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Este 12 de septiembre, la ONG Global Witness publicó su informe anual, en el que muestra el panorama global de los defensores de la tierra y el medio ambiente. Como ya había sucedido en años anteriores, Colombia volvió a ocupar el primer lugar en la lista de los países más peligrosos para los líderes y lideresas. (Lea: Ministerio de Ambiente inhabilitará vías ilegales utilizadas para deforestar)
En cifras, eso quiere decir que durante el 2022 en el país hubo 60 defensores ambientales asesinados (en el mundo se registraron 177). Además, señala Laura Furones, integrante de la campaña de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, hay otro factor importante para Colombia: de estos homicidios registrados, dos fueron en menores de edad: Guillermo Chicame y Bréiner David Cucuñame. Ambos pertenecían a una comunidad indígena y tenían 14 años.
A pesar de que el número de asesinatos disminuyó en 2022 con respecto al año anterior, en el que se reportaron 200 homicidios en el mundo, para la ONG la situación no ha mejorado sustancialmente. De hecho, advierten que el agudizamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales “intensificarán la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo”.
El caso de América Latina inquieta un poco a la organización pues, para Furones, “lo que ocurre en el continente sigue siendo especialmente preocupante”. Solo en 2022, en esta región se reportaron el 88 % de los asesinatos. Es decir, “11 países de los 18 en los que documentamos casos en 2022 eran latinoamericanos”, explica.
La organización explica que este listado que publican año a año se basa en los datos de fuentes internacionales y nacionales que cuentan con información concreta de personas defensoras de los derechos humanos asesinados. Entre esas bases de datos destacan el informe anual de Front Line Defenders y el del Programa Somos Defensores de Colombia. Luego, estudian a detalle cada uno de los casos.
Furones tiene otra preocupación: es posible que algunos ataques no suelan denunciarse y las cifras sean más altas que las que registra el informe. “Hay que tener en cuenta que Global Witness reporta el extremo más grave de los ataques, que son los asesinatos. Detrás de eso hay también toda una gama amplia y bastante aterradora de otro tipo de ataques, que pueden ser la criminalización, el hostigamiento, violencia de género y otros que las personas defensoras sufren a diario”, agrega. (Puede leer: Los cuatro escenarios para la transición energética que le esperarían a Colombia)
De acuerdo con la organización, aún es una labor compleja especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos e incluso vincularlos a sectores concretos. Sin embargo, a lo largo de estos más de diez años que llevan elaborando el informe han conseguido establecer algunas pistas, como por ejemplo, “que existe una conexión entre los diez homicidios sucedidos en 2022 y la agroindustria, lo que pone este por delante de cualquier otro sector”, aclaran. La minería, por su parte, estuvo ligada a ocho casos y la explotación forestal a cuatro.
Mujeres e indígenas, las poblaciones más vulnerables
En 2022, según reseña el informe, las mujeres defensoras sufrieron el 11 % del total de ataques mortales. Aunque “esta cifra puede parecer un porcentaje relativamente bajo, en realidad esconde un panorama mucho más complejo, ya que son muchas las formas de violencia de género que sufren las mujeres”, se lee en el documento.
Entre ellas sobresalen desde las agresiones sexuales hasta el rechazo de sus familias y comunidades, lo que mostraría que las mujeres defensoras del ambiente enfrentan una doble violencia. Por un lado, además de ser víctimas de agresiones por su activismo, también se enfrentan a violaciones de los derechos humanos por motivos de género.
La otra situación que genera intranquilidad es la de los indígenas. Solo en 2022, más de un tercio (el 36 %) de las personas defensoras asesinadas en el mundo eran indígenas, y el 7 %, afrodescendientes.
En Colombia, por ejemplo, se reportaron al menos 23 asesinatos en esta población. De este porcentaje, cuenta la organización en su informe, cerca del 22 % se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir. (Le puede interesar: El 30 % de los latinoamericanos ha enfrentado un desastre en los últimos 20 años)
Para el caso puntual de la Amazonia, donde está ubicado el mayor bosque del mundo, que abarca cerca de 6,9 millones de kilómetros cuadrados, la organización reseña que han identificado un nuevo patrón de homicidios. En esta zona fueron asesinadas 39 personas defensoras en 2022, de ellas, 11 procedían de comunidades indígenas.
La organización resalta que si bien cada vez se reconoce más el papel arduo que desempeñan las comunidades indígenas en la protección de los bosques, siguen sin brindarles la protección adecuada y sin incluirlos en la toma de decisiones. A los ojos de Furones, de Global Witness, hay dos grandes actores que tienen responsabilidad y posibilidad de detener estos ataques. Por un lado, dice, están los gobiernos de los respectivos países, y por otro, están las empresas que operan en ellos para extraer recursos naturales.
Las familias de los y las defensoras también son víctimas
Este año el informe cuenta con un indicador adicional: el número de parientes de defensores que murieron por la actividad de proteger el ambiente. Algunas de estas víctimas, reseña el informe, ni siquiera eran el objetivo de los ataques, sino que se encontraban en el momento con la persona defensora a la que se iba a asesinar. Esto, resaltan, “ilustra la repercusión adicional que tienen los ataques sobre las familias y las comunidades”.
En Colombia se reportó el homicidio de la pareja de esposos Juan Alberto Guejia Peteche, de 67 años, y Arcelia Fernández, de 56. Tres días antes de su asesinato, las autoridades del resguardo indígena nasa de Pitayo reportaron que habían sido secuestrados junto a su hijo de 16 años y su nieta de siete.
Pero, ¿por qué contar estos casos? Furones explica que las incluyeron porque consideran que hacen parte del mismo incidente en el que la persona defensora ha sido asesinada. Esto, puntualiza, “forma parte de la estrategia de terror en contra de las personas defensoras para amedrentarlas. Es parte de las amenazas, parte de las consecuencias y parte de intentar silenciarlas”.
Entre las recomendaciones que ofrece el estudio están crear un entorno seguro para que prosperen las personas defensoras y el espacio cívico; demostrar liderazgo para denunciar, investigar y exigir responsabilidades por las represalias contra las personas defensoras; promover la responsabilidad jurídica de las empresas; aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el cambio climático, entre otras.
Colombia, una década siendo el país en que más defensores del ambiente asesinan
Desde que la ONG Global Witness comenzó a recopilar datos en 2012, en total se han reportado 1.335 personas defensoras del ambiente y de la tierra asesinadas. En América Latina se han reportado el 70 % de todas las muertes. Sin embargo, hay un dato alarmante en el listado de países: solo en Colombia, ubicado en el primer lugar del escalafón, se han registrado 382 asesinatos.
Un análisis del Programa Somos Defensores, que se encargó de documentar y denunciar los ataques contra líderes y lideresas, señaló que en Colombia la mayoría de los asesinatos han quedado impunes, “Solo se han resuelto por la vía judicial el 5,2 % de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas las que defienden la tierra y el medioambiente”, recopila el documento. (Le puede interesar: De la Patagonia a la Antártida: los animales como “nunca antes” los vimos)
A pesar de este panorama, en opinión de Furones, Colombia tiene una oportunidad valiosa con el cambio de gobierno. Resalta que el programa político del presidente Gustavo Petro es el primero de la historia del país que incluye expresamente en su plan de gobierno la necesidad de proteger a las personas defensoras y abordar las causas que provocan los ataques en contra de ellos. Además, añade, tiene como fórmula vicepresidencial a Francia Márquez, reconocida por su liderazgo ambiental y por ganarse el Goldman Environmental Prize, conocido por ser el “Nobel” ambiental.
Al panorama, añade, se le suma que a finales del año pasado ratificó el Acuerdo de Escazú, conocido por ser el primer pacto medioambiental regional de América Latina y el Caribe que tiene medidas específicas sobre las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. “Colombia tiene una oportunidad única y desde la ONG damos la bienvenida a todas estas señales en la buena dirección de reconocer que el problema existe para después ponerle solución”, asegura.
Ese pacto, sin embargo, está por el momento en revisión en la Corte Constitucional y aún no sabe con precisión si le dará o no su aval. (Puede leer: Procuraduría le pide a Minambiente inhabilitar carretera ilegal en Guaviare)
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