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En diciembre de 2022 y durante la COP15 (la cumbre de países y organizaciones más importante sobre cambio climático en el mundo) se aprobó el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en ingles). En términos bastante simples, este acuerdo compromete a los países a proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas, así como a restaurar el 30% de los ecosistemas degradados para el año 2030, conocidos como los objetivos 30×30. Pero el acuerdo hacía una mención muy importante: esa conservación se tenía que dar respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven, muchas veces, en esas zonas que necesitan conservación.
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Proteger estos ecosistemas no se puede hacer pasando por encima de ellos. Pero al parecer, y según un nuevo informe conocido por El Espectador y realizado por una gran red de organizaciones de investigación, grupos de expertos, ONGs y grupos de defensa en todo el mundo, conocida como Socios de Evaluación de la Declaración Forestal, este propósito no se está cumpliendo. A pocos días de que inicie la COP28 en Dubái, los autores alertan que los Estados no están reconociendo los derechos de los indígenas y los locales y están aplicando enfoques de conservación que los excluyen de los ecosistemas y de los procesos de toma de decisiones. Esto, dicen, pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos.
El momento en el que se conoce el nuevo estudio es clave. Sucede que los países que se comprometieron a cumplir los objetivos 30×30 deben traducirlos en metas y acciones nacionales mediante la actualización de algo que se llama Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (ENBPAs), unos documentos que deben presentar en octubre y noviembre de 2024, pero de cuyos avances ya se hablará en la COP28 en Dubái. Los autores estudian entonces los planes de 27 países (se seleccionaron los que tenían al menos una segunda versión y, en la mayoría de los casos, una tercera). Estos estados, además, tienen presencia significativa de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, y ecosistemas forestales extensos y de alto valor de biodiversidad en todos los continentes.
Para la evaluación, se usaron doce indicadores diseñados para analizar la participación de Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y mujeres en el desarrollo de los planes, así como si incluían disposiciones para asegurar que la conservación de la biodiversidad respete y fortalezca sus derechos. Cada país obtuvo un punto por cada indicador claramente cumplido. Además, los investigadores hacen un análisis detallado de 7 casos (Australia, Brasil, República Democrática del Congo, Madagascar, México, Filipinas y Suecia), donde estudian las políticas relevantes y hacen entrevistas para comprender cómo se involucró a Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y mujeres en el proceso de estos planes.
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¿Qué encontraron?
De doce puntos posibles (1 punto por cumplir con cada indicador), el puntaje más alto que recibió cualquier país fue siete, logrado por Nepal y Filipinas. De los 27 países evaluados, 24 obtuvieron una puntuación positiva en menos de la mitad de los indicadores evaluados.
Esto representa grandes vacíos, dicen los investigadores. Por ejemplo, la consulta con Pueblos Indígenas y Comunidades Locales en el desarrollo de los planes es muy limitada: solo alrededor del 30% de los planes analizados mencionaron específicamente haber consultado con estos actores o haber seguido procesos de consentimiento libre, previo e informado en su desarrollo, pese a que estas consultas son importantes ya que ellos tienen mucho conocimiento sobre cómo manejar áreas importantes para la biodiversidad.
Aun cuando los países se comprometieron a involucrar a Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, las consultas tuvieron un alcance limitado o no brindaron oportunidades significativas para que sus voces fueran escuchadas. Desafíos como presupuesto y la ubicación remota de estos grupos fueron obstáculos comunes, dice el informe. (Puede ver: Uno de cada tres niños vive en zonas donde hay escasez de agua)
Además, el análisis revela que solo una tercera parte de los planes evaluados incluyen la seguridad de la tenencia de tierras y derechos de estos grupos como estrategia de conservación de la biodiversidad. Hace esto es una poderosa estrategia de conservación, explican los investigadores en el documento, ya que proteger los derechos de manejo histórico y continuo de los ecosistemas por parte de estos grupos es una de las formas más efectivas de proteger la biodiversidad: más de la mitad de los planes no mencionan la tenencia de tierras y ninguno de ellos identifica el reconocimiento de los derechos o tenencia de tierras de las mujeres de estos grupos como una estrategia de conservación,
A pesar de las deficiencias, dice el estudio, los planes evaluados incluyen medidas importantes que, si se implementaran correctamente, podrían apoyar a estos grupos en la conservación de sus tierras y protegerlas de amenazas externas. Sin embargo, agregan los autores, con demasiada frecuencia la implementación es notablemente deficiente y las medidas de monitoreo y evaluación son débiles o están ausentes. Pocos planes, de hecho, incluyen objetivos o indicadores específicos para monitorear y evaluar el progreso en la implementación de los planes. Donde están presentes, estos indicadores a menudo no están directamente relacionados con los desafíos y amenazas a la biodiversidad.
Además, ninguno de los planes evaluados analizó o desagregó los datos de monitoreo por características demográficas, lo que permitiría comprender los impactos en grupos específicos, como los pueblos indígenas y comunidades locales. Persisten, entonces, grandes desafíos para involucrar plenamente a estos grupos en la conservación de los ecosistemas. (Puede ver: ¿Qué pasa en Islandia?)
El informe concluye con un llamado: los encargados de políticas tienen una oportunidad única. Mientras los países se preparan para traducir el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal en objetivos y acciones nacionales, pueden establecer asociaciones duraderas con los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad. Al involucrarse con estas comunidades como socios y al adoptar un enfoque basado en los derechos en los planes, “los encargados de políticas pueden facilitar una acción más justa, efectiva y ambiciosa para cumplir con los objetivos globales para 2030″.
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