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Esta semana la opinión pública conoció la compleja situación que se vive en la cotidianidad de algunos entornos escolares de la ciudad. Un menor, de 14 años, fue apuñalado por una compañera de clase, con la que al parecer tenía una relación afectiva. Tras el ataque, este miércoles 25 de septiembre el joven fue sometido a una compleja neurocirugía, debido a un accidente cerebrovascular que sufrió, producto de la pérdida de sangre tras el ataque. De momento, sigue con pronóstico reservado.
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La agresión ocurrió la mañana del martes 24 de septiembre en las instalaciones del colegio distrital Villemar El Carmen, de la localidad de Fontibón. Si bien los detalles y las circunstancias que derivaron en la agresión se desconocen, la familia del menor declaró que la joven responsable de las agresiones lo hirió en la parte baja del abdomen, en la ingle, hecho que comprometió su arteria femoral, generándole una hemorragia que provocó una considerable pérdida de sangre, en poco tiempo.
Tras ser atendido en el Medicentro Fontibón EPS y permanecer en la UCI del Hospital Pediátrico El Tintal, la mañana del miércoles, el menor fue trasladado al Hospital de Kennedy, en donde le realizaron la cirugía de alta complejidad. “Como el hecho se presenta entre dos adolescentes, la Policía de Infancia puso a la agresora a disposición del sistema de responsabilidad penal adolescente. Hacemos acompañamiento a las dos familias y, en este caso, también a la institución”, comunicó el Distrito.
Salud mental en entornos escolares
Sin duda, este caso pone sobre la mesa la discusión sobre las condiciones de salud mental en los entornos educativos del Distrito. El miércoles 25 de septiembre, mientras el menor agredido estaba siendo intervenido quirúrgicamente, en el Concejo se presentaban las cifras y el panorama de esta problemáticoa en los colegios de la ciudad.
“El clima escolar, las relaciones entre personas, la manera cómo se tramitan los conflictos y la construcción de culturas de cuidado, entendidas como la posibilidad de que el alumno se sienta parte de una comunidad, donde le importa a los demás y preocupa el bienestar del otro, son factores decisivos, que influyen en el bienestar emocional dentro y fuera de las aulas. En estas edades se cimientan las bases de un adecuado proceso de regulación emocional”, señala José Fernando Mejía, director de Aulas en Paz, un proyecto de la U. de los Andes, que vela por prevenir la agresión y promueve la convivencia en los colegios.
Durante su intervención, el concejal Edward Arias señaló que, en Colombia, “ocho de cada diez colegios no atienden las necesidades de salud física, mental y social de sus estudiantes y se considera que por lo menos el 77% no acompaña adecuadamente este tipo de necesidades estudiantiles”, situación de la que no escapa Bogotá. En marzo, la Procuraduría le pidió a la Secretaría de Educación un reporte sobre situaciones relacionadas con agresión, acoso y ciberacoso en entornos escolares registradas en el Sistema de Alertas Tempranas. Para entonces, los 1.664 casos de abuso daban indicios de la magnitud del problema.
Muchas de las situaciones de abuso, violencia u hostigamiento en entornos escolares, ante un sistema que descuida la importancia de la salud mental desde los primeros años, derivan en ideaciones suicidas o en suicidios consumados. Este año se han reportado 1.032 casos de intento de suicidio en adolescentes, entre los 12 y los 17 años. En cuando a los más pequeños, el concejal Julián Sastoque resaltó que, en el último año, 125 menores, de entre los 6 y los 11 años intentaron quitarse la vidaen Bogotá. 20 lo lograron.
En relación con los casos de ideación suicida por matoneo u hostigamiento escolar, el concejal señaló que, con corte en junio de este año, se registraron 84 casos de ideación suicida en posibles víctimas de hostigamiento escolar, frente a 157 casos reportados en el mismo periodo de 2023, y 152, en 2022. Estas condiciones, sumadas a circunstancias del entorno más íntimo, como baja tolerancia a la frustración, angustia, ansiedad, soledad, disociación social y casos de abuso o violencia intrafamiliar configuran un espectro de factores que, indiscutiblemente, inciden en la salud y el bienestar socioemocional de los estudiantes
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En todas las localidades aumentó la violencia intrafamiliar
El lamentable hecho del colegio en Fontibón permitió una reflexión: “Si como sociedad estamos acostumbrados a resolver los conflictos de una manera violenta, esos ejemplos violentos se van a transferir a todos los entornos donde los niños, niñas y adolescentes están”, dijo Edwin Ussa, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación.
Por eso, si los índices de violencia en los colegios aumentan, es necesario echar un vistazo a los entornos familiares. Y lamentablemente, en ese frente, las cifras no son alentadoras: en todas las localidades, los casos por violencia intrafamiliar aumentaron, en algunos más del 200%, y en casos como la localidad de Los Mártires, hasta el 1.000%.
Entre enero y agosto de este año se reportaron 38.610 casos de violencia intrafamiliar, cifra que, comparada con los 20.331 del mismo periodo de 2023, representa un aumento del 90%. Del total de reportes, en 27.345 las víctimas fueron mujeres. Por otro lado, en 5.297 de los casos hay niños afectados y en 3.524, adolescentes.
Las localidades en donde se presentaron más hechos de violencia intrafamiliar en el periodo enero-agosto de 2024 son:
- Suba: 4.338 casos, cifra que comprada con los 2.596 casos del mismo periodo del año pasado, representa un aumento del 67,1%.
- Los Mártires: 4.314 casos, cifra que, frente a los 386 casos registrados en el mismo periodo de 2023, representa un aumento del 1.017%
- Kennedy: 4047 casos, número que representa un aumento del 95,7% frente a los 2.068 casos registrados en 2023.
Los llamados desde el Concejo de Bogotá y la ciudadanía no se han hecho esperar. Aunque se espera que las medidas y campañas del Distrito aporten a reducir el “estrés” que se vive en los hogares bogotanos y que se termina expresando en el alto índice de riñas y casos de violencias, los cambios son complejos y estructurales.
¿Qué hacer?
En mayo de este año, El Espectador publicó una nota, a propósito de la decisión de 27 instituciones educativas privadas de Bogotá de restringir en sus alumnos el uso de celulares, relojes inteligentes y otros aparatos tecnológicos, con el objetivo de robustecer el bienestar emocional, la salud mental y el desarrollo integral de sus estudiantes.
En ese momento, a propósito del anuncio, la Secretaría de Educación señaló que, a través de la Oficina para la Convivencia Escolar OCE, implementó un equipo interdisciplinario de profesionales, que desarrollan acciones y procesos para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones y violencias, que afecten a niñas, niños y adolescentes, de las comunidades educativas de la ciudad. Los equipos son:
Gestión del conocimiento: Realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de las situaciones reportadas a través del Sistema de Alertas con el fin de brindar un panorama a nivel local de las principales situaciones de presunta vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos de los y las estudiantes de Bogotá. Igualmente, construye material de divulgación para compartir con la comunidad educativa y las entidades garantes de derechos. De esta forma contribuye a la toma de decisiones y al direccionamiento de las acciones focalizadas por parte de los equipos territoriales y especializados
Equipo territorial (unidades móviles): Acompaña y aborda situaciones críticas y de presunta vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes que desbordan la capacidad de respuesta de las instituciones educativas en las veinte localidades de Bogotá.
Equipo territorial en entornos educativos: Brinda acompañamiento y seguimiento a situaciones críticas en los entornos educativos, tales como: riñas, tomas, plantones y movilizaciones, promoviendo la articulación y gestión interinstitucional. Además, este equipo desempeña un papel fundamental en la identificación de factores de riesgo en los colegios de Bogotá, para ello adelanta un mapeo trimestral que abarca seis categorías y 22 variables de factores de riesgo en los entornos educativos
Equipos especializados: Implementan acciones de promoción y prevención en las instituciones educativas y acompañan el abordaje integral a casos de presunta vulneración de derechos que afectan a niños, niñas y adolescentes, específicamente en violencias basadas de género y violencia sexual; hostigamiento escolar, y salud mental: prevención de la conducta suicida y del consumo de sustancias psicoactivas.
Estas medidas, sumadas a iniciativas privadas como la prohibición de celulares en algunos colegios privados de la ciudad, puede que calen, pero sin un enfoque integral que contemple, además del entorno escolar, el entorno familiar de los menores, serán nimias.
Otra barrera para superar es la relacionada con la atención de la salud mental en las instituciones prestadoras de salud del país. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional y la secretaría de Educación sobre el deterioro de la salud mental en niños y adolescentes, publicado en octubre de 2023, “en Colombia hay alrededor de 1.200 psiquiatras, es decir dos profesionales por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la recomendada por la OMS, que es de 10 por cada 100.000 habitantes. Ante la precaria atención en las EPS se recurre a los servicios privados, algo que solo muestra la desigualdad en el servicio”.
Los costos para acceder a consultas de psiquiatría, psicología o neuropsicología, por ejemplo, para la gran mayoría de la población afectada, resultan impagables, hecho que incide que el empeoramiento de ciertas conductas o ciertos diagnósticos. Como se ve, la atención especializada en los sectores menos favorecidos de la ciudad continúa siendo un lujo.
Según reveló el concejal Julián Sastoque, el rubro para atención en gestión de riesgo en temas de trastornos mentales del Ministerio de Salud, para todo el país, es de $3.963 millones, una cifra irrisoria de la cual, con corte en agosto, se había invertido apenas el 36%. Es decir, por más campañas que se hagan, sin un compromiso real de las autoridades sanitarias, en términos de acceso y democratización de la salud mental, las buenas intenciones no bastarán.
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