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Pruebas de casos de torturas, violaciones sexuales, lesiones oculares y hasta homicidios, en contra de manifestantes que participaron en el paro nacional del 21 de noviembre de 2021, específicamente en las inmediaciones de los portales de Transmilenio Suba y Américas, serían algunos de los actos que motivaron la creación del proyecto 134 de 2022, el cual fue debatido hoy en el Concejo de Bogotá.
En la iniciativa, que pretendía crear una ruta de atención y reparación de las víctimas de abuso de autoridad por parte de la fuerza pública, 19 concejales votaron por el no, dos no se presentaron, uno no votó y 18 votaron por el sí, por lo tanto, quedó archivado.
Sin embargo, para sus autores Ana Teresa Bernal, Carlos Alberto Carrillo, Luis Carlos Leal, Heidy Sánchez Barreto y Diego Cancino Martínez, aún queda camino, ya que van a volver a radicarlo, además, de convocar una movilización popular de los jóvenes víctimas en el Concejo de Bogotá.
“Es indolente negar este acuerdo por mayoría, es inmoral, es aplastar el dolor del desconocido, y eso debajo de cualquier concepción moral es una decisión para nada justa”, expresó el concejal Diego Cancino. Para la concejala Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana, el resultado significa que “22 concejales le dieron la espalda a los jóvenes que se les mutiló la vida. Indignación y rechazo a los sectores políticos que pretenden persistir en el odio y el rencor”.
¿Qué se quería lograr con el proyecto 134 de 2022?
El proyecto buscaba generar una ruta que permitiera la reparación de las víctimas por abuso de autoridad por parte de la fuerza pública en Bogotá y garantizar el derecho a una la protesta social con garantías.
Y es que algunas de las cifras que promovieron la creación del proyecto, según Cancino, fue que en los últimos tres años se han registrado 120 lesiones oculares con gases lacrimógenos lanzados por la Policía y el Esmad a jóvenes participantes de las protestas.
“Es decir, hay sevicia, y como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá hay prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos”, señaló el concejal, asimismo, da como ejemplo los homicidios de Duván Barros y Dylan Cruz, casos en los que el Esmad está involucrado.
Cancino comenta que el proyecto estaría respaldado por la Comisión y “la Corte Suprema de Justicia, que menciona que el Esmad constituye una amenaza seria y actual para quienes salen a manifestarse”.
Otra motivación del proyecto es que a los afectados por abuso de autoridad no los reparan como en el caso de quienes son víctimas del conflicto armado, es decir, “ni siquiera las consideran víctimas, lo que hay que hacer es una ruta de reparación, atención y garantía de sus derechos”.
¿Por qué el proyecto 134 de 2022 fue archivado?
La principal razón es que no pasó la votación requerida en el Concejo, que es por mayoría. Los concejales que dijeron no a la iniciativa fueron: Edward Arias, Oscar Jaime Ramírez Vahos, Lucía Bastidas, María Clara Name, Libardo Asprilla Lara, Gloria Elsy Díaz Manrique, Nelson Enrique Cubides, Rolando, Cesar Alfonso García Vargas, Marco Acosta, Emel Rojas, Javier Alejandro Ospina, Diana Diago, Humberto Amín, Jorge luis Colmenares, Venus Albeiro, Fabian Puentes, Álvaro Acevedo Leguizamón y Armando Gutiérrez González.
Por su parte, Julián Rodríguez y Julián Espinosa no se presentaron a la votación, y Edward Arias no votó.
De acuerdo con Cubides, “las definiciones que hay en el proyecto modifican el Código Penal y superan la competencia del Concejo, ya que cambian la estructura de la Administración y pretender que se den unos incentivos, se vuelve perverso”. Para Diana Diago, el proyecto tiene un impacto fiscal y “en la sociedad deben tolerarse y respetarse los unos a los otros”.
Respecto a esto, Cancino recalcó que los concejales no son jueces, sin embargo, “sí podemos hacer proyectos legislativos que transformen las realidades de las víctimas”, y trajo acotación la ley 17-19 para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.
“También está la ley 1622 de 2013 que establece que en un marco político y teórico se pueden garantizar los derechos de los jóvenes y la competencia del Concejo existe para apoyar esta iniciativa”, agregó Cancino.
Por su parte, los demás autores del proyecto trabajarán para que pueda convertirse en ley, incluso, comparten que el Gobierno de Gustavo Petro apoyaría la iniciativa.
Para la concejal María Fernanda Rojas, quien votó por el sí, “esto no debería pasar, el Estado tiene que encontrar esos caminos de la reparación y la restauración de derechos. Igualmente, vamos a insistir en volver a presentar la iniciativa, y que en algún momento se apruebe y se reconozca que estas personas tienen derechos”, compartió Rojas.
“El Concejo de Bogotá es una instancia de servidores públicos para los ciudadanos y más de las víctimas, ellos son nuestros jefes, tienen una superioridad moral a la nuestra, asimismo, vamos a incidir en la reforma a la Policía. Sin embargo, esta vez, el Concejo no les dio la talla a las víctimas”, concluyó Cancino.
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Por Sara Caicedo
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