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Próximo a cumplirse un año de asesinato del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, en medio de una escena dantesca, como sacada de un capítulo de Investigation Discovery, las respuestas que esclarezcan el presunto crimen no son claras del todo, a pesar de la artillería probatoria que tiene la Fiscalía.
Dos meses después del hallazgo, en un apartamento ubicado en La Calera (Cundinamarca), el presunto crimen parecía estar resuelto con anormal rapidez (en un país en donde el índice de congestión en la justicia ordinaria ha estado por encima del 50 % en los últimos tres años): Jhonier Leal había asesinado a su madre Marleny y luego obligado a su hermano Mauricio a escribir una carta suicida para así también asesinarlo. Por esto, la Fiscalía lo acusó de homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios.
El fiscal del caso -un tal Mario Burgos, experimentado delegado del ente acusador que ha estado al frente de casos como el de Sergio Urrego, el de Santiago Murillo (asesinado en el paro nacional de 2021) y el del empresario Enrique Vives (quien arrolló a siete personas en la vía Gaira–Santa Marta- presentó un cúmulo de evidencias en la imputación de cargos que hacía difícil pensar que hubiera forma de contrarestarlo.
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Tanto así, que Jhonier Leal, a quien Burgos tuteaba durante las audiencias preliminares, después de no aceptar cargos se retractó y reconoció ser el responsable de la muerte de sus familiares, con la intención de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y obtener algún beneficio de rebaja de pena.
Sin embargo, dos meses después de esto y de que el propio fiscal general, Francisco Barbosa, citara a rueda de prensa para exaltar el trabajo de esta entidad en el caso, Leal se volvió a retractar y dijo: “no aceptó absolutamente nada”.
Desde entonces, el proceso, que parecía iba a terminar con una sentencia anticipada, se ha prolongado a tal punto que, a once meses del hecho, ni siquiera ha iniciado el juicio en contra de Leal.
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Esto debido, en parte, a que el acusado cambió de apoderado, quien era un abogado de oficio, y la penalista Ana Julieth Velásquez asumió su defensa.
Desde entonces, Velásquez ha sugerido que su cliente fue presionado para que aceptara cargos y que en las pruebas de la Fiscalía contra él había “imprecisiones”, en referencia a que en el celular de Marleny Hernández hubo actividad cerca de las 11 de la mañana del día en que fueron encontrados los cuerpos. Por ello, apuntó a que habría otra persona involucrada en el caso, pues en ese momento Jhonier se encontraba en Bogotá.
Así mismo, pidió ante un juez de garantías que se revocara la medida de aseguramiento en su contra y, en tres ocasiones, pidió el aplazamiento de la audiencia preparatoria, en la que tanto ella como el fiscal expondrán todas las pruebas que serán válidas para el Juzgado Penal 55 de Bogotá para emitir una sentencia.
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El antecedente más fresco de este caso fue la audiencia en la que se pidió revocar su detención intramural en la cárcel La Picota, que se llevó a cabo cuatro días después del tercer aplazamiento de la preparatoria.
En esa ocasión, además del vehemente llamado de atención del fiscal Burgos contra la defensora de Leal, de quien dijo no estar “preparada para asumir el caso”, la juez determinó que los argumentos en contra de las pruebas presentadas por el ente acusador fueron insuficientes, ya que, dijo la togada, ese registro de actividad se puede realizar sin que haya interacción directa con el celular por parte de una persona y que “no existe duda en relación de la gravedad de los comportamientos y la inferencia de su posible autoría (de Jhonier) en el caso”.
Ante esto, Ana Julieth Velásquez le contó a El Espectador que está lista para la audiencia y, sobre la decisión de no levantar su detención, que “la defensa no es fácil, pero se darán cuenta que faltan muchas cosas por descubrir, que no todo lo que se expuso como verdad es cierto y que le faltan muchos cabos a esta historia para que se cierre”.
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Además, indicó, frente a lo que dijo Burgos, que sus “acusaciones personales, indirectas, comentarios, a veces con tono machista, lo debilitan. Es como si en el fondo tuviera temor de no tener pruebas contundentes o concluyentes contra Jhonier Leal”.
Por ahora, solo queda esperar que hoy el proceso pueda avanzar sin más dilaciones (que han sido justificadas por la abogada debido a lo extenso del expediente) y con la Fiscalía y la representación de víctimas con un ojo puesto en los plazos para el vencimiento de términos, pues la primera semana de noviembre se cumplen 120 días desde que se realizó la audiencia de acusación, tiempo límite para que inicie el juicio.
“Sabemos que estamos enfrentados a un Estado que primero lo presionó y luego lo condenó en los medios de comunicación”, agregó la abogada Velásquez.
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