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Donde hay autoridades débiles, los ciudadanos están más desprotegidos. En medio del caos, el 29 de abril de 2021 llegamos a las once de la noche a Cali a un consejo de seguridad en la base de la Fuerza Aérea. Allí estaba el alcalde, Jorge Iván Ospina, quien se veía absolutamente desconectado de lo que sucedía y quien expresó una frase desconcertante: “Aquí va a comenzar la Primavera Árabe, aquí nace la nueva revolución”. La realidad es que la ciudad estaba bloqueada en siete puntos y él insistía en que la fuerza pública no podía entrar a ciertos sitios. “No entren aquí, no entren acá”, decía. Llevábamos cinco días de paro y la ciudad llena de basuras. Le dijimos al alcalde que la fuerza pública ayudaría a limpiar la ciudad y propusimos caravanas desde las cinco de la mañana para apoyar la operación.
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Todo estuvo listo a esa hora. Cientos de hombres dispuestos, pero ni los camiones ni los operarios de la Alcaldía de Cali llegaron. Después de cuatro intentos fallidos, fuimos donde la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, y le pedimos que ella dirigiera el operativo y sacara los camiones sin apoyo de la Alcaldía.
También le pedí al alcalde Ospina que reabriera el MIO, el sistema de transporte masivo de la ciudad, pero respondió que no, porque esa no era una prioridad. Mientras tanto, la ciudad estaba sin transporte y la ciudadanía debía caminar horas y horas para llegar a sus trabajos, a sus casas. Ofrecimos recuperar las estaciones del MIO que eran atacadas por los vándalos, pero respondió que pertenecían a la empresa privada y prefería encargarse de lo público. Lo cierto es que el MIO moviliza miles de personas al día, pero a él no parecía preocuparle.
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En el proceso de recuperar la ciudad la instrucción era clara en el sentido de que no debía haber aglomeraciones por el riesgo del covid-19, pero la Alcaldía realizó una fiesta para celebrar el primero de mayo, Día del Trabajo, en el parque de Banderas de Cali; esa noche hubo grandes destrozos en la ciudad.
Más llamativo resultó el hecho de que cada vez que nos reuníamos con él presagiaba algo grave que luego ocurría. Una noche dijo: “Me preocupa que los indígenas se vengan para Cali”, y a los dos días llegó la Minga indígena. Le sugerimos que no los dejara entrar por medidas de bioseguridad, pero respondió que no podía impedir que entraran a Cali y, por el contrario, les ofreció protección.
Cuando hablábamos de cualquier problema en Puerto Rellena, él decía que allá no podíamos entrar, pero sí permitió que pasaran muchas cosas, como la construcción de un monumento a la desidia y a la rebelión. Obviamente no se cumplió con ningún estándar de ornamento urbano y seguridad y hoy ese lugar es símbolo del caos.
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El alcalde Ospina defendía con ahínco a la Primera Línea, desconociendo que detrás de esa estructura se ocultaban grupos armados ilegales. Él lo sabía. Decía que eran jóvenes que reclamaban sus derechos, y se oponía a la intervención de los puntos bloqueados de la ciudad. Realmente fue un reto grande recuperar la seguridad en Cali, y lo logramos a pesar de su alcalde. Él decía que no podíamos entrar a Siloé y, finalmente, entramos; decía que no podíamos entrar a Puerto Rellena y, finalmente, la recuperamos.
Muchas veces, el funcionario no asistió a los consejos de seguridad que convocábamos y en cierto momento negó el papel de las disidencias de las Farc en el caos. En escasos tres meses, en Cali hubo 300 muertes más, y eso disparó la tasa de homicidios nacional en 2021.
Quiero contar esta anécdota: en enero de 2022 ocurrió un atentado en Cali contra el Esmad y el ELN se lo atribuyó. Fui al consejo de seguridad citado para examinar la situación, pero el alcalde nunca llegó, y aun así informamos a la ciudadanía que el autor había sido el ELN. Entonces, al alcalde Ospina se le dio por citar otro consejo de seguridad y al terminar señaló que el terrorismo se había tomado a Cali. Sorprendido, solo atiné a decirle: “Qué bueno, alcalde, que esté diciendo eso; qué bueno, porque eso ratifica lo que le estamos diciendo desde hace un año: que aquí están metidas las disidencias de las Farc y el ELN”.
En otro consejo de seguridad me informaron que la estatua de Sebastián de Belalcázar, tirada al piso por indígenas cuando comenzaron las protestas, sería reinstalada, según confirmó el secretario de Seguridad. Manifesté que me parecía una buena idea y, entonces, el alcalde dijo de manera altanera que, si yo quería, mandara en Bogotá que él mandaba en Cali.
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En Bogotá, en el mismo sentido, la alcaldesa Claudia López alentó acciones contra la Policía, generalizando las actuaciones violentas de los policías el 9 de septiembre de 2020. Hubo una clara diferencia entre el comportamiento de ella y su antecesor.
Cuando llegamos a septiembre del 2020 y se produjo el desafortunado homicidio de Javier Ordóñez por la acción ilegal de un grupo de policías, fue ella, la alcaldesa, quien con sus declaraciones irresponsables en contra de los policías propició que los vándalos arrecieran sus acciones contra los CAI y atacaran a los patrulleros. No importó que desde el gobierno rechazáramos ese y cualquier acto en el que un policía manchase el honor del uniforme y de inmediato se promovió una investigación que condujo a sanciones efectivas.
El ataque sistemático a las sedes barriales de la Policía fue tergiversado por la alcaldesa, quien sostuvo por el contrario que los policías habían salido a disparar de forma indiscriminada. Tanto así, que hizo crear una comisión en la que participaba un consultor privado, para ese entonces candidato al Senado, quien habló después de una masacre por parte de los policías. Ella ratificó el diagnóstico, pero la verdad fue que unos violentos salieron a incendiar los CAI, a quemar a los policías y a destruir la ciudad.
En aquellos tiempos nos tocó vivir sus contradicciones y su falta de liderazgo a la hora de asumir responsabilidades por la afectación de la calidad de vida de la ciudadanía bogotana. No se puede pasar por alto el hecho de que la alcaldesa asumió primero un comportamiento en contra de la Policía y, luego, una actitud vergonzante frente a la presencia de las Fuerzas Militares en la ciudad. Mientras ella decía que Bogotá no necesitaba presencia militar, la ciudad ardía.
En una ocasión, como a las doce de la noche, estábamos en el Puesto de Mando Unificado porque no cesaban los ataques a los CAI y llegaban numerosas alertas de más incursiones contra instalaciones policiales, pero la alcaldesa insistía en negarse a recibir asistencia militar. “Aquí no necesitamos eso”, decía.
Pero esa misma noche me llamó un general con el mensaje de que la alcaldesa necesitaba hablar conmigo porque requería ayuda. Le daba pena decir que había militares en la ciudad, cuando soldados y policías representan la institucionalidad del Estado. En poco tiempo ya había soldados en 14 puntos de la ciudad, y entonces ella me dijo que quería más apoyo de la Policía Militar para cubrir 26 lugares. Respondí: “Alcaldesa, entendido, analizaremos la situación internamente y le daremos pronto una respuesta”. En efecto, hablé con el general y dijo que sí podía hacerlo.
Pasados veinte minutos la llamé y le dije: “Alcaldesa, acabamos de hacer una evaluación y por supuesto vamos a darle el apoyo de asistencia militar que nos ha pedido; vamos a estar en los cinco puntos más que usted requiere. Además, enviaremos un helicóptero de la Fuerza Aérea para vigilar la ciudad”. La noticia se filtró en los medios de comunicación y, claro, ella se puso furiosa. Los datos los entregó un militar, desesperado porque la autoridad civil no reconocía el esfuerzo y la colaboración de la Fuerza Militar.
A mediados de 2021 se disparó la tasa de homicidios y convocamos a la alcaldesa a una reunión para examinar los problemas de seguridad. Para poner en contexto este punto, desde el gobierno buscamos apoyar a Bogotá con todos los recursos disponibles. Por ejemplo, en 2020 llegaron a la ciudad 1.500 policías adicionales, y en 2022 otros 1.500 para un total de 3.000 nuevos uniformados para la capital en el gobierno de Duque. También fue creada la Policía Metropolitana de la Sabana porque los delitos ocurridos en Bogotá repercuten en la región. De la misma manera, pusimos en marcha la Policía Metropolitana de Soacha. En ese encuentro con la alcaldesa no logramos ponernos de acuerdo en informar públicamente sobre la presencia de grupos armados ilegales porque creíamos que no había evidencias suficientes para afirmar eso. Sin embargo, ella se puso brava, dijo que no estaba de acuerdo con nosotros y salió a decir en los medios que el ELN y las disidencias de las Farc se habían tomado a Bogotá.
Pese a estas diferencias, a la alcaldesa se le ofreció apoyo todo el tiempo. Incluso hicimos un ejercicio de contención de homicidios con el envío de más policía a algunas zonas y de militares a otras. No obstante, ella, en una actitud que todavía no entiendo, pedía policía militar, pero que no fueran militares y sin armas. Paciente, llamé y le dije: “Alcaldesa, la policía militar está conformada por soldados que pertenecen al Ejército y no salen sin armas, porque el elemento principal de un soldado es un fusil. Están entrenados para eso y lo que van a hacer es presencia disuasiva”. Pero ella no podía entender la esencia de la Asistencia Militar, que está en la ley.
En 2021 se volvió costumbre en Bogotá que los días 28 de cada mes la Primera Línea bloqueara la zona alrededor del Portal de las Américas y causara todo tipo de desmanes y destrozos y amedrentara y afectara a los vecinos. La comunidad estaba desesperada y pedía a gritos apoyo y protección. Entonces, a finales de ese año hice un pronunciamiento público: “Oiga, se les tiene que acabar esa guachafita, hay que hacer algo”. Un periodista me preguntó si hacer algo incluía a los militares y respondí que esa era una de las opciones. El título que pusieron fue: “Militarización”. La alcaldesa se molestó y dijo que usurpaban sus funciones.
Me reuní en privado con los vecinos del Portal de las Américas y les expliqué que no podía hacer una cosa diferente a fortalecer la Policía. Finalmente, ese 28 de abril no pasó nada en esa zona por la fuerte presencia de uniformados. Los vecinos quedaron muy agradecidos.
Y ahora quiero referirme al caso de Medellín. Allá hubo caos al principio porque los de la Primera Línea hicieron varias intentonas desestabilizadoras, pero pasó una cosa: al principio, el alcalde Daniel Quintero se opuso a la intervención de la Policía, pero la verdad no se apropió del tema, le entregó el manejo al general Ruiz de la Policía, quien buscó la colaboración del general Juvenal Díaz, de la Séptima División del Ejército, y entre ambos lograron controlar los bloqueos. El alcalde de Medellín los dejó trabajar y, por eso, en esa ciudad el orden público fue controlado.
Allá la tasa de homicidios permaneció controlada. Los violentos querían meterse al barrio El Poblado, pero los dispositivos de seguridad lo impidieron. La fuerza pública trabajó armónicamente e hizo un extraordinario trabajo disuasivo que incluyó numerosas capturas.
Otra ciudad que hizo la diferencia fue Barranquilla, donde el alcalde Pumarejo respaldó sin restricciones a las Fuerzas Militares y a la Policía. En esta ciudad se vivió una situación compleja durante un partido de fútbol por la Copa Libertadores entre América de Cali y Atlético Mineiro de Brasil, porque decenas de manifestantes se fueron al estadio Romelio Martínez y provocaron disturbios que el Esmad debió controlar con gases lacrimógenos. El partido fue aplazado.
Expertos e investigadores interesados en la seguridad de las ciudades tienen información suficiente para analizar lo que ha sucedido en los últimos años donde la autoridad local ha sido débil. Encontrarán que cuando los alcaldes consideran que el enemigo es el presidente de la república, el ministro de Defensa o la fuerza pública, y no la delincuencia, se produce una fractura y los ciudadanos deben pagar un alto costo por esa enorme equivocación.
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