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Ismelia Ruales y José Cuatusa viven con sus dos hijas en una pequeña casa en el Achiote, una vereda ubicada a 40 minutos del casco urbano de Orito (Putumayo). Su historia de amor comenzó hace 20 años cuando él llegó a la vereda en busca de una mejor vida. Durante todo este tiempo ambos han afrontado las dificultades de vivir en una zona de colonización reciente, golpeada por el conflicto armado y las economías ilegales, dificultades que han fortalecido su relación y sus ganas de salir adelante. Ambos trabajan la tierra, cultivan, cosechan, crían cerdos y “se le miden” a cualquier trabajo para construir un futuro mejor para sus hijas.
Además del amor, Ismelia y José comparten una historia en común: la de miles de colonos de la región que en distintos momentos del siglo XX abandonaron su tierra natal en Nariño y se aventuraron a tumbar selva en el piedemonte Amazónico para hacerse a una parcela y mejorar sus condiciones de vida. Este es el caso de los padres de Ismelia, que abandonaron Nariño porque allí no había trabajo. “Ellos se vinieron para acá porque la situación pintaba mejor. Mi padre fue uno de los fundadores de la vereda Quebradón. Eso ocurrió en una época en la que la gente venía y se adueñaba de la tierra y ya, sin necesidad de comprarla”. (Lea: La fórmula para que Colombia alcance sus metas climáticas, según el Banco Mundial)
En una zona de difícil acceso, en donde, por su aislamiento y la ausencia del Estado, las oportunidades económicas son pocas, la colonización del piedemonte Amazónico avanzó de la mano de los cultivos de hoja de coca, una actividad que les dio a los campesinos el sustento, pero que también les trajo muchos problemas, entre ellos la violencia y las fumigaciones con glifosato.
Silvio Benavides, presidente de la Junta de Acción Comunal de vereda Líbano de Orito, cuenta que los cultivos de uso ilícito llegaron a la vereda hacia finales de la década de 1980 con “la famosa variedad caucana y luego con la peruana. La coca nos cambió la vida, la economía empezó a mejorar, los padres la cultivaban para sostener a sus hijos. Había mucha plata y la gente se emocionó. Sin embargo, con la coca llegaron los grupos armados, la guerrilla, los paramilitares… la violencia aumentó y las extorsiones también. Y luego vino la ruina con la fumigación con glifosato de 1995, pero aun así la gente siguió sembrando”.
Durante esa oleada cocalera, a inicios de la década de 1990, José, el esposo de Ismelia, llegó a Orito. Tenía 12 años y al culminar la primaria se dedicó a trabajar como jornalero en las fincas de Ipiales. Le pagaban tan solo $1.500 el día. José, aburrido “por el miserable pago” y porque “no había oportunidades de superarse”, escuchó que en Putumayo se podía hacer mucho más dinero siendo raspachín de hoja de coca. Sin pensarlo, abandonó Ipiales y se dirigió hacia Orito. Trabajó en muchos sembradíos en donde le pagaban entre $5.000 y $6.000 al día. En un principio raspaba hoja por temporadas y regresaba a Ipiales, pero al pasar los años decidió radicarse en Orito al ver que el trabajo nunca faltaba.
Mientras se internaba en la selva y abría los claros donde se sembraba la coca, José soñaba con tener un pedazo de tierra en donde pudiera vivir con Ismelia. Como no tenía dinero para comprar una parcelita, decidió continuar con lo que ya era una tradición en la zona: adentrarse en la selva, deforestar y establecer una finca. (Lea también: Los países amazónicos perdieron grandes cantidades de agua en los últimos 10 años)
La oportunidad se presentó hacia mediados de los años 2000 cuando el hermano de Ismelia, quién ya había abierto una parcela para sembrar coca en la parte alta del río Guamuez, le dijo que lo acompañara y se hiciera a un pedazo de tierra tal y como él lo había hecho. José siguió el ejemplo de su cuñado, subió la montaña y tumbó selva para sembrar coca y productos de pancoger.
Un lugar sagrado
Ni José, ni su cuñado, ni las demás familias que colonizaron la parte media del río Guamuez sabían que esas tierras eran sagradas para los indígenas kofán y otros pueblos pertenecientes a la cultura del yagé. Al tiempo que José y sus compañeros tumbaban selva, médicos indígenas agrupados en la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (Umiyac), preocupados porque la colonización estaba acabando con sus lugares sagrados y con la biodiversidad de flora y fauna, recorrieron la región con el fin de recoger información que sustentara la propuesta de crear un resguardo en el que se preservara el ecosistema de piedemonte Amazónico y los lazos que esta establece con su cultura ancestral.
Para los kofán este pequeño corredor del piedemonte Amazónico sobre el río Guamuez, al que llaman Ingi Ande (nuestra tierra), es un territorio ancestral, “donde – explica Hernando Criollo, abuelo y líder indígena del resguardo Santa Rosa del Guamuez – nuestros tatarabuelos y abuelos subían por el río a tomar yagé y la medicina, y se encontraban con los compañeros ingas del alto Putumayo”. De acuerdo con Jesús Chapal, comunero del resguardo Yarinal, el territorio Ingi Ande “es un legado que nos dejan nuestros ancestros porque allá se practica la medicina tradicional y porque ahí está la esencia de nuestra espiritualidad, ahí nos podemos alimentar y fortalecer en ese sentido para continuar. Ahí está el legado espiritual de nuestros mayores y ancestros. Nosotros vamos allá a tomar el remedio, o yagesito para que ellos nos orienten en qué debemos hacer y cómo debemos encaminar a las futuras generaciones”.
En Ingi Ande, los kofán y los pueblos del yagé preservan las plantas sagradas: “para nosotros Ingi Ande es la droguería para ustedes, la gente de ciudad, allá recogemos nuestras plantas para curarnos”, dice María Taimal, del resguardo Santa Rosa del Guamuez. Además, allí viven los espíritus de la selva y la gente invisible, quienes entregan toda sabiduría a los kofán. Por eso, cuenta Hernando, allá no se puede vivir porque “es solo para hacer contacto espiritual con la gente invisible”, para recoger plantas e ir de caza. (Lea: Con el cacao, campesinos del Caquetá le apuestan a la paz y a la reforestación)
En la cosmovisión kofán, el universo está dividido en tres niveles: el del cielo, donde viven el sol, la luna, el arcoíris…; el del medio, en el que habitan las personas y la gente invisible, a los que solo pueden ver los que tienen una preparación espiritual; y el de la profundidad de la tierra, en la que se encuentran los amos de la naturaleza. Si bien la cosmovisión de este pueblo ancestral sugiere que los seres invisibles habitan la tierra media desde la misma creación, la tradición oral de las comunidades de la región del río Guamuez cuenta que “los invisibles” que viven en Ingi Ande son los sobrevivientes a una masacre. Al respecto, el abuelo Hernando dice:
“La gente invisible vive allá porque cuando llegaron, los españoles hicieron una gran masacre en el río San Miguel, algunas familias alcanzaron a huir del horror y se metieron a la selva y nunca más volvieron a salir. Sus descendientes quedaron en esas selvas, en esa montaña y se han convertido en gente invisible. Toda la sabiduría que tienen nos la pasan a nosotros por medio del contacto espiritual y de la toma de yagé”.
Nace el Santuario de Flora Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande
La idea de los médicos indígenas de crear un resguardo no se podía hacer realidad, precisamente porque en el territorio que lo querían hacer, por mandato de los espíritus y los abuelos, nadie lo podía habitar y ese era un requisito para establecerlo de manera legal. Con la participación de Parques Nacionales Naturales, otras instituciones del Estado y ONG, se creó en 2008 el Santuario de Flora Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande, como figura alternativa para preservar los ecosistemas del piedemonte Amazónico sobre el río Guamuez desde la parte alta hasta la baja y los lazos culturales y ancestrales que tienen los kofán y los pueblos de la cultura del yagé con este territorio.
Pero la nueva área protegida nació con un gran problema: allí tenían sus parcelas 15 familias cocaleras entre las que se encontraban la de Ismelia y José. Walker Hoyos, actual jefe del Santuario, explica que desde un inicio Parques Nacionales sabía que allí había “trabajaderos” (manera coloquial como se conocen los cultivos de coca). En ese momento se tenían dos opciones: expulsar a las familias por medio de la fuerza pública, lo que hubiera traído un conflicto social, o crear el santuario sin incluir las tierras en las que los colonos se encontraban, lo que “significaba perder parte del ecosistema que se iba a proteger en especial el del bosque húmedo tropical”. (Lea: En Huila reportaron el nacimiento de nuevas crías de osos de anteojos)
Como las familias no tenían títulos de propiedad ni podían reclamarlos, se optó que, una vez creado el Santuario, se comenzaría un diálogo con ellas para que abandonaran sus “trabajaderos”. El acercamiento de Parques Nacionales Naturales con las familias inició en medio del miedo y la desconfianza: “Al poco tiempo en que me hice a mi pedazo de tierra aparecieron los de Parques. Yo bajaba de la finca y me encontraba con una señora o con un señor que tenían la camiseta azul y el logo, luego me enteré de que ahí se iba a crear un parque. Eso nos preocupó porque aquí siempre ha habido poca presencia del Estado y cuando aparece viene acompañado de violencia. Creíamos que nos iban a expulsar y por eso nuestra desconfianza, pero lo bueno fue que empezaron a hablar con nosotros”, dice José.
La lucha por erradicar la coca en el Santuario
Las conversaciones no fueron fáciles y duraron más de una década. Legalmente, no era fácil negociar o entregar beneficios o compensaciones a personas que estuvieran haciendo actividades ilegales como la siembra de coca. Se probaron varias estrategias para ofrecerles a las familias una solución, pero fracasaron. Por fortuna la coyuntura del proceso de paz con las FARC y el ambiente de reconciliación que el país empezó a respirar sirvió para que los diálogos fluyeran. En 2012 Parques Nacionales Naturales planteó una estrategia para enfrentar los usos de ocupación y tenencia de tierra al interior de las áreas protegidas y solucionar problemas como el de Orito Ingi Ande.
Años después, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el que se abrieron las puertas para darle una solución a las familias que se encontraban en el Santuario. De las 15, trece firmaron acuerdos PNIS diferenciales, con el compromiso de abandonar sus parcelas. A cambio el Estado les entregó unos incentivos para emprender sus proyectos productivos. “Firmado el acuerdo – dice Silvio – a cada persona le preguntaron cuál era el plan que tenían o qué querían hacer, unos optaron por peluquerías, otros por una tienda, otros por una cooperativa…”.
De las trece familias, tres, entre las que estaba la de Ismelia y José, querían tierra para llevar a cabo su proyecto productivo. Este era un nuevo escollo difícil de superar porque en un lugar de colonización reciente, en donde casi nadie tiene títulos, el mercado legal de propiedades rurales es minúsculo. Sin embargo, Parques Nacionales se dio a la tarea de buscar la tierra que las familias querían. En esa búsqueda hubo otra coincidencia: la petrolera Gran Tierra Energy había obtenido la licencia ambiental para llevar a cabo actividades en el Área de Perforación Exploratoria Venado, ubicada en zona rural de Orito. De acuerdo con la legislación, la luz verde para este tipo proyecto se da siempre y cuando la empresa se comprometa a destinar el 1% de capital invertido en las etapas previas a la producción en proyectos de compensación ambiental. A este mecanismo se le denomina “Plan de inversión forzosa de no menos del 1%”.
Parques Nacionales, bajo la sombrilla del PNIS, buscó a Gran Tierra para reservar parte de los recursos de inversión forzosa en la compra de tierra para estas familias. Fue así como, luego de muchos ires y venires, el pasado 9 de septiembre, en una ceremonia que se llevó a cabo en la vereda Líbano (Orito) se hizo oficial la entrega de los títulos de propiedad a estas tres familias.
Ese sábado, Ismelia llegó con su esposo y no podía contener la felicidad, al ver hecho realidad el sueño de tener un terreno el que pueden cultivar de manera tranquila y sin temor de que los vayan a expropiar. Ellos dejaron la coca y ahora le apuestan a la siembra y comercialización de productos agrícolas. Su terreno es pequeño, tan solo tiene siete hectáreas, pero Ismelia cree que ahí pueden no solo trabajar la tierra, sino dedicar una pequeña parte para reforestar.
Una buena noticia, en medio de otras no tan buenas
En su momento más crítico, el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande alcanzó a tener alrededor de 60 hectáreas de coca cultivada, una cifra modesta comparada con la de otros parques nacionales. De acuerdo con el “Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca, 2022″, dado a conocer hace algunos días por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 5 % del área con coca del país se localiza en áreas protegidas y suman 10.626 ha, un incremento del 21,5 % con respecto a 2021.
Si bien 60 hectáreas pueden parecer poco, hoy se puede afirmar que el Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande se encuentra libre de cultivos de coca, y que la tentación de los campesinos de la región de volver a entrar se ha contenido gracias al trabajo de educación ambiental que hacen los funcionarios de Parques Nacionales en las zonas de amortiguamiento del Santuario. Habitantes como Silvio, Ismenia y José son conscientes de la importancia de preservar el Santuario para el futuro de Orito. “Hoy en las escuelas a mis hijas les enseñan la importancia de cuidar la naturaleza y no les gusta que uno les hable de deforestación y es bueno porque toman conciencia, algo que nosotros antes no teníamos”, dice Ismelia.
*Periodista e historiador.
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