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Se conmemora el día de las víctimas y la jornada se lleva a cabo este año en medio del recrudecimiento del conflicto. El año pasado, seis líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Bogotá, siendo la capital la tercera ciudad con más casos y la segunda afectada por masacres durante 2023, según datos de Indepaz.
A esto se suma la Alerta Temprana 004 del 2024, de la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte que población flotante y socialmente estigmatizada, de nueve localidades (Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos), está en riesgo por las disputas del territorio entre la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’.
“Las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes. Por todo esto, se dieron casos de desplazamientos forzados intraurbanos”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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En medio de este panorama y la resiliencia de las víctimas, que siguen alzando su voz aún más en fechas como la de este martes, El Espectador habló con la consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, para conocer los retos y apuestas en el próximo cuatrienio, en relación con la atención integral, oportuna y garantista a las víctimas que nunca pidieron serlo.
¿Cómo recibió la Consejería para las Víctimas?
Bogotá, como ciudad de acogida, ha aumentado las condiciones de inseguridad, generando mayores cifras de desplazamiento forzado. Además, estamos viendo desplazamiento intraurbano, generando que la oferta del Distrito tenga que estar a la altura de los nuevos hechos victimizantes.
¿Cuáles son esos retos para atender a las víctimas, teniendo en cuenta que Bogotá es la segunda ciudad que más recibe a esta población?
Estamos viendo cada vez más que los problemas de seguridad también se están trasladando un poco a las ciudades. Ya vemos incluso que las víctimas y los liderazgos sociales en Bogotá empiezan a hacer objetivo de amenazas. Por ello, también tenemos el reto de que esto no sea simplemente un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, sino que tenemos que ver como generamos medidas de seguridad colectiva en las localidades, que nos permitan seguir fortaleciendo esos liderazgos y no generemos riesgos.
Precisamente hay nuevas dinámicas del conflicto. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre presencia de las AGC en 9 localidades. ¿Qué reconocimiento se le está dando para atender esta problemática que garantice el libre ejercicio de las víctimas como líderes y lideresas sociales?
Estamos trabajando de la mano con las secretarías de Gobierno y de Seguridad. Entonces, lo que hacemos es casi que ser un puente con ellos, para asegurarnos de que cualquier víctima o líder social que reciba una amenaza, pueda efectivamente acceder y conocer esta ruta y se le puedan brindar a tiempo las medidas de protección.
Las víctimas del conflicto han estado pidiendo una política pública que responda a sus intereses y necesidades, ¿cómo se está avanzando en esta petición?
La atención a las víctimas termina siendo una articulación Distrital, que nosotros tenemos la oportunidad de impulsar y coordinar. El tema de la política pública es una deuda histórica con las víctimas en todas las ciudades, que son receptoras de víctimas y esa es nuestra primera meta del Plan de Desarrollo: ser la primera ciudad en Colombia con una política pública de integración local para las víctimas, es decir, un modelo de atención que nos permita integrar a la dinámica de la ciudad a todas aquellas víctimas que han decidido quedarse a vivir en Bogotá. Que sea un compromiso casi que de Estado que vaya más allá de los gobiernos de turno.
¿De qué trataría esa política pública?
Históricamente lo que está es la oferta distrital disponible. Por ejemplo, la secretaria de Hábitat deja unos cupos para que las víctimas puedan acceder a vivienda nueva o usada, y la de Educación, cupos para que las víctimas o sus hijos puedan acceder al colegio, entre otros. Pero encontramos que existen barreras de acceso a esas ofertas. En vivienda, nada hacemos dejando cupos para las víctimas, si no pueden llegar al cierre financiero y acceder a créditos hipotecarios. Entonces, una vez se apruebe el Plan Distrital de Desarrollo -y en esta administración vamos a cumplir con una política pública- mapearemos estos grandes problemas, que han existido, trabajando articuladamente con las otras secretarías y la Nación, porque frente a los lineamientos de vivienda, la Corte Constitucional ha sido clara en la necesidad de que haya una línea de crédito diferenciada, por ejemplo, para víctimas del conflicto armado. Es así como vamos a empezar a tener unas mesas técnicas con los actores involucrados, que incluya también expertos que nos ayuden a pensar como superar estos obstáculos. Teniendo adicionalmente espacios donde escuchemos a las víctimas, donde ellos sean los que nos digan los programas que funcionan o no.
¿Cómo ha avanzado las mesas locales de participación efectiva de víctimas del conflicto para, a través de sus delegados, darle voz a todas las necesidades de los hombres, mujeres y LGBTI víctimas?
Lograr ese equilibrio es de los retos más grandes que tenemos. En el corto tiempo que llevamos ya hemos estado en la Mesa Local de Sumapaz, de Usme, de Ciudad Bolívar y Distrital, escuchando de primera mano esas preocupaciones y estamos haciendo un ejercicio muy importante de socializar las apuestas del Plan de Desarrollo.
¿Cómo va la implementación del Acuerdo de Paz en Bogotá y qué se va a hacer para seguir avanzando?
La Consejería es responsable de la territorialización del acuerdo. Hay un compromiso del alcalde Galán por ser ejemplo para el resto de ciudades. En primer lugar, fortaleceremos el ejercicio que hizo la administración pasada, en cuanto a la formulación de unos PDET. Bogotá no hace parte de los 170 municipios priorizados, pero hay una apuesta por cerrar una brecha, como se hizo en Sumapaz y los PDET urbanos en Bosa y Ciudad Bolívar, con unas UPZ en particular. Lo queremos es fortalecerlos técnicamente y garantizar que salga adelante. Además, en el marco de participación política, nuestra apuesta es a junio terminar de formalizar los demás Consejos Locales de Paz, porque son instancias que nos ayudan a fortalecer el diálogo social.
¿Frente al punto 3 del acuerdo?
En relación al punto 3 del Acuerdo (Fin del Conflicto), estamos trabajando con la Agencia Nacional de Reincorporación, para fortalecer lo que es la reincorporación urbana. En La Habana (Cuba) se pensó la reincorporación como algo rural, de los proyectos productivos, la asociatividad, las cooperativas, pero cuando la seguridad empieza a ser un obstáculo en los territorios rurales y los firmantes empiezan a desplazarse a las ciudades, entonces las ciudades tienen el reto de ver cómo lideran esta tarea de reincorporación desde lo urbano. Entonces esta es otra meta en el Plan de Desarrollo: tener una ruta de estabilización socioeconómica para personas en proceso de reincorporación, reintegración o comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, para que fortalecer el componente de empleabilidad o emprendimiento urbano, que les permita tener proyectos de vida sostenibles financieramente.
¿Y el punto de las víctimas?
Finalmente, frente al punto de víctimas, hacemos un trabajo fuerte con la JEP. Somos socios naturales en lo que tiene que ver con la implementación de los TOAR anticipados y la futura implementación de las sanciones propias. Asimismo, con la Unidad de Búsqueda tenemos unas localidades priorizadas. En Usme hicimos un piloto el año pasado, donde pudimos documentar 17 casos de personas desaparecidas, que impactan un total de 22 familias, y ya han podido exhumar casi tres cuerpos donde tenemos indicios muy cercanos, que son efectivamente personas que desaparecieron en el marco del conflicto.
¿Cuáles son esas nuevas apuestas a desarrollar desde la Consejería?
Tenemos una meta y es fortalecer todo el tema de asistencia y atención a víctimas. Identificar que barreras están encontrando para acceder a la oferta del Distrito y cómo podemos ayudar a superarlas con atención oportuna y digna, para que puedan empezar un nuevo proyecto de vida. Otra meta que tenemos en el Plan de Desarrollo asociado con las víctimas es el tema de memoria. Siempre se ha creído que el conflicto no impactó a Bogotá, pero tenemos territorios rurales donde esto ocurrió y lo vimos recientemente en Sumapaz, donde la Unidad de Víctimas lo reconoció como sujeto de reparación colectiva. Entonces, la apuesta es como recogemos eso que ocurrió y construimos nuestra propia narrativa de memoria. Esto además va a tener un componente local donde queremos también impulsar y acompañar esas iniciativas de memoria desde las organizaciones en las localidades que muchas veces fueron las que hicieron resistencia.
Kennedy y Ciudad Bolívar: las localidades donde más llegan las víctimas del conflicto
Bogotá ha sido históricamente el epicentro de la llegada de población afectada por el conflicto armado desde distintas regiones del país. De acuerdo con los datos de la Unidad para las Victimas (UARIV), en Bogotá se ubican 377.830 víctimas. Esto representa el 3,9 % del total de víctimas en el país, y el 4, 7% de la población total de la ciudad. Siendo la capital la segunda ciudad que más recibe víctimas después de Medellín (437.002).
Respecto a datos demográficos de la población víctima del conflicto en la ciudad, a diciembre de 2023, el 52 % de las víctimas correspondían a mujeres, y el mayor porcentaje de víctimas se encuentra en la adultez (entre 29 a 59 años), con el 46 %, seguido por el grupo entre los 18 y 28 años, con el 24 %.
De igual manera, en relación con la pertenencia étnica de las víctimas, 85,6 % no tiene pertenencia; el 9,1 % se identifica como comunidad negra o afro; el 4,7 % como perteneciente a algún grupo indígena; el 4,5 % tiene alguna discapacidad; 0,15 % se identifica como LGBTI; y el porcentaje restante como población Rrom o gitana, raizales o palenqueros.
Acerca del comportamiento migratorio de la población víctima del conflicto, desde julio de 2020 a junio de 2023, fue mayor el número de entradas (265.686) que de salidas de la ciudad (212.309). Para el periodo de julio a agosto de 2023, el número de personas que llegaron (8.176) es 44,8 % más alto que las que salieron (5.643), provenientes principalmente de Soacha, Cundinamarca (326); Buenaventura, Valle del Cauca (216); San Andrés de Tumaco, Nariño (185); Cali (173); Medellín (159), entre otros.
En cuanto a la ubicación por localidades en la ciudad, entre marzo, junio y agosto de 2023, el 24,27 % de las víctimas del conflicto armado no informaron sobre su localización; 11,1 % se ubicaron en Kennedy; 10,5 % en Ciudad Bolívar; Bosa, 10,1%; y Suba, 8,8%, presentándose un incremento en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires y la Candelaria.
Para Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, cuando las víctimas “deciden quedarse en la ciudad, arranca un proceso de integración local. Si se ubican en los puntos de la ciudad que tienen más alta vulnerabilidad, se hace necesario una ruta específica con oferta social, acompañamiento psicosocial y de reparación individual. Y ese es un compromiso. Que las víctimas se integren de mejor manera a la ciudad donde se van a encontrar con todo tipo de poblaciones”, afirmó para El Espectador.
Pero este reto aumenta cuando 67.935 niños, niñas y adolescentes residen en Bogotá como víctimas del conflicto, siendo esencial para su proceso de reparación, una participación activa en la construcción de políticas públicas y programas para su beneficio, tal como instó la Personería de Bogotá en un comunicado del 21 de noviembre de 2023.
“Esto es bien importante porque voltear la mirada hacia la forma como los niños reciben las consecuencias del conflicto no es frecuente. En Bogotá nosotros queremos escucharlos, pero además la apuesta Distrital está en un eje de construcción de memoria para menores de 14 años en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la estrategia ‘Atrapa Sueños’ de acompañamiento psicosocial que surge de la secretaria de Integración Social”, agregó Quintero.
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Por María Angélica García Puerto
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