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Cada vez que se intensifican los inviernos hay dos temas que siempre son motivo de discusión. Por un lado, que el ordenamiento territorial no ha sido coherente con los ríos. Eso ha traído muchos problemas, entre otras cosas, por la construcción de diques, dragados, jarillones y escolleras. Por otro lado, se suele recordar las consecuencias que ha dejado tres años seguidos de La Niña, un fenómeno que parece intensificarse debido al cambio climático. Con corte a noviembre del año pasado, durante la ola invernal, hubo más de 700.000 personas damnificadas en Colombia y más de seis mil viviendas quedaron destruidas. (Puede leer: Con promesa de US$500 millones para la Amazonía, Joe Biden recibió a Gustavo Petro)
Para abordar este punto, precisamente, este año se radicó en el Congreso el primer proyecto de ley de desplazados por cambio climático. Se trataría de la primera ley en su tipo en Colombia y en la región. El proyecto fue radicado por los congresistas Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, y Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, y se espera que la semana que viene empiece su debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
El documento, explica Sánchez para El Espectador, tiene como fin “prevenir, identificar, registrar y garantizar derechos y atención a las poblaciones que sufren la emergencia climática”. Lo que se busca, continúa el congresista, es que el Estado reconozca a las personas que “son víctimas por desplazamiento forzoso por causas climáticas; lo otro que buscamos es definir qué es un desplazado por estas causas, porque es algo que no existe la definición en el Estado colombiano, como no existe en Latinoamérica”. (Le puede interesar: En Medellín está la primera comunidad que genera energía solar y la vende al sistema)
Sánchez señala que el proyecto no se centra únicamente en las comunidades que deben desplazarse, sino también en las poblaciones que sean receptoras. “Esta ley tiene que trabajar tanto aspectos rurales como aspectos urbanos porque cuando se dan grandes migraciones las ciudades receptoras no están preparadas y nacen nuevos conflictos sociales”.
De hecho, como lo muestra el Reporte del Estado del Clima en América Latina y El Caribe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado en 2020, esta región es una de las más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos externos, que causan daños en términos de salud, acceso al agua y la comida, y desarrollo socioeconómico. Entre 1998 y 2020, señalaba el informe, más de 312.000 personas perdieron la vida en la región por eventos climáticos y más 277 millones de personas se vieron afectadas de algún modo. (También puede leer:Nevado del Ruiz: estos son los últimos cambios reportados en el volcán)
Para Sánchez, que no exista en Colombia una figura como la que quieren proponer, provoca que esos habitantes se enfrentan a una enorme dificultad: “El Estado lo que ofrece es una cobija o una colchoneta. Entonces, ¿cómo esas personas, que tuvieron que migrar y no fue su voluntad, pueden acceder después a los derechos que tenían?”.
Una de las primeras cosas para resolver esa pregunta es, para Sánchez, establecer registro de dichos desplazamientos en términos de temporalidad, distancia y retorno, algo que sugieren en el proyecto de ley. En él, también buscan que el Estado asuma dos responsabilidades esenciales. Uno, que la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) cree el “registro único de víctimas del desplazamiento forzoso” asociado al cambio climático. Y dos, que se cree la política pública “para atender esta problemática y (…) se desarrollen aspectos para garantizar los derechos de personas y comunidades”. (Puede interesarle: Las minas de carbón planeadas en Colombia elevarán las emisiones de metano)
Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes, resalta que el proyecto radicado por Sánchez y Miranda es “una iniciativa importantísima y clave, más porque nosotros somos uno de los países más vulnerables al cambio climático”.
El investigador señala que el punto esencial de la propuesta es que no se está hablando de refugiados o migrantes, sino de desplazamiento forzado, “porque es interno y porque las personas son obligadas a serlo”. Se trata de una categoría que, al menos en Colombia, solo había estado asociada al conflicto interno.
Érika Castro Buitrago, PhD en Ambiente y ordenación del territorio y profesora de la Universidad de Medellín, coincide en que tratar de ordenar una política pública es una buena idea, pero tiene un reparo: “podría ser más ambicioso dando instrucciones sobre quiénes podrían articularse porque es un escenario muy amplio”. (Puede leer: Elizabeth Kerr, la increíble vida en Colombia de una naturalista olvidada por la ciencia)
A sus ojos, la movilidad humana asociada a la degradación ambiental y el cambio climático es más amplia que lo que cubre la categoría de “desplazamiento forzado”. Por ejemplo, podría haber poblaciones que se desplacen por alguna condición de vulnerabilidad, también personas que migran voluntariamente, otras que hacen parte de una reubicación ya planificada, o casos de emplazamiento, es decir, personas que “tienen tal vulnerabilidad y no reciben atención porque hay debilidad en las capacidades del Estado, entonces quedan atrapadas”.
Para la profesora Castro, si el proyecto de ley abordara las diferentes categorías, sería una oportunidad para que luego dé las instrucciones para que “a través de políticas públicas o regulaciones se aborde cada uno de los escenarios de la movilidad humana asociada a la degradación ambiental”. Por ejemplo, que se logre una unidad en el país sobre los procesos de reasentamiento, también que se articule con los planes de ordenamiento territorial y con iniciativas como el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima).
Un enfoque clave, pero ausente
A toda esta discusión se suman dos aspectos que para Madrigal y Castro son claves. El primero es que el proyecto no cuenta con un “enfoque de género ni un enfoque étnico, que están muy asociados con la falta de un enfoque en justicia ambiental”, dice Madrigal.
Para él, es necesario incluir el enfoque de justicia ambiental “porque las mismas personas y grupos que están siendo desplazados por razones climáticas hacen parte de poblaciones históricamente vulneradas e históricamente en una situación de desigualdad”. (Puede interesarle: Esto podría costarle a Colombia erradicar a los hipopótamos)
Una evidencia de ello, agrega Madrigal, es la “esta falta de enfoque de género y étnico que obviamente afecta a las comunidades que históricamente han sido relegadas en temas de normativa y de gestión de desastres por parte del Estado”.
A su parecer, la falta de estos enfoques podría desembocar en la vulneración de derechos humanos.
El representante Duvalier Sánchez, por su parte, insiste en que el proyecto “garantiza todos los derechos y reconoce a todas las personas que sean víctimas”. En cuanto a los enfoques, explica que estos se puntualizarán cuando se formule la política pública.
Otro aspecto que advierte Madrigal, de Uniandes, es que deberían integrarse las gestiones comunitarias en temas ambientales. Hay casos notorios en el país. Por ejemplo, las autoridades del pueblo arahuaco trabajan en una política de cambio climático para sus comunidades. También hay iniciativas como el Movimiento de Laderas de Medellín, que lleva una década conformándose gracias a procesos de protección del territorio en barrios y comunas de la ciudad.
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