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El 23 de septiembre de 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán posesionó a Armando Ojeda como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá-UAESP, con el encargo urgente: transformar el manejo de residuos en un contexto donde la crisis de basuras ha pasado de ser excepcional a permanente. Aunque los puntos críticos de arrojo clandestino bajaron de 623 en 2024 a 478 en 2025, el volumen de basura acumulada creció un 18.96%, alcanzando las 968 toneladas diarias.
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A este desafío pendiente en la administración distrital, se suma un reto mayor: desde el 12 de febrero, bajo el nuevo modelo de libre competencia, Ojeda deberá garantizar la recolección de 6,000 toneladas diarias de residuos. En entrevista, el director explica cómo prepara esta transición para evitar una agudización de la crisis de basura en Bogotá.
¿Cómo ha trabajado en la adopción de un régimen transitorio para asegurar la prestación del servicio público de aseo?
Actualmente tenemos un sistema de recolección de residuos ordinarios que son las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) que terminan el 11 de febrero. Después de esa fecha, el usuario podrá vincularse con nuevos operadores. Entonces, cuando nosotros llegamos, entre los ajustes más importantes que hicimos resalta la reactivación del lavado de áreas públicas, llegando a más de 7 mil puntos mensuales; requerimos a los operadores por las frecuencias y uno fue sancionado por incumplimiento de rutas e hicimos una revisión del mobiliario de contenedores y cestas.
Los cinco operadores cuentan con adiciones contractuales para atender puntos críticos y arrojos clandestinos. ¿Qué pasará cuando terminen los contratos?
Esto ha sido atendido con presupuesto del distrito; no son recursos tarifarios. Después del 11 de febrero, uno de los cambios claros es que Aguas de Bogotá, que pasó de recoger 180 toneladas a 300, incrementará a mil toneladas diarias, que es lo que estamos recolectando en el espacio público. Es decir, atenderá la totalidad de residuos voluminosos, de construcción y demolición que nos están dejando en la calle.
Volviendo al cambio que nos espera de libre competencia, ¿ustedes van a prorrogar los contratos de los cinco operadores para mantener las ASE?
Estamos a la espera de si la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, genera unos mecanismos en el régimen transitorio, además de la expedición del nuevo marco tarifario, para ver qué posibilidades hay de adoptarlo y generar o no ampliaciones de contrato. Pero nosotros estamos trabajando en la vía cierta y que nos permite la ley, que es la libre competencia.
En este modelo hay riesgo de que zonas poco rentables o de difícil operación se queden sin prestar el servicio de aseo, ¿cómo van a garantizarlo?
Los operadores actuales nos han manifestado que van a mantenerse en la totalidad de sus áreas de prestación. Eso tiene sentido en dos casos: por un lado, el modelo de las ASE permitía generar una redistribución de los costos operativos por prestar en zonas muy alejadas al relleno Doña Juana. Adicional a eso, los usuarios subsidiados (estratos 1, 2 y 3) tienen un porcentaje de su tarifa que está siendo pagado por los estratos 5 y 6, industriales y comerciales. Eso permite que los prestadores tengan garantizados los ingresos en relación al pago de la tarifa.
¿Cómo van a garantizar las acciones afirmativas a favor de los recicladores en la libre competencia?
En esa transición y cumplimiento de las órdenes de la Corte, se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para que esas garantías queden plasmadas en programas y proyectos, independiente del esquema que se adopte. Que sigan teniendo acceso cierto y seguro al material y, adicionalmente, tener asegurados los recursos tarifarios producto de su actividad.
Por parte de los usuarios hay preocupaciones por un alza en el cobro del servicio o doble facturación, ¿cómo se están anticipando?
Nos estamos reuniendo con la Superintendencia de Servicios Públicos para tener unos canales expeditos y hacerle seguimiento a temas operativos. En todo caso, nunca podrán cobrar más de lo que permite la regulación; sería sujeto de devolución y de sanción. También nos estamos reuniendo con Acueducto y Enel Codensa, que son los facturadores conjuntos, además de Vanti, con el fin de determinar cuáles son cada uno de los usuarios o catastro que se tiene y evitar dobles cobros.
¿Qué van a corregir en la nueva solicitud a la CRA para retomar las ASE?
El nuevo marco tarifario de aseo, (que expide la CRA) es el soporte de nosotros para presentar la verificación de motivos. Allí incorporaremos todos esos avances regulatorios, las medidas afirmativas a favor de la población recicladora y ajustes en el mobiliario público de cestas y contenedores donde ya tenemos las conclusiones de un estudio. Los carros de basura no tienen reversión.
La libre competencia llega con cinco operadores a los que se les ha aperturado nueve procesos disciplinarios y uno fue sancionado. ¿Usted garantiza que no habrá una crisis de basuras?
Es el deber de la Alcaldía garantizar la continuidad y la prestación al 100% de los usuarios. Estamos preparados, haciendo seguimiento a los operadores actuales y a los que lleguen, para que los usuarios tengan la tranquilidad de que se les va a seguir recogiendo los residuos, haciendo corte de césped, barrido y lavado de áreas públicas.
Las localidades con más puntos críticos de basuras
En Bogotá, a noviembre de 2025, hay 478 puntos críticos activos de acumulación de residuos por cuenta del arrojo clandestino de residuos orgánicos, de construcción, voluminosos (muebles, colchones, retales, llantas etc.) y aprovechables, que no se pueden enterrar en el relleno y que producen afectación sanitaria, paisajística y de seguridad. De acuerdo con la UAESP, los puntos críticos se distribuyen así:
Cabe recordar que la UAESP cuenta con un beneficio a las primeras 200 personas que llamen a la Línea 110, otorgándoles la gratuidad en la recolección de escombros de hasta 2 m³. Cada usuario puede acceder al servicio una vez por semestre.
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En paralelo, el mal comportamiento de arrojar escombros o residuos de gran tamaño a las calles puede ser objeto de multa desde 189.800 hasta 759.200 pesos, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, quienes incurran en estas prácticas deberán participar en programas comunitarios o actividades pedagógicas.
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Por María Angélica García Puerto
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