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Se estima que en el mundo hay unas 40 especies de felinos adaptados, prácticamente, a cualquier entorno natural o ecosistema, ya sean en las selvas tropicales, las montañas de los Andes, las sabanas africanas o las altas cumbres del continente asiático. Su imponente y misteriosa presencia es sinónimo de conservación, equilibrio ambiental e, incluso, algunos de ellos son entendidos como seres sagrados.
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Lamentablemente, circunstancias propiciadas por los humanos como la agricultura extensiva, la ganadería, la minería, la caza por retaliación o por razones de tráfico de especies silvestres, además de la reducción de la población de potenciales presas, tiene a una gran parte de estas especies en peligro, al punto de que la cantidad de individuos esté sufriendo dramáticas disminuciones. De ahí la necesidad de estrategias para su conservación, las cuales redundan en el bienestar ecosistémico y del humano, sea cada vez más importante.
Colombia tiene la inmensa fortuna de contar con seis especies de felinos: el jaguar, el puma, el jaguarundí, el ocelote, el margay, la oncilla y el gato de los pajonales, según señala el instituto Humboldt. Y de esas seis especies, cinco se pueden encontrar en el altiplano cundiboyacense y la región central del país, razón por la cual la Corporación Autónoma Regional (CAR) anunció la declaratoria del ‘Corredor de los Felinos del Río Negro” un área protegida de más de 50.000 hectáreas, cuyo objetivo fundamental es sumarse a las acciones de conservación y protección de estas especies y de los ecosistemas que habitan.
El corredor
En la región de Cundinamarca, como en muchas otras partes del país, y del continente, el tráfico de especies silvestres golpea, en un gran porcentaje, a los felinos. Sus pieles y colmillos siguen siendo apetecidas por un oscuro y cruel negocio, que se lucra del sufrimiento y de la progresiva destrucción de la biodiversidad. Solamente en Bogotá, durante el 2024, se recuperaron 4.700 animales vivos, víctimas de tráfico, y 154 especímenes muertos. Además, se decomisaron 1.514 artículos derivados como pieles, carteras y accesorios elaborados con partes de animales silvestres (felinos en su gran mayoría).
Para hacerle frente a ese panorama, la autoridad ambiental del departamento anunció una estrategia de conservación, que se suma a los esfuerzos internacionales por proteger a las especies amenazadas. Se trata del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) “Corredor de los Felinos del Río Negro”, un espacio de 50.354 hectáreas ubicado en la zona limítrofe de los municipios de Yacopí y Caparrapí, al zona norte del departamento.
La apuesta principal es propiciar un espacio seguro para el tránsito de cinco especies de felinos: jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), margay (Leopardus wiedii) y yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi). Dos de ellas, el jaguar y el margay, están clasificadas como ‘casi amenazadas’, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UCIN. Por su parte, el ocelote, el puma y el jaguarundí son consideraddos como de ‘preocupación menor’.
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Así funciona
“Para la declaratoria fue necesario un proceso de monitoreo que duró varios meses, en el que se instalaron 20 cámaras trampa, que se activan con el movimiento. Muy rápidamente empezamos a notar la presencia recurrente de especies de aves y de mamíferos. En total, se identificaron seis especies de aves y nueve de mamíferos. Con esta información se identificaron las condiciones biológicas que se deben proteger, es decir, los desplazamientos continuos en las áreas de influencia por donde estas especies transitan y los requisitos ecosistémicos para que puedan existir”, explica Yoagen Díaz, director de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR.
Entre los hallazgos más significativos se destacan la presencia ocelotes, borugos o guaguas, el guatín, y el oso melero, espacies que, de acuerdo al monitoreo, muestran alta abundancia. En cuanto a aves, se registró la presencia del paujil colombiano, una especie endémica del país, que se encuentra en peligro de extinción, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente.
Por otro lado, entre las acciones a implementar tras la declaratoria, se destaca la preservación de los biomas de la Cordillera Oriental y de la región por la que cruza el Río Carare, uno de los cuerpos hídricos más afectados por la contaminación proveniente de actividades mineras, al punto de que ciertos tramos de su cauce es conocido como el ‘río minero’.
Cabe destacar que un bioma es un espacio que agrupa ecosistemas con condiciones ambientales, de vegetación y de fauna similares, razón por la cual son espacios en donde coexisten una gran variedad de especies, que encuentran en estas zonas las condiciones ideales para sobrevivir. En ese sentido, el corredor también busca proteger los afluentes del río Negro como los ríos Cáceres, Terán, Guaguaquí y Terama.
“Para garantizar la conservación de esta importante área, la cual se distribuye en un 25 % en Caparrapí y el 75 % restante en Yacopí, quedan prohibidas actividades como la cacería de fauna silvestre, la explotación de recursos naturales no renovables, la tala no autorizada, el vertimiento de contaminantes y la alteración de señales de delimitación. También se restringen las licencias urbanísticas, las quemas y las nivelaciones topográficas, salvo en casos específicos de restauración y gestión ambiental” señala Díaz.
Si bien la caza es una actividad prohibida sin excepciones, la claridad se hace teniendo en cuenta reportes de conflictos entre algunas personas que residen en la zona protegida y felinos, quienes por su dieta cazan ganado, y en consecuencia, varios de ellos han sido asesinados por ser vistos como una amenaza para la actividad económica.
Lo que viene tras la declaratoria
Legalmente, el corredor ya está constituido como una zona protegida. Ahora queda la implementación del Plan de Manejo, que es el instrumento operativo con el que se regulará en detalle el funcionamiento de la medida. “Es importante entender que la declaración de cambio trae consigo una acción de cambio para quienes residen en esa zona, es decir, la necesidad de no seguir operando en el territorio de la misma manera. Por eso, dentro del Plan de Manejo es necesario implementar medidas pedagógicas que permitan a los directamente implicados entender los alcances y la importancia de la medida, la cual también redunda en su propio beneficio”, señala Díaz.
En ese sentido, en el área protegida se realizan actividades como la mineria y la tala, que si bien funcionan en un marco legal, por los impactos que generan, entrarán a un proceso de revisión especial para verificar su incidencia en la salud medioambiental del área protegida, cuyo ideal es que no exista ningún factor externo que altere el equilibrio que se busca.
“Es importante que la comunidad sepa que este corredor ecosistémico no genera restricciones en el uso y dominio de los predios. No estamos generando una afectación a los propietarios de los predios de este polígono que hace parte del área protegida. Las personas que están allí siguen siendo dueños de sus predios, pueden seguir solicitando créditos a las entidades bancarias para las actividades permitidas en este corredor”, recalca el director de la entidad, Alfred Ballesteros.
Otro tema a revisar es el turismo que se permite realizar en la zona donde ahora queda el corredor felino. “Dentro de las propuestas para el manejo de las áreas protegidas está el elemento del turismo, siempre enmarcado dentro del desarrollo sostenible como elemento principal de cualquier actividad relacionada. Es decir, actividades como el avistamiento de aves, o de mamíferos, están permitidas por su bajo impacto, sin embargo, otras actividades que generen impactos negativos, como algunos tipos de senderismo, por ejemplo, deben ser revisadas a fondo y sus condiciones particulares serán establecidas en el Plan de Manejo”, explica Díaz.
El reto principal, además de establecer herramientas legales para la protección de especies, ecosistemas y comunidades, es el de lograr una coexistencia armónica que permita, al tiempo, un entorno ideal para la vida silvestre y para las actividades humanas. En ese sentido, la declaratoria es también una invitación a plantear cambios que respondan a la coyuntura climática y ambiental del planeta, y que sumen a las acciones que buscan darle un giro a la manera en que entendemos y nos relacionamos con el medio ambiente.
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