.
Torres, de Ambiente y Sociedad, afirma que en esos procesos será fundamental la transparencia. La abogada subraya la importancia de que el ministerio aclare cómo son seleccionadas las personas que asisten a las mesas de diálogo y cómo se asegurará que puedan llegar a las reuniones, dado que muchos viven en zonas alejadas de los cascos urbanos. Dice, además, que los encuentros presenciales deben garantizar la participación de la mayor cantidad de personas, sobre todo de aquellas que protegen el medio ambiente, pues son quienes están en un “escenario de primera línea de defensa”.
Natalia Gómez es consultora internacional en medio ambiente y derechos humanos y exrepresentante del público en la negociación del Acuerdo de Escazú en el periodo 2015-2021. A sus ojos, se deben aprovechar esas instancias en que los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas de la academia y de la sociedad civil pueden aportar a la discusión, pues tienen años de experiencia abordando estos asuntos.
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Torres también espera que haya claridad sobre los espacios de formación previa. Una gran deuda del Gobierno, asegura, es asumir una pedagogía sobre el Acuerdo de Escazú, es decir, explicar a las comunidades de qué trata este convenio, para qué sirve y por qué los aportes de la ciudadanía son importantes. Durante los últimos años, esta tarea la han encabezado organizaciones como Ambiente y Sociedad. “Ya es momento de que el Gobierno también asuma un rol de liderazgo”, subraya la abogada.
Un punto adicional que inquieta a algunos es que, al ver el borrador de la hoja de ruta, les deja la sensación de que ha sido un trabajo sectorizado. Torres explica que al hablar de personas defensoras del medio ambiente, se necesitan establecer las responsabilidades de otras carteras, como el Ministerio del Interior, así como de entes de control.
En este caso, apunta, “todo se relaciona directamente con las competencias del sector ambiental, lo que evidencia que, si bien es un documento firmado desde Presidencia y desde otras entidades del Estado, no hubo el tiempo suficiente para coordinar interinstitucionalmente. Eso es lo que suele pasar; nunca hay tiempo para que lleguen a ese nivel de discusión y articulación donde haya compromisos entre entidades”.
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En esa misma línea lo percibe Gómez, quien se pregunta en qué medida se consultó el documento del borrador a nivel interno, entre las diversas entidades del Gobierno. “Sabemos que esto no recae solo sobre el Ministerio de Ambiente, que sí lo va a liderar, pero para implementar el Acuerdo de Escazú y todas sus obligaciones, se necesita una coordinación con muchas más entidades públicas. Me queda la duda de qué tanto esto fue un trabajo coordinado”.
Atención al detalle
Algunos concuerdan en que al borrador del Minambiente le hace falta profundidad y un desarrollo específico de cada uno de sus puntos. Para Madrigal, de WWF esta propuesta de hoja de ruta se presenta como una política de lineamientos generales y de bases, más que una estrategia particular de implementación. “Es como un marco de actuación con unas prioridades, pero no hay acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo”.
De manera similar opina Gómez, para quien el documento presenta una serie de obligaciones que, de por sí, tiene el Estado colombiano. Hace falta, a su parecer, un diagnóstico del cumplimiento de esas obligaciones y la garantía de los derechos, así como plantear claramente cuáles son las acciones que el país va a trazar como prioritarias para empezar a implementar el Acuerdo de Escazú.
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Dicho de otro modo, el borrador planteado por el Minambiente no delega responsabilidades específicas, además de que maneja un lenguaje ambiguo. “No se llega a un nivel de detalle a nivel jurídico”, expresa Torres. “Eso nos deja un poco perdidos en qué tan lejos va realmente a llegar la implementación de esta hoja de ruta”.
Un ejemplo es la acción 9 del proyecto, que se refiere a fortalecer el sistema de información ambiental en Colombia. Este es uno de los grandes retos que tenemos en el país, pues persisten brechas enormes frenta a cómo la ciudadanía accede a información de calidad. “Desafortunadamente, en la acción 9 no se explica cómo va a ser ese fortalecimiento y no nos dice cuáles son las entidades responsables de lograrlo”, expresa Torres.
Sobre este punto, Alejandra Laina, directora del programa de Alimentos, uso del suelo y agua de WRI Colombia, asegura que es indispensable delimitar claramente los criterios para la reserva de información, evitando que entidades públicas o privadas apelen de forma excesiva la confidencialidad y restrinjan la máxima divulgación. “Actualmente, esta práctica es un problema recurrente que no se resuelve ni siquiera mediante los mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana”.
Una de las ventajas del Acuerdo de Escazú es que el acceso a la información ambiental, así como a la justicia, la protección de defensores de la naturaleza y la participación pública, son aspectos que están conectados entre sí. En otras palabras, el tratado integra y mantiene una interdependencia entre los derechos.
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“Si yo sé que más o menos el 50 o 60 % de las violencias en contra defensores ambientales son hacia personas asociadas a pueblos étnicos, entonces me fijo en sus sistemas de información propios”, plantea Madrigal. “Se puede ver cómo gestionan el conocimiento estas comunidades en Colombia y cómo eso alimenta el sistema de información ambiental. También es posible observar en qué escenarios de toma de decisiones estas personas están siendo invisibilizadas, como en asuntos de agua y cambio climático, en donde no se están escuchando esas voces étnicas y de mujeres. Y ahí se hacen las reformas, se obliga a que se consideren sus aportes y sus observaciones, como lo manda Escazú”.
Se trata de una especificidad de la que, coinciden los expertos, carece el borrador del Minambiente, pues las acciones prioritarias que se están proponiendo no son concretas. Para Gómez, un escenario ideal habría sido que el Gobierno trabajara de la mano con la Secretaría del Acuerdo de Escazú, a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas.
Esta entidad, explica la especialista, ha acompañado a muchos países de la región en ese proceso, pues de hecho tiene una guía sobre cómo construir las hojas de ruta. “El documento que está poniendo en consideración el Ministerio de Ambiente es muy diferente. Me parece que no tuvo en cuenta el apoyo que otorga la Secretaría Técnica”, apunta. Torres agrega que el documento de la hoja de ruta, hasta el momento es muy sencillo. “Es declarativo, insisto, y creo que se puede mejorar mucho más”.
Hay una preocupación más: el hecho de que la cartera actúe a contrarreloj en época electoral y que Colombia esté próxima a un nuevo Gobierno. Aunque el Minambiente quiera dejar la hoja de ruta lista antes de que finalice el mandato de Gustavo Petro, a ojos de Torres debe ser prioridad el respaldo de una pedagogía previa y espacios efectivos de participación ciudadana que no se realicen “a último minuto”.
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