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Luego de escuchar a la alcaldesa Clara López explicar que los retrasos en algunos tramos faltantes para la entrega de las obras de la calle 26 se deben a problemas con particulares, Gonzalo Gómez, presidente del grupo Apel, propietario del edificio del mismo nombre, aseguró que no es cierto que la empresa no haya querido entregar el terreno, como lo ha indicado la mandataria.
El edificio Apel, localizado en el área del deprimido de la calle 26 como parte de las obras de la fase III de Transmilenio, ha sido la manzana de la discordia a lo largo de los trabajos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), debido a los desacuerdos que han tenido con sus propietarios para la entrega total del predio. Gonzalo Gómez asegura que su empresa no se ha negado a entregar el predio, pero los inconvenientes se han presentado por desacuerdos en la negociación del pago del terreno.
Gómez aclara que el IDU compró una parte del terreno correspondiente al edificio Apel para realizar obras necesarias y acondicionar las redes de alcantarillado que interfieren en los trabajos del deprimido de la calle 26. Pero tiempo después esta entidad intentó expropiar 500 metros cuadrados como cesión gratuita para la ciudad, ya que cuando la el IDU realizó la demolición inicial de más del 62% de la construcción, traspasó los límites de la parte adquirida. Por esta razón, Gómez acudió a la Alcaldía Local de Teusaquillo, que determinó que el predio debía ser restituido a sus propietarios privados, ya que no corresponde a “una zona de cesión obligatoria del Distrito” y no se encuentra dentro del inventario de bienes del IDU.
Pero luego de haber acordado que el predio debía tener un pago por parte del IDU, los problemas han surgido porque no hay un acuerdo respecto al pago por la compra del terreno. Según Gómez, la valoración del estado del edificio, hecha por la Cámara de Propiedad Raíz, no fue la indicada y Apel está identificado como una construcción deficiente, lo que incide en que el valor que el IDU debe pagar por el terreno sea más bajo.
Para el presidente del Grupo, esta situación es un perjuicio para la empresa que atendía en esta construcción a más de 4.000 alumnos en programas de educación no formal y que ahora, debido al traslado que tendrá que hacer luego del desalojo del predio, deberá invertir más de $30.000 millones para la construcción y dotación de su nueva sede. Por ahora Gómez espera las determinaciones de la justicia frente a las demandas presentadas contra el IDU por los daños ocasionados en el edificio Apel.
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