Basuras aplazadas

La noticia de un nuevo aplazamiento dentro del cronograma de la licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana y la notificación de dos nuevas multas a la empresa Proactiva, encargada del manejo de dicha planta, por parte de la Unidad Especial de Servicios Públicos (Uaesp), son dos nuevos elementos que se suman a la controversia que rodea el multimillonario negocio, cuando transcurre el tercero de los 10 días de plazo que la Procuraduría le dio al alcalde Samuel Moreno para que informe sobre las medidas que tomará con respecto al futuro de Doña Juana.

Esta semana la Uaesp aplazó, por novena ocasión, el punto del cronograma de la licitación en el que se les debe dar respuesta a las inquietudes de los interesados en licitar para el manejo del relleno. Los más de 700 interrogantes que han llegado a la página web de esa entidad serán respondidos, aparentemente, el próximo 15 de septiembre.

Se trata de un nuevo atraso en el proceso que busca entregar a un sólo operador el manejo de la disposición final de residuos sólidos y de los lixiviados —líquidos en descomposición—, iniciado el pasado 11 de mayo con la publicación de los prepliegos de la licitación y que ha estado plagado de polémicas.

La más reciente, la salida abrupta de sus cargos de las directoras jurídica y general de la Uaesp, Catalina Franco y Victoria Eugenia Virviescas, en medio de un escándalo por supuestas irregularidades que afectarían al actual operador del relleno.

Precisamente, el pasado martes la empresa Proactiva fue notificada, vía edicto, de dos nuevas multas por presunto incumplimiento del contrato, que se suman a las tres sanciones que la Uaesp le había impuesto este año y que, según consta en la página web de esa entidad, están pendientes de resolver debido a un recurso de reposición interpuesto por el concesionario.

Los malos olores, la construcción de un campamento y la presunta falta de maquinaria adecuada son algunos de los causantes de los correctivos a Proactiva, multas que en total suman $278 millones y que para el operador no significan incumplimiento de sus obligaciones, sino “diferencias en la interpretación del contrato”. Las sanciones, según la Uaesp, fueron solicitadas por la interventoría.