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Bogotá creó en 2007 la política pública para garantizar los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI). Hoy, 14 años y cuatro administraciones distritales después, para los integrantes de esta comunidad el cambio no ha sido trascendental, pese a haber logrado, por ejemplo, la representación por primera vez de una mandataria abiertamente lesbiana.
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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principio de no discriminación debe ser uno de los pilares de cualquier sistema democrático y una de las bases del sistema de protección de derechos humanos, instituido por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Planteamiento que coincide con el informe ´Transidentifiquémonos´, realizado en 2021 por la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), que menciona que “el derecho a la identidad de género reconoce el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación, la vida privada y la dignidad humana”.
Sin embargo, avanzar en la igualdad de derechos no ha sido una tarea sencilla. Según David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, la Política Pública LGBTI (PPLGBT) en Bogotá cumplirá en diciembre 15 años, pero las bases machistas, homofóbicas y transfóbicas llevan muchos años más.
“Enfrentar una construcción de tanto tiempo y una discriminación tan arraigada en las escuelas, iglesias, familias y trabajo es tan complejo, que la política pública se queda corta”, afirma el funcionario y reconoce que desde su oficina, y de forma transversal a toda la administración, trabajan para mejorar la vida de la población diversa.
A la fecha en Colombia no existe un censo específico de personas LGTBI, dado que la orientación sexual y la identidad de género son variables cambiantes y personales. Lo más cercano es la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2020) del DANE, que arrojó que el 1,2 % de los nacionales, entre 18 y 65 años, se identifican como gais, lesbianas o bisexuales, mientras que el 0,05 % como trans.
Cabe mencionar que apenas hace 42 años se despenalizó la homosexualidad como delito en Colombia, lo que permitió en 1980 dar el primer paso para dejar de lado los prejuicios y avanzar en el reconocimiento de la diferencia. Por ejemplo, en 2015 la Corte Constitucional aprobó la adopción homosexual y un año después el matrimonio igualitario.
No obstante, más allá de la retórica de las sentencias, en el día a día se ha avanzado a un ritmo más lento, aun cuando en términos globales se ha progresado en una transformación cultural, que integra a las identidades y orientaciones no normativas, aunque la integración no es lo mismo que la inclusión, ya que la vinculación no se da en igualdad de oportunidades.
Es por ello que desde la Política Pública LGBTI se apunta a “promover una cultura ciudadana basada en la garantía y restitución del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación”, reconociendo que hay barreras que limitan el acceso de este grupo minoritario en ámbitos como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.
Según un estudio de 2018 sobre la “Línea base PPLGBT”, tan solo el 7,89 % de mujeres trans en Bogotá logran acceder a educación universitaria, frente al 14,3 % de hombres trans que logran hacerlo. En términos generales, no se logra avanzar en la formación de personas que transitan su género, dado que solamente el 57,9 % logra culminar el bachillerato. Resultado, en gran medida, debido a que los entornos educativos han sido históricamente violentos con la pluralidad, motivo por el cual, según la encuesta de Colombia Diversa y la organización Sentiido, el 70 % de los jóvenes diversos en el país se sienten inseguros en sus colegios.
Panorama que complica a su vez el escenario de la contratación. Según una encuesta de la CIDH, al 87 % de las personas trans en Colombia se le ha negado el empleo debido a su identidad de género. Sumado a los obstáculos que les imponen las áreas de reclutamiento al no flexibilizar la concordancia del nombre con el que se identifican con el que aparece en los diplomas y certificaciones oficiales.
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De acuerdo con Alonzo, mediante la Directiva 005 de 2021, en la Alcaldía Mayor de Bogotá se definieron -entre otros aspectos- los lineamientos para apoyar jornadas de cedulación y trámites que impliquen la modificación del sexo y nombre en los documentos de identidad. Adicionalmente, en el Plan de Acción LGBTI para 2021-2032, se destinó una inversión de $280.878 millones para acciones orientadas a garantizar sus derechos.
Entre los proyectos se anunció la construcción de siete centros para personas con orientaciones e identidades diversas en diferentes localidades, la puesta en funcionamiento de un Sistema de Información sobre Violencias, la creación de un centro de atención para vejez de integrantes de esta comunidad y la estructuración de una cartilla de turismo LGBTI actualizada.
En las acciones afirmativas del Distrito se encuentra la vinculación laboral de personas trans en la administración, proyecto del cual no se tienen cifras a la fecha, aunque en marzo de 2021 la concejal Heidy Sánchez Barreto compartió públicamente que a través de un derecho de petición solicitó el dato de cuántas personas trans fueron contratadas en la administración:
“Nos contestaron que 2.657. ¿Pueden creerlo? Dudamos que siquiera existan 100 personas trans contratadas en el Distrito. Después de más de 12 años de política LGBTI, los sistemas de información aún no saben qué es una persona trans”, publicó la representante en su cuenta de Twitter.
A finales de enero de este año, por ejemplo, se conoció que por primera vez 13 personas trans fueron contratadas como guardias de seguridad en los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDS). Sin embargo, según Danne Aro Belmont, directora de la Fundación GAAT, esta vinculación no se debió al Distrito, sino al interés de la empresa privada.
“Se ha logrado hacer contratación trans no por la política pública, sino por el interés particular de las empresas. Las personas con experiencias de vida trans que trabajan en los CAIDS fueron vinculadas por la intención de la compañía de seguridad y no por la Directiva 005”, afirma Belmont.
Aspecto que se suma a la petición de Tomás Anzola, director del área de Incidencia Política de la Fundación GAAT, quien asevera que tras pertenecer al saliente Consejo Consultivo Distrital LGBT, es necesario que desde el Distrito se agregue una nueva curul en representación de los hombres trans. Sumado a que como opina Francesca Mcqoid, directora del área jurídica de la fundación, es indispensable que se realice una veeduría constante al avance del plan de acción y, sobre todo, a la ejecución presupuestal.
“El plan es bastante ambicioso y me genera suspicacia la cantidad de acciones que están planteadas. Quisiera entender cómo se van a ejecutar, especialmente en lo que queda de gobierno, y cómo se va a repartir la cantidad estipulada”, expone Mcqoid.
Mientras se concreta la garantía de los derechos de la comunidad LGBT en Bogotá, sus integrantes seguirán anhelando, como lo hizo el poeta trans sudafricano Lee Mokobe en su poema ´¿Qué se siente ser transexual?´, que “la brutalidad de vivir en sus cuerpos no se convierta en un asterisco al pie de las páginas sobre la igualdad”.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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