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La noche del miércoles 22 de abril de 2026, la localidad de Santa Fe se convirtió en el epicentro de una tragedia que se enmarca en una seguidilla de crímenes con arma de fuego en el espacio público de la ciudad. El asesinato de dos seguidores de Atlético Nacional y las heridas de gravedad sufridas por otros cuatro jóvenes en el barrio Santa Fe, es un nuevo síntoma de una exacerbación de la violencia que parece estar saliéndose de las manos, con una arista adicional: el cruce de versiones y los riesgos de la estigmatización.
Lo que inicialmente fue presentado por las autoridades como un enfrentamiento ocasional entre hinchadas armados, ha mutado en menos de 24 horas hacia una compleja disputa de narrativas donde los protagonistas del fútbol señalan un enemigo común: la estigmatización institucional.
El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue el primero en dar declaraciones sobre los hechos. Según su versión, basada en reportes preliminares, el detonante fue una confrontación directa donde seguidores del Junior de Barranquilla interceptaron a hinchas de Nacional, derivando en una riña múltiple con armas blancas y de fuego.
Según dicha versión, el caso se enmarca en un episodio de intolerancia entre fracciones de seguidores de distintos clubes de fútbol. No obstante, esta versión (que expertos tildan de simplificación del problema) ha sido rechazada tajantemente por las dos barras involucradas, quienes, a pesar de su rivalidad, han coincidido en que el relato oficial es incompleto y peligroso.
La convergencia contra la versión oficial
En un hecho inusual para la dinámica del fútbol colombiano, Los Del Sur Bogotá y La Banda de Los Kuervos han publicado comunicados que, lejos de incitar a la retaliación mutua, apuntan hacia conflictos internos y de control territorial de las dinámicas delincuenciales del barrio Santa Fe.
La barra de Nacional (Los Del Sur) admite que hubo una discusión verbal con hinchas del Junior en el trayecto hacia la Plaza de la Rebeca, su lugar de reunión habitual en el centro de Bogotá. Sin embargo, su denuncia es clara: los disparos no provinieron de la barra rival. Según su testimonio, los asesinos fueron “personas ajenas a las barras” que salieron de los establecimientos de la zona de tolerancia y atacaron directamente a los civiles.
Por su parte, la barra del Junior (Los Kuervos) asegura que ninguno de sus líderes o integrantes organizados estuvo en el lugar de los hechos, calificando las declaraciones del General Cristancho como “apresuradas e irresponsables”.
Ambas organizaciones coinciden en que el fútbol está siendo utilizado como un “chivo expiatorio” para encubrir una realidad que las autoridades no han podido resolver: la presencia de estructuras criminales armadas en el centro de Bogotá.
La versión de una pelea de barras, advierten, además de potenciar escenarios de estigmatización, se reduce un problema de orden público y control de zonas de tolerancia a una riña entre particulares, desviando la atención sobre quién controla realmente lo que pasa en las calles del barrio Santa Fe.
Una trazabilidad de 27 años: Del “Juego Limpio” a Goles en Paz 2.0
Para comprender la gravedad de que haya un retraso en los avances de pacificación, Alirio Amaya —quien coordinó el programa Goles en Paz 2.0— recuerda que Bogotá no está improvisando. La capital es pionera en Latinoamérica con un proceso de trabajo social que nació en septiembre de 1999, con la campaña “Jugando limpio todos ganamos”. Desde entonces, el modelo ha sobrevivido a seis administraciones distintas, adaptándose a las transformaciones de la ciudad.
Desde entonces, el modelo ha sobrevivido a las administraciones de Mockus, Garzón, Moreno, Petro, un segundo ciclo de Peñalosa y la gestión de Claudia López, adaptándose a las transformaciones de la ciudad.
Amaya destaca que el gran logro histórico del programa fue la profesionalización del diálogo: hoy, quienes operan la convivencia en las calles son los propios barristas, jóvenes con perfiles profesionales que pertenecen a las organizaciones y aportan una visión interna al proceso.
Sin embargo, el experto advierte que este acumulado histórico hoy enfrenta un quiebre. El ecosistema del fútbol ya no es el mismo de hace tres décadas; el cambio generacional en las barras y la mutación de los conflictos hacia el territorio (fuera de los estadios) han dejado obsoletas las herramientas que funcionaron a inicios de siglo, exigiendo una renovación urgente de los diagnósticos y, sobre todo, de la inversión en las localidades.
¿Hacia dónde va la política pública?
Esta contradicción entre la versión oficial y el testimonio de los actores sociales valida las preocupaciones de expertos como Alirio Amaya, excoordinador del programa Goles en Paz 2.0. Para Amaya, el caso de Santa Fe es la evidencia de que las dinámicas de violencia han mutado hacia escenarios donde la política pública actual es insuficiente. El experto señala que, si bien Bogotá es pionera en procesos de convivencia, existe un agotamiento del modelo que no ha sabido integrar los cambios territoriales de los últimos años.
Uno de los vacíos más críticos identificados por Amaya es la desconexión presupuestal. Bogotá cuenta con Mesas y Consejos Locales de Barras, pero estas instancias operan sin recursos propios para transformar el entorno. “Se necesitan diagnósticos que se renueven constantemente. El problema ya no está en el estadio, está en los barrios, y allí la inversión es mínima”, explica. Si la institucionalidad insiste en ver el fenómeno solo desde la óptica del comportamiento del aficionado, agrega, ignorará la infiltración de criminalidad organizada que hoy denuncian las propias barras.
La concejala Ana Teresa Bernal, coordinadora de la bancada de barrismo social, refuerza esta tesis al señalar que la administración actual ha fallado en no priorizar una política integral. Según Bernal, la falta de lineamientos claros y de una estructura de “paz urbana” ha dejado a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad.
El riesgo, según la cabildante, es que ante la ausencia de una política social sólida, la única respuesta del Distrito sea el incremento de la presencia policial, una medida que históricamente ha profundizado la estigmatización sin resolver la raíz del conflicto.
El peligro de la estigmatización
El núcleo del problema radica en lo que Amaya define como el riesgo de “caer en el juego” de la estigmatización. Cuando la sociedad y las autoridades naturalizan la muerte violenta de un hincha bajo el argumento de que “se matan entre ellos”, se concede una licencia de impunidad a las estructuras criminales que operan en zonas de tolerancia.
Aceptar el relato de la riña bilateral, es dejar de investigar quiénes son las personas armadas que, según la barra del Atlético Nacional, salieron de predios del barrio Santa Fe para disparar contra los jóvenes.
Este fenómeno que denota un tercer involucrado es lo que hoy problematiza el discurso del barrismo social. Las barras han logrado, a través de décadas, construir códigos de convivencia y no agresión y logística —como los “corredores seguros” mencionados por Amaya— que han reducido los enfrentamientos en carreteras y estadios. Sin embargo, estos acuerdos son frágiles ante una criminalidad urbana que no respeta colores ni pactos de convivencia.
Desafíos para el ecosistema del fútbol
La tragedia en Santa Fe obliga a una reevaluación profunda del “ecosistema del fútbol” en Bogotá. Alirio Amaya enfatiza que las barras hoy no son actores escondidos; son organizaciones con líderes profesionales que dialogan con el Gobierno Nacional y el Distrito. Por ello, el hecho de que se ignore su versión de los hechos representa un retroceso en los niveles de confianza necesarios para mantener la paz urbana.
El diagnóstico de Amaya es contundente: la convivencia no es lineal ni estática. Factores como el cambio generacional de las barras, los intereses comerciales de los clubes y la transformación de los estadios bajo alianzas público-privadas exigen un dinamismo institucional que hoy parece ausente. “Las instituciones tienen que ser autorreflexivas. No podemos hacer muchas inversiones si la convivencia se sigue deteriorando porque no entendemos el entorno”, advierte.
Para la concejala Bernal, la salida es blindar el barrismo social a través de una política pública con enfoque de inclusión. Esto implica reconocer que el hincha es un ciudadano con derechos y que la seguridad en su punto de reunión es responsabilidad del Estado, no una “concesión” que se otorga solo si se portan bien. El proyecto de ley y los acuerdos distritales en discusión deben, ahora más que nunca, contemplar la protección de estos colectivos frente a la delincuencia que azota sus territorios de influencia.
Así las cosas, el éxito de la gestión del Distrito tras el doble homicidio no se medirá por la rapidez con la que se cierren las fronteras para los hinchas del Junior o la fuerza con la que se intervengan las reuniones de Nacional en La Rebeca. Se medirá por la capacidad de la Fiscalía para esclarecer si, como afirman las barras, existió una intervención criminal externa.
La ciudad tiene hoy una oportunidad para demostrar que su política de barrismo social es real y no un eslogan. El camino, advierte el experto, empieza por escuchar a quienes estuvieron allí y por admitir que más que una rivalidad, los homicidios responden a un contexto de violencia estructural que la estigmatización se niega a nombrar.
Como concluye Alirio Amaya, la responsabilidad con lo que viene es el único camino para que este hecho no sea el detonante de una ola de violencia que desmorone lo que se ha logrado construir en las calles, parques y barrios de la ciudad.
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