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A una batalla jurídica se trasladó el debate por el polémico proyecto del corredor verde de la carrera séptima. Cuando el proyecto se daba por perdido para esta administración, luego de que un juez ordenara suspender la licitación y el alcalde electo expresara su intención de modificar el proyecto, Claudia López se jugó su última carta, con la que busca resucitar el proceso de contratación: una tutela que ya aceptó el Tribunal de Cundinamarca.
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Cuando el juez suspendió la licitación, el Distrito no esperó para interponer dos recursos: de reposición, pidiéndole al juez que replanteara su determinación, y el de apelación, en caso de que se mantuviera en la suspensión. No obstante, fuentes de la Alcaldía confirmaron que, a raíz de que estos recursos tienen un plazo de tres meses para resolverse -tiempo que no tiene López-, decidieron interponer una tutela de 59 páginas, en la que el equipo jurídico de la Alcaldía de Bogotá expuso los argumentos por los que considera que la medida cautelar, que suspende el proceso de contratación, fue una vulneración al debido proceso. Pidieron a los magistrados revocar la orden para seguir adelante con la licitación.
La tutela la tendrían que responder en un plazo de 10 días. En expresas palabras, el documento que conoció El Espectador, dice: “La alcaldesa mayor de Bogotá solicita de manera respetuosa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declare que el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la Alcaldía”. Añade que el juzgado habría incurrido en “un defecto sustantivo, en un defecto fáctico y en un defecto procedimental absoluto con la medida cautelar proferida mediante auto del 25 de octubre”.
La tutela
La decisión de suspender el proceso de contratación de la obra se soportó en la premisa de que el corredor que piensa dejar contratado la alcaldesa se aleja de los preceptos del Plan de Desarrollo de su administración, en lo concerniente a la inclusión de una troncal de buses de transporte masivo, que iría en contravía con lo estipulado en el artículo 105 de su programa de gobierno, en el período 2020-2024.
Fuentes cercanas al proceso explicaron a El Espectador lo que busca la tutela y argumentan que el juez malinterpretó lo consignado en el Plan de Desarrollo: “Consideramos que se está viendo afectado el derecho fundamental al debido proceso, del que deben gozar todas las actuaciones administrativas. El juez que emitió la medida cautelar, que suspendió la licitación del corredor, no tuvo en cuenta las posiciones de los oferentes y se extralimitó en su interpretación sobre el Plan de Desarrollo sobre las promesas de Claudia cuando fue candidata y se basó sencillamente en eso para decretar la medida cautelar”, señaló.
La tutela además busca deslegitimar el proceso y fallo del juez 35 administrativo, que evaluó la acción popular interpuesta por dos integrantes del Nuevo Liberalismo, un profesor y un estudiante candidato a edil de Chapinero, en las últimas elecciones. Entre sus reparos se encuentran: no hacer una lectura apropiada del Plan de Desarrollo, “invadir” las funciones del Concejo de Bogotá y el Distrito, y no decretar una audiencia para conocer las dimensiones técnicas del proyecto.
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Además, ignorar el acuerdo de cumplimiento que firmó la Alcaldía en 2020, luego de que se cayera la iniciativa de una troncal de Transmilenio por la séptima, propuesta por el exalcalde Enrique Peñalosa y que instaba a la Alcaldía a llevar a cabo la intervención en la séptima. También señala que el juzgado no avisó a las partes interesadas en la licitación de los tramos que ya estaban abiertos del proceso judicial que se adelantaba, generándoles un amplio margen de incertidumbre. “El juez pretende indicar que traicionamos al electorado, porque habíamos dicho que no iría Transmilenio por la séptima, pero aquí hubo un debate democrático en el Concejo, que terminó en una norma de Plan de Desarrollo, que indica que el corredor no es igual al planteado en 2017. Ahí es donde nosotros argumentamos que el juez falló y se excedió en su interpretación”, añade la fuente.
Sobrecostos y pérdidas
Apunta el Distrito que desde 2005 la capital gastó $82.639.489.023 en estudios, que no llegaron a materializarse por diversos impedimentos y acciones ciudadanas. “Es urgente que el juez de tutela intervenga en el presente asunto para evitar mayores perjuicios a los derechos colectivos, a la moralidad administrativa, al patrimonio público”, describe el documento. En otro concepto, el Distrito alertó en la tutela una posible “desfinanciación” de la línea de metro que está en construcción y que ha causado disputas entre la alcaldesa y el presidente. Según el escrito, el equipo de la Alcaldía dejó en evidencia que su compromiso era construir el corredor, que estaría “empaquetado” con la primera línea. “Eso pone en grave peligro el desarrollo de ese proyecto y dejaría expuesto al Estado a demandas millonarias”, añade la tutela.
Lo que viene
Si bien la discusión viene de muchos años atrás, aún es incierto lo que decidirá el juez. Analistas señalan que probablemente la tutela no llegue al puerto que espera el Distrito. “Contra la medida de suspensión provisional de la licitación, primero proceden los recursos de reposición y apelación. Hasta tanto se agoten esos recursos, la acción de tutela, a nuestro juicio, no sería el mecanismo idóneo para atacar esa decisión”, analiza Enrique Arango Gómez, abogado.
“Viene un plazo de 10 días en los que el juez responderá la tutela. En caso de que la niegue, vamos a esperar el recurso de reposición y el recurso de apelación en el tribunal”, apuntó la fuente cercada al caso.
Sobre el corredor Galán ha sido claro: buscará perder lo menos posible los avances de estudios del corredor. “Perfectamente, con el nuevo Plan de Desarrollo podemos plantear una fórmula distinta, construida con la ciudadanía y que tenga en cuenta los estudios hechos, para no botarlos a la caneca, sino que avance en garantizar que ese proyecto se pueda implementar”, dijo a este diario el mandatario electo.
Otro análisis que hace Luis Ángel Guzmán, docente de la Universidad de los Andes y estudioso de la carrera séptima, explica que “una minoría educada y con acceso más fácil a la justicia está tratando de imponer su visión particular de ciudad a la mayoría. Es la segunda vez que nos pasa después de lo de Peñalosa. En concreto, si sigue esta ausencia de consensos, esta discusión la volveremos a tener en cuatro años, cuando se avecine otro cambio de administración”, concluyó.
Nota relacionada: Tribunal de Cundinamarca admitió tutela de Claudia López para rescatar Corredor Verde.
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Por Juan Camilo Parra
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