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Desde hace algunas semanas se ha generado discusión por un decreto con el que los Ministerios de Ambiente y Minas empiezan a cumplir una sentencia del Consejo de Estado que les ordena, entre otras cosas, coordinarse a la hora de otorgar licencias para la explotación minera en Colombia, con el fin de que no se permita esta actividad en lugares de importancia ambiental.
Se trata del decreto 044 de 2024, firmado el pasado 30 de enero, con el que se crean los criterios para definir reservas temporales de recursos naturales. Es decir, zonas en las que se prohibiría la actividad minera “hasta que exista certeza sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las actividades mineras en el área reservada”, según el decreto. El plazo para definir si esas zonas son aptas o no para la minería sería de cinco años, prorrogables por otros cinco.
Uno de los primeros en manifestar su preocupación frente al decreto fue Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien aseguró entonces que este decreto permitía establecer reservas de manera “arbitraria y subjetiva”, algo que suspendería la minería “sin contar previamente con estudios ni criterios técnicos”.
Por esas preocupaciones, ayer se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en donde el congresista Octavio Cardona, del Partido Liberal, citó a las carteras de Ambiente y Minas a responder las inquietudes del sector minero. Además de la posibilidad de suspender la actividad minera en estas zonas, también temen que un plazo de cinco años, que puede terminar en 10, convierta una medida “temporal en permanente” que afecte las inversiones en el sector, según Cardona. ¿Qué dijo el Gobierno?
Las preocupaciones del sector minero
La sentencia del Consejo de Estado, emitida en agosto de 2022, surgió por una Acción Popular que pedía proteger los derechos a “un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”, entre otros. La decisión tiene más de 400 páginas. La razón de su extensión es que recopila decisiones judiciales desde 2002, todas sobre el mismo problema: la falta de articulación entre el sector ambiental y el sector minero.
Entre las órdenes que da ese ente a los ministerios Ambiente y Minas hay tres fundamentales. En la primera, les solicita un documento técnico en el que indiquen cuáles son todas las zonas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) en las que está vetada la minería, en las que se permite de manera restringida y aquellas que tienen pendiente su declaración como área protegida. Dentro de estas se encuentran los Parques Nacionales Naturales (PNN), las reservas naturales y los santuarios, por mencionar algunas.
En la segunda orden, solicita un documento similar, pero esta vez ubicando en el mapa del país las zonas consideradas estratégicas en material ambiental. Allí se incluyen áreas que no necesariamente hacen parte del SINAP, pero que son fundamentales para la conservación, como páramos, manglares o reservas forestales.
Finalmente, con esos documentos, el Minambiente y el Minminas deberán crear un mapa en el que se establezca en qué zonas del país se puede o no hacer minería. Para hacerlo, deberán garantizar que, por ejemplo, la actividad minera no afectará las fuentes de agua o un ecosistema fundamental para la biodiversidad. Mientras se hacen esos estudios, el Consejo de Estado les pide que se creen las reservas naturales de carácter temporal.
Ese proceso ya se había adelantado en algunas áreas del SINAP, por medio del decreto 1374 de 2013, pero no en ecosistemas estratégicos que no estuvieran contemplados allí. Estos últimos, como reconoció Muhamad en el debate, se encuentran en una gran parte del país, por lo que el decreto supone apenas el principio del cumplimiento “de las órdenes más álgidas de la sentencia”.
A Nariño, de la ACM, lo que le preocupa es que en el decreto no haya una definición clara de cuáles son esas zonas estratégicas, por lo que “le permite al Ministerio de Ambiente, con criterios amplios, ambiguos y subjetivos, determinar áreas de reserva temporal en cualquier parte del territorio”. Esto, añadió durante el debate, “genera una enorme incertidumbre para la inversión”.
Sobre esto, Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, dijo a El Espectador que el decreto advierte “un uso indiscriminado del principio de precaución” para establecer reservas temporales, por la generalidad con la que está redactado. Eso, aseguró, es utilizar “la sentencia como una especie de caucho que se puede estirar como se quiere”, por lo que considera que hubo una mala interpretación de lo ordenado por el ente judicial.
Además, Guerrero dijo en el debate que la sentencia ordena que “las decisiones no pueden partir de la incertidumbre o la ignorancia. El principio de precaución debe tener una base científica, que garantice que las consecuencias no caigan sobre toda la actividad minera”.
Frente a ese escenario de incertidumbre planteado por la Procuraduría y ACM, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, le confirmó en medio del debate a Muhamad que, hasta el momento, no se han dejado de entregar títulos mineros ni se han retirado solicitudes para tramitarlos.
La ministra de Ambiente también aseguró que “los criterios para definir las áreas de reserva temporal no van a ser arbitrarios. El decreto dice que se considerarán los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio y los que dispongan las autoridades ambientales”, que serían los criterios técnicos para definirlas.
Reservas temporales de hasta 10 años
Otra de las inquietudes que planteó Octavio Cardona, representante que citó al debate, tiene que ver con el tiempo que se establece para las reservas naturales de carácter temporal. Según el decreto, estás zonas tendrán “una duración de hasta cinco años, prorrogable por una única vez, de conformidad con las características y necesidades de cada área”.
Esa vigencia, en el decreto de 2013, era de un año prorrogable por otro más. Al establecer un período tan largo, apuntó Cardona en el debate, “están suspendiendo todo lo que tenga que ver con minería, para después hacer los estudios ambientales. Y yo creo que ese no puede ser el propósito”. Al respecto, Nariño dijo que esto también tiene un impacto en la inversión, pues “nadie va a poner plata donde sabe que le pueden suspender la actividad durante 10 años”.
Guerrero, de la Procuraduría, dijo que ese período, aunque no es algo que se exprese literalmente en el decreto, “se infiere de los efectos que surtirá que se conduce hacia una moratoria minera”. Esto es, en otras palabras, que se suspendería la minería hasta que no se adelanten todos los procesos técnicos que garanticen que no se afectan ecosistemas estratégicos.
“De ninguna manera se puede decir que el decreto 044 establece una moratoria minera. Eso está salido de toda proporción” expresó Muhamad al inicio de su intervención en el debate. Que se contemple un período de cinco años responde a que “en la práctica, en la aplicación del decreto 1374 de 2013, el proceso de reservas temporales ha llevado en promedio cinco años. Por ejemplo, hay áreas que están en comunidades étnicas que necesitan consulta previa. La ampliación de la Sierra Nevada de Santa Marta nos tomó ocho años y era una de las reservas temporales”, añadió minutos más tarde durante una rueda de prensa, aclarando que también podrán establecerse reservas que duren menos tiempo.
La ministra de Ambiente, además, reconoció que “debemos socializar con más fuerza (el decreto), porque son temas complejos, técnica y jurídicamente, y que no podemos crear un ambiente de malas interpretaciones”. A partir de este documento, se expedirán los actos administrativos que delimitarán cada una de las zonas de reserva temporal. Solo hasta entonces, aseguró la ACM, se podrán disipar las preocupaciones por la redacción “ambigua” del decreto.
Al cierre del debate, Cardona apuntó que “si el sector minero no está conforme con el decreto, no lo entiende, hay que escucharlos. Si los congresistas sienten que el decreto dice una cosa diferente de la que usted (Muhamad) dice, tenemos un problema”, invitando a la ministra a revisar y modificar el decreto. Mientras tanto, cursan en el Consejo de Estado dos demandas de nulidad que buscan tumbarlo y a las “responderemos”, dijo Muhamad.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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