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Lo que está sucediendo en el relleno sanitario donde Medellín y más de 40 municipios de Antioquia depositan sus desechos no ha dejado de generar controversia en las últimas semanas. La autoridad ambiental del departamento —la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia— ya había manifestado su preocupación en varias oportunidades e, incluso, le había puesto un límite a su vida útil: el martes 17 de octubre. Ese día llegaría a su capacidad máxima.
Ese plazo se venció y, en medio de la intensa discusión que ha despertado este tema en el departamento, Corantioquia aseguró que la compañía encargada del relleno sanitario podría continuar con sus labores. Sin embargo, puso el balón en manos de la empresa: lo que pase de aquí en adelante, dijo, será responsabilidad de la compañía Emvarias (Empresas Varias de Medellín).
La Pradera, como se llama el relleno sanitario que se encuentra en el municipio de Donmatías, a más de 50 kilómetros de Medellín, hoy recibe 3.400 toneladas de residuos cada día. El problema es que la única de las tres grandes porciones de terreno que queda disponible para depositar desechos, estaba próxima a exceder su capacidad máxima, según los reportes de Corantioquia. Eso, de acuerdo a esa entidad, causaría efectos ambientales, como el vertimiento de desechos y lixiviados a las fuentes hídricas cercanas al lugar. Estas sustancias líquidas pueden contener una amplia gama de contaminantes.
Por eso, en su último pronunciamiento le recordó a Emvarias que condiciones de inestabilidad de ese terreno, llamado “vaso Altaír”, “limitan el uso del volumen total autorizado y las proyecciones de disposición de la empresa”. También le advirtió que es su responsabilidad “generar confianza en los datos que aportan, la operación segura del vaso y el cumplimiento con las condiciones de la Licencia Ambiental”.
Emvarias, por su parte, dijo que el relleno podrá seguir funcionando hasta final de año, pero aún no hay una fecha precisa para su cierre. El Espectador intentó hablar con la empresa, pero esta se limitó a reiterar las cifras que habían presentado el 29 de septiembre. Según sus cálculos, el vaso Altaír tiene una capacidad de 598.000 metros cúbicos (m3), que corresponden a una vida hasta abril de 2024 (m3). Eso, en sus palabras, equivale a siete meses más de deposición de residuos.
“Mediante una resolución (la 040-RES-2301-207 del 24 de 2023), ya fue aprobado cambio menor, que tiene restringida la disposición, pero que nos dará una capacidad adicional de 380.000 m3, equivalentes a una vida útil adicional de cinco meses, es decir, nos garantizará prestar el servicio de disposición final hasta septiembre de 2024″, aseguran desde Emvarias.
También afirman que están tramitando una modificación de licencia para habilitar una segunda zona que les daría 5 meses adicionales, es decir, una vida útil total hasta marzo de 2025. Allí habría disponibilidad para otros 400.000 m3.
Por lo pronto, la autoridad ambiental del departamento afirmó que, con la información suministrada por Emvarias, posiblemente la capacidad de todo el relleno sanitario aún no esté próxima a excederse. Además, se comprometió a que mantendría visitas de inspección, evaluación de información y verificación de requerimientos de La Pradera.
¿Alguna solución a la vista?
Una de las alternativas que suelen ponerse sobre la mesa cada vez que se deja en evidencia el serio problema por el que atraviesa Medellín con sus desechos es la ampliación de otro vaso llamado Piñuela. Pero hace una semana, Carlos Borja, gerente de Emvarias, admitió en el Concejo de Medellín que su construcción aún no se ha concretado.
Otra solución que ha planteado Emvarias, en caso de que suspenda La Pradera, consiste en enviar los residuos a Manizales. El costo de esa operación, según Borja, sería de alrededor de $1.640 millones diarios.
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Algunos de los municipios que están involucrados este enredo también han tratado de hallar alternativas. Por ejemplo, Rionegro creó una mesa técnica con otros municipios del Oriente como Alejandría, Guarne, Cocorná, San Francisco y El Retiro, para evaluar soluciones ante un posible cierre de La Pradera.
En palabras de Carlos Estiven Pulgarín, ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor en Ingeniería Ambiental, lo que está sucediendo en el Valle de Aburrá no es nuevo y revela que “los rellenos sanitarios y los botaderos a cielo abierto tienen su tiempo contado. Nadie quiere uno de ellos cerca de su casa. Finalmente, si un relleno sanitario se acaba, se puede disponer u ocupar otro espacio para ello”. El desafío, añade, es que “un relleno afecta todo el ambiente que lo rodea”.
Por Luisa Fernanda Orozco
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