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La alcaldesa Claudia López esbozó este domingo nuevos detalles de una de sus cartas en la baraja de proyectos de movilidad, en su último año de administración: el Corredor Verde por la séptima, una de las obras que más resistencia social y política ha generado. La pacificación de carriles para carros particulares, el desvío del tráfico a otros corredores y la implementación de una troncal de Transmilenio (TM) son los elementos que más caldean los ánimos.
La resistencia es tal que unió a los polos opuestos de la arena política en el Concejo de Bogotá: Partido Verde, Pacto Histórico y Centro Democrático. “Haremos lo que esté en nuestras manos para evitar que Claudia López sepulte la movilidad del borde oriental, por seguir con su capricho de llenar a Bogotá de buses”, dijeron en un comunicado conjunto.
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A pesar de esto, el Distrito se mantiene firme en su visión de recuperar y ordenar el corredor. “Ya hay TM por la séptima. Cada hora transitan 276 buses del Sistema Integrado de Transporte, que cubren 31 rutas, y lo hacen con congestión, contaminación y alta siniestralidad”, dijo la alcaldesa.
¿Cuáles son los cambios?
La intervención es un desafío, entre otras cosas, por el limitado espacio en algunos de sus tramos. Esto se evidencia al transitar por el corredor, de norte a sur, y ver cómo el ancho de la vía pasa de 73 metros, en la calle 106, a solo 33 metros, en la calle 92, siendo un embudo en la infraestructura vial.
Pese a esto, la construcción del corredor intervendrá 22 kilómetros, desde la calle 26 hasta la 200 (pasando por las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén), donde pretenden realizar una redistribución del espacio con carriles exclusivos de TM, carriles mixtos, ciclovías y andenes. Según Diego Sánchez, director de Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al proyecto, que seguía en socialización, le hicieron ajustes de diseño para responder a algunos reparos de la comunidad.
Por ejemplo, ante las críticas por el puente vehicular de un solo carril en la calle 92, ahora será de dos. También se adaptaron las intersecciones, a lo largo del trazado, para optimizar la conectividad. El Distrito asegura que se invertirá $1 billón en intersecciones y puentes, para mejorar la interconectividad y lograr una combinación entre movilidad y espacio público.
La redistribución del espacio por cada actor vial también es clave en el debate. Las estimaciones indican que los vehículos particulares perderán 13 % del espacio actual, mismo porcentaje que ganará el transporte público. Paradójicamente, los peatones perderán 1 % de espacio, aunque el que habrá será mejor y no afectará su tiempo de desplazamiento. Una vez culminen las obras, el Corredor Verde tendrá capacidad de movilizar en transporte público, en promedio, a 15.000 pasajeros por hora por sentido (phps). Además, se espera aumentar la capacidad de corredores como la avenida Circunvalar, que pasará de 1.650 a 2.200 phps.

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A pesar de los ajustes, nada convence a los opositores, en especial por los planes con el carril para carros particulares (norte-sur), entre la calle 92 y la 32, que quedaría así: entre la 32 y el Parque Nacional, solo acceso a predios; entre las calles 36 y 39, solo peatones, buses y ciclistas, y desde la 39 hasta la 92 un carril pacificado; es decir que compartirán carros y ciclistas.
“Argumentan que eso se suplirá con la reparación de otros corredores, pero nos oponemos”, aseguró Carlos Ossa, presidente de Corpochicó, asociación que lidera el proceso contra el Corredor.
Por eso, una vez abran la licitación, anunciaron que interpondrán acciones de nulidad y populares, así como una operación “avispa”, en la que cientos de vecinos solicitarán aclaración, por ejemplo, sobre como saldrán en sus carros de sus hogares.
Lo que viene
Aunque el debate sigue, el Distrito se mantiene firme en su posición y en su diseño. Con el lanzamiento oficial de la obra, espera abrir la licitación en abril, para la cual ya cuentan con 20 constructores interesados, nacionales e internacionales, que participarían por el contrato de $2,7 billones, que debería estar terminado en 2026.
“Cuando vamos con un licitación, para justificar contratos de más de $500.000 millones, se requieren empresas o consorcios de empresas con mucho capital de trabajo, con indicadores financieros muy altos y especialmente con experiencia específica. Entonces en este momento consideramos que sí hay una lista importante de empresas, que pudieran cumplir con los requisitos habilitantes para participar en la licitación”, aseguró Diego Sánchez, director del IDU, quien asegura confiar en la solidez jurídica del proyecto.
Por su parte, los movimientos ciudadanos que están en contra del proyecto aseguran tener reservas sobre los movimientos políticos que se adicionan a su causa, en particular en un año electoral. “Yo he tenido mucho temor, porque, cuando iniciamos esto, éramos una comunidad sin aspiraciones políticas, pero ha sido imposible evitar las adhesiones de candidatos a la Alcaldía y de concejales, entre otros, que buscan figurar. Aun así, insistimos en que no apoyamos a ningún candidato en la ciudad”, agregó el director de Corpochicó.
Por ahora, el Corredor Verde sigue adelante. Mientras los habitantes del extremo norte siguen esperando la obra, para mejorar su movilidad, está por verse el resultado de la oposición de quienes viven más cerca del centro de la ciudad. Está pendiente si la configuración de las principales vías en la capital del país se concreta, como se contempló en el CONPES del 2017, o si hay cambios en el camino para renovar la movilidad en Bogotá.
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