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El Ministerio de Agricultura está preparando una resolución que flexibilizaría las reglas de la frontera agrícola en Colombia, ampliando el abanico de actividades campesinas permitidas en áreas protegidas como los páramos o las zonas de importancia ecológica. Sus planes han generado descuerdo en parte del sector ambiental, que lo ve como una decisión “regresiva”.
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El proyecto de resolución, que ya cerró la etapa para recibir comentarios, modifica varias normas que reglamentan la frontera agrícola nacional, es decir, los suelos en los que se puede cultivar en Colombia, para alinearlos con nuevas leyes del actual Gobierno que modificaron la Constitución. Entre ellos están aquellos que reconocen a los campesinos como sujetos de especial protección, así como el que ratifica el rol del estado en el derecho a la alimentación.
En la resolución se puede leer que “las actividades de la agricultura campesina no se entenderán en ningún momento excluidas de las zonas de páramos y alta ladera. Su reconocimiento tiene como objeto proteger a las comunidades campesinas que los habitan históricamente y garantizar sus derechos al territorio, la seguridad alimentaria y la pervivencia de sus formas de vida”.
La medida es respaldada por la sentencia C-300 de 2021 de la Corte Constitucional que estableció que, con el objetivo de armonizar diferentes derechos, son exequibles las normas que permiten la “continuidad de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en zonas delimitadas como páramo”.
El problema, sostiene Germán Andrade, integrante del panel de expertos de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica (IPBES, por sus siglas en inglés), es que “en Colombia el término de actividad de ‘bajo impacto’ sigue siendo una aspiración, muy buena, pero que no tiene nada de concreto. Por ejemplo, no se puede decir con certeza que los cultivos de cebolla que hay en el Páramo de Berlín, en Santander, tienen un impacto bajo”.
Andrade fue uno de los 26 científicos, expertos, investigadores de universidades y actores políticos que le enviaron una carta el 19 de septiembre a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para que suspenda la emisión de la resolución. Está firmada, entre otras personas, por Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Clara Solano, directora de la Fundación Natura; Claudia Vázquez, directora de Programa Colombia The Nature Conservancy; Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Universidad de Los Andes, y Julio Carrizosa Umaña, uno de los padres del ambientalismo en Colombia.
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“La incorporación, a través de una resolución ministerial, de áreas de este tipo en la frontera agropecuaria, es una medida regresiva que vulnera, entre otros, el principio de no regresividad ambiental”, detallan en la carta enviada a la cartera.
Además, dicen que “la medida administrativa propuesta no solo significaría el desconocimiento de un robusto marco normativo constitucional, legal, reglamentario e incluso de instrumentos internacionales, sino que pondría en riesgo la sostenibilidad hídrica, la biodiversidad, la regulación climática y, en general, la salud de la base natural que sustenta nuestro territorio”.
Los firmantes de la carta apuntan a que la normativa se expide, mientras que la frontera agropecuaria en Colombia sigue en un proceso de crecimiento, “sin que el país haya revisado su eficiencia y tomado las decisiones necesarias”. Para poner esto en perspectiva, aseguran que, según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), se estima que, mientras que para 2018, la frontera agrícola era de 40 millones de hectáreas, para 2024 esta representaba aproximadamente 43 millones de hectáreas.
Es una cifra que para el Ministerio de Agricultura es incorrecta, como le respondió a este diario, pues los “ajustes en área obedecen a la incorporación de insumos con mayor nivel de detalle y no al reconocimiento de las actividades desarrolladas de forma ilegal”.
¿Una frontera más borrosa?
Con la resolución se pretende de abordar los retos de la frontera agrícola en Colombia, no mirando qué se excluye de esta, sino gestionando las restricciones existentes. “Su actualización reconfigura el término exclusiones a: restricciones legales, restricciones acuerdo cero deforestación y restricciones técnicas a partir de condiciones habilitantes de carácter normativo y de política pública”, detallan en el proyecto.
Pero, ¿cómo se propone esto? Por ejemplo, el borrador indica que se permitirán “actividades de explotación forestal o reforestación con fines comerciales” y, entre otros, “la pesca comercial en el ámbito continental e insular” en ciertas zonas catalogadas como: “ambientales”, “étnico-culturales” y en “riesgo de desastres”.
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En estos lugares se daría un manejo condicionado y diferenciado de las restricciones ambientales con el objetivo de proteger los derechos de los campesinos, que no deben ser vistos, según la normativa, como “depredadores ecológicos, sino actores que coadyuvan a la conservación”.
En opinión de Gustavo Guerrero, integrante de la World Commission on Environmental Law (WCEL) de la IUCN y exprocurador delegado para Asuntos Ambientales, “la propuesta del ministerio, aunque reconoce derechos, hace más borroso el límite de la protección ambiental y de las actividades agropecuarias y, de hecho, da confianza y fomenta estas últimas en áreas por las que el país ha luchado por conservar”.
En esta misma línea, los firmantes de la carta enviada a la ministra de Agricultura advierten que se correrían varios riesgos ambientales, “al tenerse en cuenta que el 45 % de la demanda hídrica está asociada al sector agropecuario, con un reporte de desperdicio del 50 %, según el Estudio Nacional del Agua […] Además, en materia de emisiones de gases efecto invernadero, el 59 % de las emisiones identificadas en el inventario nacional están asociadas a la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra”.
En contraste, para Carlos Duarte, coordinador en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, “la medida permite que la gente que está viviendo en estas áreas lo siga haciendo bajo criterios ambientales, pues se debe reconocer que hay comunidades vulnerables que viven en ecosistemas estratégicos, incluso antes de que fueran declarados. Es positivo que se empiece a mirar esta situación viendo a los campesinos como agentes que puede cuidar también el ambiente como se tiene con las comunidades indígenas o afros”.
Por su parte, el ministerio de Agricultura sostiene que “el ajuste metodológico precisa que la frontera agrícola reconocerá las áreas en las que se han presentado históricamente las actividades agropecuarias, y plantea el reconocimiento de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
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El proyecto también reafirma que cualquier actividad en áreas de especial importancia ambiental y ecosistemas estratégicos permanece supeditada a las determinantes, la autoridad ambiental”.
Solo una guía
Uno de los puntos en los que el Ministerio de Agricultura es insistente es que los cambios que se proponen sirven como “una guía” y una “referencia”, y que no modifican los planes de ordenamiento territorial de los municipios, ni la delimitación de páramos y de zonas forestales. En el proyecto también se establece que esta propuesta es necesaria para armonizar la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), así como de la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), establecidas en el Acuerdo de Paz.
“Es muy similar a lo que está pasando con las APPA, que también son indicativas, pero en las que se les pide a los alcaldes que se tenga en cuenta en la reformulación de sus POT. La pregunta que surge es si en procesos, por ejemplo, actualización de planes de manejo ambiental, será necesario tener en cuenta esta nueva frontera agrícola”, sostiene Guerrero, del WCEL.
En esta misma línea, para Andrade del IPBES, “uno de los elementos que quisiéramos ver con mayor claridad el tema es tener una cartografía detallada y diferenciada que nos permita ver la realidad de acuerdo con la situación de cada uno de los territorios del país. Cuando hablamos de megadiversidad es entender la complejidad de los territorios para abordarlos, tanto ambientalmente, como desde un punto de vista social”.
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Ante esto, el Ministerio de Agricultura asegura que en cuanto a la cartografía se tiene en cuenta un documento técnico de la ‘metodología para la identificación general de la frontera agrícola’ y que se actualiza de manera permanente, lo cual disponible en el Sistema de Información Geográfica para la Planificación Rural.
“Desde esa resolución existen áreas condicionadas, equivalentes a 22,7 millones de hectáreas, donde toda actividad agropecuaria depende de los condicionamientos de la autoridad ambiental. La norma mantiene su objetivo ambiental de contribuir a estabilizar y disminuir la pérdida de ecosistemas estratégicos, bajo el principio de precaución”, responde el Minagricultura.
¿Un proyecto con baja participación?
Otra de las críticas al proyecto de resolución es el poco tiempo en el que estuvo abierto para consultas para la ciudadanía, pues solo estuvo disponible 10 días hábiles. En este periodo solo se presentaron oficialmente dos comentarios, todos de agremiaciones, como Asocapitales y Camacol, que señalaron la incertidumbre jurídica del proyecto, así como “una amplitud excesiva” de las ACFC.
“Echamos de menos un proceso participativo de discusión nacional profundo. La participación de grupos étnicos que habitan, ocupan y conservan estos territorios tampoco se menciona dentro de la memoria justificativa de la iniciativa normativa. Lo anterior nos lleva a sostener que el ministerio desconoce los postulados constitucionales que garantizan la participación de la comunidad y el Acuerdo de Escazú”, indican en la carta los líderes ambientales a la ministra Carvajalino.
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Por el momento, el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado sobre este punto y añade que se encuentra incorporando los comentarios recibidos oficialmente a la versión de proyecto. “El borrador busca robustecer el impulso de la Reforma Rural Integral y garantizar que el cierre y la estabilización de la frontera agrícola se haga en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades, bajo un enfoque de coordinación interinstitucional”, sostiene el Ministerio de Agricultura.
“Existen otros mecanismos para asegurar el acceso a la tierra sin afectar áreas protegidas; además, es insólito que, en el contexto de cambio climático, el gobierno no impulse más acciones para que las comunidades conserven la naturaleza, en lugar de actividades simplemente productivas”, comenta Guerrero, del WELP y exprocurador ambiental.
Aún está por verse el efecto que tendrá la medida que comparte similitudes con aquellas que buscaban atender la ganadería en Parques Nacionales Naturales con enfoque diferencial, y que siguen congeladas mientras el Gobierno realiza un censo.
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Por Fernán Fortich
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