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En medio del apoyo expresado por la vicepresidenta, Francia Márquez, a la Primera Línea, y de la promesa del Gobierno Nacional de liberar a los jóvenes capturados bajo el marco del paro nacional de 2021, este miércoles 3 de mayo continuará el proceso judicial en contra de 8 presuntos integrantes de la organización Primera Línea Engativá. Desde centros penitenciarios, en detención domiciliaria o en libertad, los procesados esperan que su situación jurídica se defina con prontitud.
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En 2021, Karen Zullay Villa, Simón Santiago Molina, Luis Alberto Zimabaqueba, Daniela Pérez Gantiva, Adriana Bermeo, Santiago Márquez, Uriel David Orozco, Felipe Camacho, Daniel Fernando Ruiz y Steven Guevara fueron capturados, tras ser señalados de cometer delitos como concierto para delinquir, tenencia de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, instigación a delinquir, entre otros actos que habrían sido perpetrados durante el paro nacional de hace dos años.
La de este miércoles será una audiencia preparatoria en la que la defensa de los procesados y la Fiscalía General de la Nación anunciarán las pruebas que practicarán en el juicio.
Sin embargo, los capturados creen que, como ya ha pasado anteriormente, la cita se aplazará por solicitud de la defensa de uno de los jóvenes. “Ha habido inconvenientes con los elementos probatorios de la Fiscalía y también algunos defensores han solicitado algunos aplazamientos para poder preparar la defensa. Esperamos a ver qué pasará hoy. Después de que se fije la etapa probatoria y la juez decida, ya vendría la etapa de juicio, que es la que estamos esperando”, señala Iván Cancino, abogado de Karen Villa.
De acuerdo está Simón Santiago Molina: “Estamos en el proceso de la preparatoria, antes de un juicio oral, pero llevamos mucho en esta etapa, tiempo en el que se han aplazado audiencias por temas de abogados o porque Fiscalía entrega incompletas las evidencias para sustentar ante un juez. Esa la mayor queja”.
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Procesados alegan inconsistencias
Además de la petición unánime por darle celeridad al proceso, los jóvenes capturados coinciden en que se han presentado inconsistencias de parte del ente acusador, como señalamientos sin fundamento. El ritmo con el que avanza el proceso judicial, así como las acusaciones, dicen, estarían frenando sus procesos educativos y laborales.
Sería el caso de Karen, quien se encuentra en detención domiciliaria desde diciembre de 2022, luego de ser acusada por la Fiscalía de atacar el Centro Comercial Los Héroes y a miembros de la Fuerza Pública, con bombas molotov, el 28 de mayo de 2021.
“A Karen la acusan de un evento en el que no estuvo. Ella ese día no fue a marchar, porque días antes la intentaron abusar miembros del Esmad y ella tenía miedo. Además, no hay pruebas donde esté lanzando una molotov o esté golpeando un policía. Mi hija está perdiendo tiempo de su estudio, no ha podido presentar el Icfes, tampoco puede trabajar y la situación económicamente no está tan bien”, señala Milena Herrera, madre de la procesada.
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Por su parte, Simón Santiago Molina, quien, según la acusación, tenía por objetivo suministrar y coordinar los lanzamientos de los objetos incendiarios contra el mismo establecimiento comercial, de la localidad de Engativá, cuenta que su detención se efectuó con pruebas “sacadas de contexto”.
“Yo sí asistí a las marchas, pero no estaba en la concentración de Héroes del 28 de mayo, fecha en la que el paro cumplía un mes. Sobre mi captura, una persona estuvo infiltrada en las marchas, sacaba todo de contexto. El sujeto nos pintó como terroristas y armó testimonios falsos”, expone el joven de 24 años, también en detención domiciliaria.
De igual forma, Molina manifiesta que al momento de su captura fue abordado violentamente por dos uniformados, quienes, presuntamente, lo golpearon en su cabeza con un arma de fuego, lo lanzaron al suelo y procedieron a patearlo.
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Ahora bien, de acuerdo con la ONU, en su informe sobre las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta del gobierno del expresidente Iván Duque, durante el paro nacional 2021, en Colombia se registraron 110 casos de personas procesadas por orden judicial. En 85 de los casos registrados, la Fiscalía incluyó el delito concierto para delinquir con fines terroristas y 54 casos con el delito de terrorismo, en los cuales decretaron medida de aseguramiento privativa de la libertad.
En suma, alerta que si bien no se pretende juzgar la información recibida por parte de las autoridades nacionales, “inquieta el aparente uso indebido del derecho penal y el poder fiscalizador del Estado para judicializar personas que ejerzan su derecho a la reunión pacífica, su derecho de asociación y su derecho a la libertad de expresión”.
Será un juez quien determine la responsabilidad de los detenidos con respecto a los actos vandálicos que tuvieron lugar durante el paro de hace dos años en Bogotá. Por ahora, todo apunta a que tomará un tiempo superar la fase probatoria y que el fallo que condene o libere a los procesados podría llegar incluso en 2023.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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