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Lejos de haber cicatrizado las heridas del último escándalo de corrupción en la universidad Distrital, el Alma Mater podría estar cerca de abrir una nueva yaga en el ya de por sí maltratado contorno institucional. Una delicada denuncia, que emergió en el Concejo de Bogotá, describió un posible conflicto de intereses del rector Giovanny Mauricio Tarazona.
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La Concejal María Victoria Vargas, que fue la encargada de efectuar la investigación, llegó incluso a citar un debate de control político en la corporación para hablar sobre el tema. La cabildante señala que el rector Tarazona, habría infligido los códigos 408 y 411 del código penal, referentes al tráfico de influencias y a las inhabilidades e incompatibilidades en nombramientos de servidores públicos.
Tarazona, que completa dos años al frente de la Distrital, con una conducta irreprochable —al menos por el momento— habría cometido una falta el 16 de enero del año pasado, que derivó en el presunto escándalo. Ese día, el rector nombró como decano de la facultad de Tecnología al profesor Javier Parra Peña, antiguo conocido suyo y con quien, además, fundo una sociedad comercial en 1996. Grupo Kaizen Pbt, empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos, fue fundada el 10 de abril de ese año por Parra y Tarazona.
Aunque el nombramiento, en sí mismo, pudiera parecer una designación de un viejo amigo a otro, en un cargo de libre remoción y nombramiento, la presunta falta y conflicto de intereses va mucho más allá, según la denuncia de la cabildante. Además de las funciones administrativas que confiere este cargo, Parra Peña entró a conformar un comité evaluador, que se encarga de designar los puntos salariales. Esto es, la clasificación que utiliza la universidad para designar los honorarios que paga a los académicos que componen la planta docente.
En esta plantilla, se encuentra Luz Andrea Rodríguez Rojas, docente de la facultad de Tecnología y esposa del actual rector de la universidad. Si bien, la trayectoria de Rodríguez Rojas es lo suficientemente proba para enseñar en la universidad —posee un doctorado en informática— el hecho de que Parra sea el socio legal del rector, es decir, su esposo, tipifica un posible conflicto de intereses. Del mismo modo, llama la atención que, el decano, no haya notificado al comité encargado de establecer los puntos salaries, su conexión con la docente.
Aunado a lo anterior, ya en el fichero de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual reposa la matrícula del grupo Kaizen, hay otros factores que no concuerdan. En primer lugar, en el año 2015, figura la novedad de que la empresa se encontraba en proceso de liquidación, esto es, ocho años antes de que ocurriera el nombramiento de Parra como decano, y seis menos que la designación de Tarazona como rector. Sin embargo, el mero hecho de declarar la liquidación de la empresa, no constituye un acto per se de disolución. El cual, en todo caso, se debe finiquitar con la cancelación de la matrícula.
De hecho, la cancelación de la matrícula sí ocurrió, justamente, en noviembre de 2023, diez meses después de que Parra ocupara la silla de decano de la facultad de Tecnología. Lo que no queda claro, es si dicha cancelación se efectuó para evitar infringir la norma de conflicto de intereses. Y todavía más relevante, si la fecha de cancelación, fue oportuna respecto a la fecha en la que se designaron los puntajes salariales en la universidad. De haber sido antes, la corrección del error, a posteriori, no sería suficiente para eliminar la infracción y evitar las respectivas sanciones.
El Espectador se intentó comunicar con la Secretaría de Educación para conocer un pronunciamiento oficial, pero no fue posible obtener dicha información. Por el momento, se está a la espera del debate de control político al cual, seguramente, serán citados los funcionarios involucrados, incluido el tesorero de la universidad, para dar cuenta de esta posible irregularidad.
El fantasma de la corrupción en la Distrital
La denuncia de la cabildante cae a escasos cinco años de que se destapara uno de los mayores escándalos de la universidad Distrital. En 2019, el profesor William Muñoz, quien estuvo a cargo del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IDEXUD) desde el 2012 hasta enero de ese año, fue encontrado culpable de utilizar las cuentas y tarjetas de la institución para lucro personal. Fueron $12.000 millones en total, los que Muñoz aceptó haberse apropiado del erario de la universidad y los cuales utilizó para la compra de automóviles de lujo, joyas, y la adquisición de propiedades.
Después del escándalo, el entonces rector de la universidad, tuvo que dimitir y Muñoz fue destituido por 20 años sin poder ejercer cargos públicos. Entre tanto, la Fiscalía levantó cargos en contra del funcionario que, a día de hoy, se encuentra detenido. Una vez se efectuaron las sanciones, la Secretaría de Educación encargó a la Universidad del Valle la realización de una auditoria completa, con el fin de encontrar nidos de corrupción ocultos que Muñoz hubiese dejado. Al término de las pesquisas, un puñado de funcionarios fueron retirados de sus cargos y las investigaciones penales continuaron su curso.
Entre tanto, con el fin de atender las solicitudes de la comunidad estudiantil, el Distrito impulsó la creación de un nuevo Estatuto de Autonomía de la universidad, que permitiera hacer más diáfana la información y decisiones que se tomen desde el consejo directivo. La idea, según le contó la exsecretaria de Educación, Edna Bonilla, a El Espectador, es que las sesiones del Consejo Superior pudieran ser transmitidas por Facebook, para que todo el entorno del Alma Mater, pudiera percatarse de lo que se hable en la instancia superior. De igual forma, el documento contempla mecanismos de participación y veeduría para evitar que casos como el de Muñoz, por ejemplo, vuelvan a desmigajar las arcas de la universidad y derivar en paros como el de 2019.
Dicho documento, no obstante, aún no se ha terminado de redactar. Este diario tuvo la oportunidad de conversar con alumnos de la universidad que, de manera anónima, manifestaron su escepticismo sobre el alcance del nuevo Estatuto. Mencionan que los directivos tienen al alcance mecanismos de acceso a presupuestos ilimitados, de los cuales, “todos sacan provecho mientras las instalaciones se caen y docentes, como los de cátedra, tienen sueldos precarios”, mencionó un alumno de la universidad.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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