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Ni siquiera la advertencia de que les dejarían de pagar un día de salario si salían a protestar impidió que un centenar de docentes en Bogotá se volcaran a las calles para manifestarse contra las fallas en los servicios de salud, a los que tienen derechos ellos y sus familias. Todos tienen claro cuándo comenzaron los líos: el 1.º de mayo del año pasado, cuando el Gobierno (con el beneplácito de Fecode y la junta del Fomag), cambió el régimen de salud de los maestros con el fin de convertirlo, supuestamente, en un sistema “más digno y eficiente”.
Tras dicho cambio, bastaron 15 días para que comenzara el caos. La confusión burocrática privó súbitamente a miles de docentes de citas, entrega de medicamentos, autorizaciones, exámenes y hasta el trámite de incapacidades. Con la excusa del trauma natural que se vive en toda transición, el Fomag prometió soluciones, pero hoy, un año después, los docentes capitalinos dicen que las afectaciones persisten.
Para entender la situación, un poco de contexto. Antes, la atención del Magisterio en el país estaba a cargo de 10 operadores regionales. No obstante, con el cambio todo quedó en manos de Fiduprevisora, entidad que pasó de manejar las finanzas del sistema a asumir toda la prestación del servicio. Fue precisamente esta situación, según los críticos del modelo, la raíz del colapso, debido a la nula experiencia del operador en la administración de este tipo de servicios.
Aunque el Distrito no está en la mesa directiva del Fomag y, por ende, no tiene poder de decisión, sí ha reclamado en múltiples oportunidades una mesa de diálogo para debatir los efectos de este cambio en la planta docente de la ciudad y, de paso, en el sistema de educación pública de Bogotá. Si bien las secretarías distritales de Educación y Salud han sostenido conversaciones con funcionarios del Fomag, la Alcaldía considera que esto ha sido “un saludo a la bandera”, pues no se ven avances significativos.
Uno de los tantos efectos, señalan, son la cantidad de alumnos de la red de colegios públicos de Bogotá que quedan sin clase por la ausencia de algunos docentes que, desesperados por necesidades médicas sin atender, buscan ejercer presión en las calles. Este asunto, de hecho, derivó en una disputa entre la Secretaría de Educación y los profesores que han salido a protestar, ya que para la administración prima el derecho a la educación y, por lo tanto, decidió no pagarles el día de salario a los docentes que se hayan ausentado para realizar plantones y paros, como el de ayer.
Sin acceso a la salud
Filas, trámites y gastos económicos no contemplados son las tres molestias en las que coinciden todos los docentes que participaron en el plantón de ayer frente a la Fiduprevisora. Flor Helena Martínez, docente del Magisterio hace 10 años y paciente con diabetes tipo 2, carga una carpeta repleta de facturas. Varias de las cuentas reflejan gastos de hasta $300.000, los cuales, dice, corresponden a los medicamentos que requiere en un mes.
“Hace seis meses recibo respuestas esquivas al reclamar las ampolletas y tabletas que necesito. Me cambian el sitio y, cuando llego allá, me dicen que debo ir a otro lado. Por eso he tenido que sacar de mi bolsillo, pedir prestado y acudir a solidaridad de mis colegas para financiar mis medicinas, pero esto es insostenible”. Al preguntarle sobre el no pago de un día de salario, encoge los hombros y dice: “No espero menos de esta administración opresora y a la que poco le importa nuestra suerte”.
La decisión de descontar los días de ausencia, por participación en manifestaciones, se tomó por última vez hace 20 años y, afirma la secretaria Isabel Segovia, fue la última opción que les quedó. “Hicimos varias mesas de diálogo y llegamos a acuerdos, que se incumplieron con el último plantón. Aunque entendemos las dificultades, para nosotros la educación de los niños es primero, y les he pedido a los docentes que realicen las movilizaciones en contrajornada”, explica. Empero, al menos 700 profesores han hecho caso omiso a esta recomendación y se han ausentado de sus labores.
De todas formas, el lío con el salario y las ausencias son un tema menor, al lado de otras afectaciones derivadas del cambio. La Secretaría de Educación llevó a cabo una encuesta con 5.000 docentes del Magisterio (en Bogotá hay 35.000) y obtuvo resultados bastante dicientes. El 68 % ha tenido algún tipo de dificultad para acceder a una cita médica y el 58 % ha sufrido demoras en la entrega de medicamentos.
La primera consecuencia, asegura Segovia, se siente en la salud de los docentes, la cual empeora tras no recibir oportunamente sus tratamientos. Cerca de 54.000 incapacidades (casi el doble del total de la plantilla de docentes) se han reportado en el último año por cuenta de estos retrasos. Incluso, desde enero de este año, la Fiduprevisora no ha finiquitado el contrato en Bogotá, mediante el cual se realizan los exámenes ocupacionales a los maestros de la ciudad.
Demandas y hecatombe
Para la Secretaría de Educación lo que se avecina es una verdadera hecatombe en el sistema de salud del Magisterio. Aunque Bogotá, asevera Segovia, ha logrado resistir medianamente esta problemática, lo más probable es que la situación escale de la misma manera que en otras ciudades del país. Incluso, en los servicios de urgencias y de otra índole prestada por particulares ya se evidencia cierta sobrecarga por cuenta de los docentes que buscan allí la atención negada.
Mientras tanto, desde el Fomag sostienen en sus informes de gestión que las quejas por demoras en la atención han disminuido y defienden una cobertura mayor en los servicios de salud desde los cambios del 1° de mayo. Pese a esto, la realidad en las calles y las cifras de entidades como el Distrito les contradicen, y desde la administración estudian la posibilidad de presentar demandas en contra del Ministerio de Educación y el Fomag, alegando el incumplimiento de sus funciones principales y la vulneración del acceso a la salud de los profesores.
Cae el mediodía del jueves. Pacientes oncológicos, hipertensos, diabéticos y de otras enfermedades de base continúan en el plantón que se extenderá 24 horas. Con menos dinero en sus cuentas para final de mes, sin medicamentos en sus botiquines y con citas programadas hasta dentro de nueve meses esperan que con sus denuncias, carteles y arengas puedan eliminar las barreras del fuerte burocrático del nuevo sistema, que les obstaculiza su sagrado derecho a la salud.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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