Al borde de la emergencia

Según Caicedo, ese es el mecanismo ideal para que el Gobierno asuma responsabilidades ambientales y sanitarias con el río y, de contera, aliviarles la carga al departamento de Cundinamarca y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Expertos aseguran que la mayor contribución que pueden aportar los municipios para descontaminar el río es tratar sus aguas negras a través de plantas de tratamiento residual (PTAR), cuya implementación ha sido ejecutada en 45 de los 104 municipios bajo la jurisdicción de la CAR.

Pero al asunto se le suma otra arista: el próximo 7 de octubre las PTAR, manejadas hoy por la CAR, pasarán a ser responsabilidad de los municipios, por orden de una ley de 1994. Pero los alcaldes están en desacuerdo con esa medida argumentando que no están preparados para recibirlas y no tener presupuesto para operarlas y mantenerlas.

Este turbio panorama motivó a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes a hacer un debate de control político a la CAR y a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

El debate, efectuado este miércoles —a 18 días de ser entregadas las PTAR — buscó que estas dos entidades “respondieran algunas inquietudes relacionadas con el funcionamiento y la entrega a algunos municipios de Cundinamarca de las 23 PTAR, incluyendo temas atinentes a la laguna de Fúquene”.

Este diario buscó opiniones de expertos y funcionarios que representan entidades públicas responsables de la descontaminación del río, y a la propuesta del representante —que aún está cocinándose— han surgido opositores y defensores. Algunos concluyeron que falta mayor participación de la Nación en esta importante iniciativa ambiental y que cualquier plan es positivo siempre y cuando plantee la creación de un organismo que gerencie el proyecto.

El Megaproyecto Río Bogotá, que es el programa de descontaminación, incluye obras como la optimización del tratamiento de aguas residuales con la PTAR Salitre, la adecuación hidráulica a cargo de la CAR y la construcción de la PTAR de Canoas, cuya ejecución está a cargo del Acueducto de Bogotá, con una inversión proyectada de casi $7 billones, de los cuales la Nación aporta $190.000 millones.

Frente a la iniciativa de Caicedo, el director de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, Ómar Franco, dice que para que sea viable la declaratoria de una emergencia sanitaria es necesario que previamente exista una urgencia manifiesta que para él no se da en este caso, puesto que la contaminación del río es de vieja data.

Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, explica que la descontaminación se ha retrasado por la falta de voluntad de los municipios que, “primero, no quieren responsabilizarse del manejo y la operación de las PTAR y, segundo, aunque la CAR tiene disponibles $11.000 millones para financiar la construcción de estas plantas, salvo el municipio de Tabio, ninguno me ha presentado algún proyecto”.

Diego Bravo, gerente del Acueducto de Bogotá, comparte parcialmente la propuesta del representante Caicedo al afirmar que la Nación sí debe comprometerse con mayores recursos para ejecutar el programa, pues para la construcción de la PTAR Canoas no hay presupuesto. Por otra parte, dice que los municipios, y no la CAR, deben asumir el manejo de las PTAR; sin embargo, dice que la Nación debería subsidiar en parte las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado.

Para la ambientalista y directora del programa Su Madre Naturaleza, del Canal Capital, Margarita Pacheco, falta una agencia que se ocupe de coordinar y administrar los dineros destinados a la recuperación del río. “El río debe tener un doliente, alguien que responda por él. La iniciativa puede ser que funcione, pero que se incluya la creación de un órgano coordinador”.

En esa misma línea respondió Margarita Flores, directora de la ONG Ambiente y Sociedad, quien dice que ya existe un Conpes para descontaminar el río y que la iniciativa es buena mientras incluya la creación de una gerencia que administre los recursos y revise los aspectos técnicos.

Entre tanto, la Contraloría prepara una auditoría a 65 entidades, entre ministerios, alcaldías y autoridades ambientales responsables de descontaminar el río Bogotá. Desde el ámbito fiscal, la falta de recursos no ha sido el problema de este programa, sino “la ineficiencia e ineficacia de actores públicos y privados responsables de afrontar la situación de deterioro de la cuenca con los impactos económicos, ambientales y sociales que ello conlleva”.