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Advierten sobrecostos en operaciones de 6.000 buses provisionales del SITP

En una acción de cumplimiento fue señalado que no se aplican los transbordos y cuesta el doble el pasaje.

Redacción Bogotá
02 de septiembre de 2015 – 06:16 p. m.

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Un grupo de ciudadanos liderado por el abogado, Juan Felipe Grillo, presentaron ante los juzgados administrativos de Bogotá una acción de cumplimiento exigiendo lo establecido en el plan de desarrollo distrital respecto al SITP.

La intención, de acuerdo al abogado, es que se dé una fecha “definitiva e inaplazable” para la implementación total del sistema.

Según Grillo, algunos de los problemas que más afectan a los bogotanos en la operación del sistema y motivan a la ciudadanía a tomar medidas legales son “la falta de chatarrización de 5.570 buses antiguos que aún se encuentran en funcionamiento, falta de rutas operando en sectores como Perdomo, Suba y Fontibón, caos en algunos puntos de inicio de las rutas atendidas por los buses azules los cuales generan contaminación y desorden en el espacio publico, además del sobrecosto que deben pagar lo usuarios por tema de transbordos”.

“En Transmilenio actualmente hay 6.000 buses tradicionales vinculados provisionalmente al sistema y en los que la modalidad de transbordo no aplica generando el cobro de una tarifa plena y adicional a los usuarios. Esto quiere decir que un ciudadano que se transporta en el sistema paga por el sistema nuevo de transporte y paga por el viejo sistema ¿Quién responde por esos dineros adicionales mientras dure la provisionalidad? ¿Por qué no se utilizan las tarjetas del sistema en los provisionales entre tanto para controlar el dinero y que funcionen transbordos y no hacer doble pago?, señaló.

Adicionalmente, según Grillo, se presentan líos jurídicos con dos de los nueve concesionarios encargados de la operación de la flota del SITP, Egobus y Coobus, los cuales se encuentran actualmente intervenidos por la Superintendencia de Puertos y Transportes, dificultando la determinación de una fecha definitiva para la implementación total del sistema.

Con esta acción de cumplimiento, de acuerdo al abogado, se espera sentar un precedente mostrando que “existen formas legales por las cuales los ciudadanos pueden intervenir en el actuar de los funcionarios públicos y de esta forma generar control sobre el trabajo que realiza el Distrito y exigir el cumplimiento de las metas y los planes por los cuales son elegidos”.  

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