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¿Sabe radicar una demanda, una acción de tutela o un derecho de petición?, ¿le es fácil acceder a asesoría jurídica por su cuenta? La respuesta a estas dos preguntas suele ser negativa porque la idea general es que los procesos judiciales son demorados y costosos. Eso pensaba Ivonne Moreno, una mujer de avanzada edad, quien consideraba que su derecho a la salud se estaba vulnerando; pero no sabía cómo proceder.
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Según su relato, su EPS no le otorgaba las citas y autorizaciones necesarias para tramitar con un ortopedista los malestares que la quejaban. “Tenía problemas con ellos porque no me daban servicios de salud, ni las citas, ni terapias a tiempo”, afirma.
Como ella hay cientos de colombianos. De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia -CEJ- y la encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-, muy pocas personas conocen las herramientas que tienen a su alcance para la protección de sus derechos.
Las cifras arrojan que el 79,25 % de los consultados no saben que existe la acción de cumplimiento, el 63,22 % desconocen la acción popular y un 84,63 % no ha escuchado siquiera el concepto de acción de grupo.
Por su parte, el 84,17 % afirmó que conocía la figura de acción de tutela, cifra similar al 84,08 % que afirmó lo mismo sobre el derecho de petición; sin embargo, no sabían cómo se radicaban. Lo que da entender por qué el 76,86 % nunca ha radicado ninguna de las opciones anteriores.
Entendiendo este panorama, lo cierto es que existen enormes brechas para el acceso a la justicia. De acuerdo con las métricas del CEJ, Colombia en 2020 tenía en 11,7 jueces por cada 100.000 habitantes; no obstante; en las naciones que integran el Consejo de Europa el número corresponde a 21,4 por el mismo número de residentes.
De manera que existe un déficit que se suma también a la congestión, debido a la alta demanda de peticiones presentadas ante los juzgados entre las cuales se encuentran algunas que no son viables, pues no cuentan con los elementos necesarios para avanzar en los procesos.
No obstante, muchos de los capitalinos desconocen que el Distrito brinda de manera gratuita apoyo en la elaboración y radicación de estas acciones legales, tarea que busca facilitar el acceso a la justicia en Bogotá.
En esta materia, el pasado 10 de julio se entregaron dos nuevos centros de radicación, ubicados en las Casas de Justicia de Fontibón y Suba – La Campiña, donde los ciudadanos reciben sin ningún costo orientación de litigantes.
Cabe señalar que con estos dos centros ya son cinco con los que cuenta la ciudad, los tres restantes están ubicados en las Casas de Justicia de Ciudad Bolívar, Los Mártires y Bosa – Centro.
“Las personas que no tengan la capacidad de pagar un abogado pueden acudir a nosotros para apoyarlos y realizar estos trámites jurídicos. Nos comprometimos a acercar la justicia a la ciudadanía y lo estamos cumpliendo. Seguimos fortaleciendo nuestros servicios para que todos los que viven en Bogotá cuenten con una justicia de calidad y sin costo alguno”, manifestó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad.
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¿Qué es un Centro de Recepción e Información?
Según el Distrito, en estos lugares se encargan de orientar al ciudadano frente a sus conflictos cotidianos, garantizando una atención especializada frente a las rutas de atención integral y promoviendo el uso de los métodos alternativos para la resolución de conflictos.
Durante la atención se registra los datos básicos del usuario, se analiza y clasifica el motivo de la consulta, se hace la respectiva orientación y remisión a la entidad competente para atender la solicitud sin importar si esta ópera dentro o fuera de la Casa de Justicia y la atención se brinda de manera presencial y virtual.
De hecho como parte de la estrategia, existen las Unidades Móviles para el Acceso a la Justicia que tienen como objetivo llegar a las personas y comunidades que habitan en territorios alejados, en donde también se presentan altos grados de conflictividad recurrente, con el fin de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana.
¿Cómo ser beneficiario?
De acuerdo con Juliana Cortés Guerra, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la misma cartera, todos los procesos son asesorados por 10 litigantes que prestan sus servicios para el seguimiento de trámites y orientación socio-jurídica de principio a fin.
“A la fecha contamos con una decena de abogados que asesoran a cualquier ciudadano para redactar y presentar demandas formales y otros recursos judiciales. Hemos atendido desde el 2021 a cerca de 10.000 personas que se han ido a las 16 Casas de Justicia que tenemos en la ciudad para presentar problemáticas del día a día”, describe la funcionaria, quien además indica que en el acompañamiento otorgado se presenta también la acción ante el juzgado correspondiente.
Según Cortés, la meta es que este tipo de servicios se ofrezcan en la totalidad de las casas, cuyo costo promedio al mes es de 1.200 millones de pesos entre infraestructura, mantenimiento y personal. Lo que daría una inversión de 19.200 millones, en promedio, para la operación de los 16 centros.
De esta manera podrá acceder a asesoría jurídica gratuita por parte de la administración distrital. Recuerde que estos servicios se ofrecen sin ningún costo o intercambio.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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