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En Bogotá se discute por estos días la reciente alerta temprana, que emitió la Defensoría del Pueblo, en la que habla del enfrentamiento entre el grupo criminal trasnacional Tren de Aragua y el Clan del Golfo (AGC), poniendo en riesgo nueve localidades de la capital.
Si bien, cada vez que se difunden este tipo de advertencias, las autoridades intentan bajarle un poco el tono y alcance, diciendo que en Bogotá no hay presencia de grupos armados, la realidad para el ente de control es otra: no tienen que hacer presencia, para estar en la ciudad a través de grupos tercerizados. El Espectador habló con Ricardo Arias, defensor del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), sobre el tema.
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¿Cuál es el contexto de la nueva alerta temprana de la Defensoría para Bogotá?
Desde la Defensoría se han emitido tres alertas para Bogotá. La primera fue la 010 de 2021, que involucraba 10 localidades y municipios de Cundinamarca. Ahí se hablaba de dos corredores estratégicos: en el oriente y en el occidente, que aprovechan las Farc y el Clan del Golfo. Se advirtió que la ciudad no iba a ver a los del Clan de Golfo con la camiseta, sino que ellos hacían presencia a través de grupos, que operan con la figura de la tercerización.
Luego salió la 005 de 2022, principalmente para Cundinamarca, algunos municipios del Tolima y Sumapaz. Esa les puso a todos los pelos de punta, porque plantea la intención de retoma de las disidencias de las Farc. Ahí ya van 11 localidades alertadas. Ahora está la 004 de 2024, que advierte sobre los riesgos en 22 upz de las nueve localidades restantes y que, de cierta manera, actualiza la alerta 046 de 2019. Esto quiere decir que hay advertencias sobre todo Bogotá, a través de tres alertas activas y vigentes.
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Entonces, tenemos corredores y grupos que subcontratan estructuras en la capital; la intención de las Farc de retomar Sumapaz, y ahora el conflicto con una estructura trasnacional, como el Tren de Aragua y las subestructuras del Clan de Golfo. Conclusión: estamos en Bogotá ante un coctel criminal y de violencia que refleja a todas luces en lo que pasa en todo el país.
¿Cómo ha recibido la administración estas alertas?
Nosotros no se la enviamos a los alcaldes, sino al ministerio del Interior. Esta cartera tiene la tarea de enviarla los alcaldes. En la administración de Claudia López, si bien no desestimaron las labores que tenían que cumplir de acuerdo con la alerta, sí desestimaban era la información sobre la presencia de grupos armados en la capital. Es más, todavía dicen que el Clan del Golfo no hace presencia en Bogotá, con lo que se intenta deslegitimar la alerta. No obstante, adelantaron acciones, como espacios de diálogo con la sociedad, para buscar soluciones, que fue una de nuestras recomendaciones: ganar la confianza de la ciudadanía. Incluso, hubo un decreto, que es pionero, que intenta tener una unidad de alertas tempranas en Bogotá, que reglamentaron con el decreto 204 de 2023. Eso es un buen inicio.
¿Pero siente que se hizo todo? ¿No hay pendientes?
Sí, hay muchos pendientes y el gobierno nacional está en deuda, porque hay una desconexión total entre Nación y Distrito. El Gobierno Nacional ha ignorado las alertas tempranas, entonces no les presta apoyo a las necesidades de las alcaldías.
¿Cuál es la solución, más policías?
Esto no es solo de tener más Ejército y más Policía. Con ese seguro se puede disuadir la amenaza. Aquí lo que pasa, y lo decimos en esta alerta, las organizaciones se están aprovechando de la marginalidad que hay en la ciudad, de ciudadanos que no se benefician de la fuerza institucional. Todo esto se ha vuelto un caldo de cultivo para el grupo de delincuencia organizada, en su afán de crecer económicamente y de ganar territorio en los barrios.
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¿Las autoridades insisten en que en Bogotá no hay grupos armados?
Se han dado capturas, se ha incautado material explosivo y la Policía ha dado duros golpes en Corabastos y en algunos barrios. Se registran balaceras en Galerías, una de las UPZ alertadas. Hay manuales de conducta, horarios en los que se restringe la movilidad, fronteras invisibles. Eso no lo hacen grupos comunes. Dicen que la delincuencia común está desborda, pero ellos no tienen ni la capacidad económica, ni logística para algo así en la ciudad. Las evidencias están, pero no somos una oficina de inteligencia, sino que nos basamos en el testimonio de la gente.
Un argumento sobre la mejora de la seguridad es la disminución de homicidios ¿No va en contravía de la alerta?
Los grupos armados se dieron cuenta que cuando hay múltiples homicidios llaman la atención y eso desencadena una respuesta robusta del Estado, con más vigilancia e investigación. Y eso no les interesa. Por eso ahora se ven homicidios ejemplarizantes, que pueden tener el mismo impacto que matar a 10 o a 20. También las balaceras contra negocios. Ahí no matan a nadie, pero generan pánico y miedo. Es la forma de decir “acá estamos”. Y eso no es de una simple banda que roba un minimercado.
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¿No es exagerado hablar de conflicto armado interno?
No hemos calificado lo que pasa en Bogotá como un conflicto armado. Lo que sí vemos es que el crimen organizado llegó y se está haciendo ver en las grandes ciudades. Hay indicios y signos de gobernanzas criminales en Colombia, en varias zonas urbanas como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta. Y otras a escala en Jamundí, Tuluá o Buenaventura y eso no es de poca monta.
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Por Alexánder Marín Correa
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