Bajonazo para el POT marca Petro

Era la huella más importante que dejó el exalcalde Gustavo Petro. Quizá más que el conocido esquema de aseo. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), decretado en agosto de 2013, prometía cambiarle la cara a la ciudad entera en los próximos años con la idea de ajustarse a los preceptos del nuevo paradigma urbano, que busca ciudades más equitativas y sostenibles. Esa al menos era la idea. Pero tampoco soportó las resistencias que generó entre sus opositores y ayer el Consejo de Estado anunció la suspensión provisional de la medida. Ahora, el alto tribunal decidirá si declara la nulidad completa del proyecto de Petro, tras aceptar una de las demandas que fue presentada por los gremios de la construcción y el comercio de Bogotá.

El alto tribunal determinó que la competencia para reglamentar el uso del suelo está en cabeza del Concejo distrital. Según la providencia, el exalcalde Petro no podía adoptar por decreto la modificación al POT debido a que el Cabildo sí se había pronunciado frente a este proyecto y lo negó. También aclaró que la facultad excepcional entregada a los alcaldes para decretar estos planes solo es posible “cuando el Concejo no toma ninguna decisión sobre el proyecto de acuerdo, en el sentido de aprobarlo o negarlo en un plazo de 90 días calendario, lo cual no aconteció en este caso”.

Uno de los más indignados con la decisión del Consejo es el secretario de Planeación, Gerardo Ardila. Para él, el panorama ahora es excesivamente grave, de manera que la ciudad “se ve abocada a una parálisis muy grande, cuando el POT apenas estaba empezando a mostrar sus ventajas y frutos”, como el haber recaudado para la capital $1.800 millones por cuenta de la plusvalía resultante de proyectos urbanísticos.

El Consejo de Estado ya había advertido su posición sobre el POT de Petro en septiembre del año pasado. En esa ocasión respondió con un concepto a la concejal María Victoria Vargas, quien indagó sobre la potestad del entonces alcalde para adoptar el plan por decreto, pese a que hubiera sido negado en la plenaria de la corporación. En el documento el alto tribunal dijo que ello equivaldría a sustituir al Concejo en el ejercicio de su facultad de reglamentar los usos del suelo.

La suspensión provisional del POT se desprende de la demanda que presentaron gremios como Camacol y Fenalco, representados por el abogado Juan Manuel González, que piden la nulidad del decreto. El pasado 27 de marzo el Consejo de Estado decidió admitir el estudio de la demanda, tal y como lo señala el auto firmado por la consejera María Elizabeth García González. Así las cosas, pareciera que se le acaba el aliento al plan para conseguir una ciudad más compacta y densificada en el centro, que no construya en terrenos inundables.

La directora de Camacol Bogotá-Cundinamarca, Martha Moreno, considera que la suspensión ratifica la posición que el gremio ha tenido en materia de la ilegalidad del decreto, y que generará “más equilibrio en la inversión”. También el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se había manifestado recientemente sobre la necesidad de fortalecer la construcción en zonas como la sabana de Bogotá, un lineamiento totalmente contrario al del gobierno distrital.

Sin embargo, el gabinete de Gustavo Petro no se rinde. Fuentes de la administración señalaron a este diario que mañana habrá una reunión en la Alcaldía con el equipo de asesores jurídicos, ya que “al parecer se procedió de manera irregular con la suspensión provisional”. Además, con la ratificación del gabinete hecha el martes, hay una suerte de acuerdo político con el alcalde (e), Rafael Pardo, de manera que él “está dispuesto a defender la modificación del POT. Él se reunió con los gremios hace unos días y éstos dijeron que les parecía bien la norma”. Pardo prefirió no pronunciarse al respecto hasta ser notificado oficialmente de la decisión del Consejo de Estado.

No es claro cuál es el panorama para la ciudad en este momento ni cómo se las arreglarán los curadores urbanos para tramitar solicitudes de licencias de construcción, teniendo en cuenta que el POT anterior al que decretó Petro fue derogado y el Consejo de Estado no explicó qué pasará en este sentido.

Los funcionarios de la administración consideran que la suspensión del POT corresponde solamente a “intereses que aseguren las ganancias de los constructores sin importar el futuro de la ciudad”. Ardila insiste en que la suspensión fue una decisión “ligera”, mientras que para el exalcalde Petro significa que “acabaron con el Plan de Ordenamiento Territorial más avanzado de América Latina”.