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Vecinos de varios barrios populares construidos en los cerros orientales, en la localidad de Usaquén, protagonizaron el fin de semana una protesta. Exigían vías de acceso, legalización de sus barrios, servicios de acueducto y alcantarillado y obras de mitigación del riesgo, entre otros pendientes, que configuran una deuda histórica que el Distrito aún no salda.
Para hacerse sentir, se concentraron en la Autonorte con calle 170, donde bloquearon la vía en ambos sentidos. La respuesta de la administración fue autorizar la intervención de la UNDMO (antiguo Esmad). “Lo único que estaba pidiendo la comunidad era presencia de un funcionario con capacidad de decisión, para que nos oyeran, pero la respuesta fue la represión”, señaló Patricia Puentes, líder de los barrios Villas de la Capilla y Lomitas 1. Lo que motivó la manifestación es un cúmulo de problemas que padecen varios barrios populares del borde oriental, que se replican a lo largo de los cerros en otras localidades.
Estas protestas han unido a residentes y líderes de barrios como Cerro Norte, Villa Nidia, Santa Cecilia, Santa Cecilia Alta, Soratama, El Codito, Chaparral, Franja de Buena Vista, Horizontes de la Estrellita, El Mirador, Lomitas 1 y Villas de La Capilla, que comparten el mismo problema: el fallo del Consejo de Estado de 2013, que ordenó proteger los Cerros Orientales y validó la legalización de barrios construidos antes de 2005 en la denominada “franja de adecuación”, pero a estos los excluyeron.
“¿Cuál es el problema? Debido a esto quedaron catalogados como suelo rural ambientalmente protegido, lo que impide cualquier tipo de desarrollos urbanísticos. Lo que pide la gente, básicamente, es que se haga con sus barrios lo mismo que se hizo con los otros: un proceso de sustracción, teniendo en cuenta que en esos puntos no existe estructura ecológica principal, para poderlos legalizar”, explica Sebastián Cristancho, miembro de la secretaría técnica de la Coordinadora de Procesos y Barrios Populares del Borde Oriental de Bogotá.
30 años sin agua
“El déficit es vergonzoso. En Lomitas 1 y Villas de la Capilla las personas viven con apenas 0,8 m3 de agua al mes, pagando hasta seis veces lo que paga una persona de estrato 1. Si tenemos en cuenta que el consumo básico mensual por familia es de 11 m3 y que el mínimo vital garantizado gratuito para estratos 1 y 2 es de 6 m3, estamos ante una evidente vulneración de derechos”, advierte Cristancho. “La población crece a la par con las necesidades, pero para las autoridades seguimos siendo invisibles, pese a llevar casi 30 años en la zona. Para tener agua, toca contratar una empresa privada”, agrega.
En Villas de la Capilla, 169 familias se abastecen con dos carrotanques semanales. Cada familia paga el agua que puede costear. Algunos solicitan hasta 800 litros, otros no pueden más de 100. “Nuestros barrios se consideran parte rural y, al parecer, no existe una empresa que suministre agua. Lo peor es que justo al lado hay dos barrios que pertenecen a la jurisdicción de La Calera que sí reciben apoyo institucional. Como nosotros dependemos de Bogotá, nos toca aguantarnos”, señala la líder comunal.
Acciones legales
El 11 de septiembre la comunidad radicó una acción de tutela contra la Nación, los ministerios de Ambiente y Vivienda, la CAR, la Alcaldía local de Usaquén, las secretarías de Hábitat, Hacienda y Planeación, la Empresa de Acueducto y el ICBF. En ella piden que se garantice el mínimo vital de agua para cerca de 200 niños, niñas y adolescentes de los barrios Villas de la Capilla y Lomitas 1 mediante la implementación de un plan que asegure el suministro continuo. Frente al recurso, siguen esperando respuesta. “Es un camino de paciencia, pero seguiremos insistiendo para sentar un precedente por los derechos de los más vulnerables”, señala Patricia.
Sin embargo, esta lucha por legalizar y acceder a los servicios públicos es el comienzo. En un debate de control político sobre la situación de los barrios del borde oriental, la concejal Heidy Sánchez señaló que, incluso en varios sectores legalizados, la cobertura sigue en déficit. La Secretaría de Hábitat ha insistido en que avanzan los procesos de actualización cartográfica de los barrios cobijados por el fallo del Consejo de Estado. Pero esto depende de la coordinación entre la CAR y el Ministerio de Ambiente, lo cual, según la comunidad, no se ha llevado a cabo. Actualmente, según la Secretaría de Planeación, hay 218 hectáreas (Ha) que se encuentran en estudio para resolver solicitudes de legalización; 794 Ha en proceso de conformación de expediente urbanístico, y 197 Ha de asentamientos ubicados en suelos de expansión, que requieren un plan parcial para su regulación.
Por otro lado, la mitigación de riesgos por derrumbes es urgente. En noviembre de 2024 ocurrió un desastre en esa misma zona al igual que en años anteriores, lo que evidencia una inacción histórica de las autoridades y la complejidad que implica el eventual traslado de estos barrios. “Una situación así no puede volver a presentarse, más aún con todas las alertas y estrategias de mitigación. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, concluye la concejala Sánchez.
La situación de los barrios del borde oriental de Bogotá es el reflejo de un abandono institucional que se ha prolongado por décadas. Más allá de promesas y mesas de diálogo sin resultados, lo que urge es una verdadera voluntad política capaz de traducirse en soluciones estructurales, sostenibles y duraderas. Sin ese compromiso, las comunidades seguirán enfrentando la exclusión y la precariedad como norma, mientras esperan respuestas que nunca llegan.
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