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Como lo prometió en campaña, el presidente electo Abelardo de la Espriella le apostará a la seguridad. Y como una de sus primeras acciones anunció, tras una reunión con alcaldes y gobernadores, la creación de un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, para coordinar una respuesta nacional frente a delitos como la extorsión, el homicidio y el atraco en las principales ciudades. Bogotá será uno de los principales escenarios y el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó estar dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno.
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Sin embargo, más allá del anuncio, hay preguntas sobre cómo funcionará el bloque, sus competencias y su financiación. Tres especialistas, consultados por El Espectador, si bien coinciden en que la seguridad urbana requiere una respuesta contundente, advierten que la propuesta carece de diseño público, para evaluar su alcance jurídico y operativo, y que, por experiencias anteriores, algunos componentes generarían tensiones.
Un bloque que poco se conoce
La primera dificultad es que no existe documento técnico que detalle el funcionamiento del Bloque de Defensa. “Hay un nombre, pero no una propuesta”, resume Néstor Rosanía, profesor de la universidad Jorge Tadeo Lozano y experto en conflictos armados. A su juicio, se desconoce si será una reorganización de capacidades; de una estrategia de inteligencia; de un fortalecimiento tecnológico (cuyo rezago no da espera), o de un nuevo modelo de coordinación entre la Nación y las ciudades.
En esa lectura coincide el consultor en seguridad Luis Echavarría. Aunque cree positivo que el presidente haya comenzado a construir una agenda conjunta con los alcaldes, insiste en que el debate comenzará con los detalles. “La coordinación entre la Nación y ciudades es buena noticia, pero falta entender cómo operará el bloque, los resultados esperados, quiénes lo conformarán y cómo se sostendrá”, señala.
Qué sí podría hacerse y qué no
Uno de los interrogantes es si el bloque implicará la participación de reservistas o, incluso, civiles en tareas de seguridad, posibilidad que De la Espriella mencionó en la campaña. Para Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, ese escenario tiene límites claros. “La Ley 62 establece que nadie puede emular funciones de la Policía, salvo que exista una reactivación formal al servicio activo”, explica. Eso significa que un decreto presidencial podría reorganizar unidades existentes (Gaula, Sijín, Sipol, CTI y otras fuerzas activas) pero difícilmente crear una estructura paralela integrada por particulares.
Y este es uno de los temores alrededor del anuncio. Si bien, De la Espriella no ha explicado si esa es una posibilidad, pensarlo reabre el debate sobre las Convivir, las cooperativas de vigilancia rural que se crearon en los 90, y que pese a nacer bajo un marco legal, muchas terminaron cooptadas por paramilitares. El antecedente no implica que ambas figuras sean equivalentes, pero sí explica la prevención entre expertos en seguridad y en DD. HH.
Si civiles terminan ejerciendo autoridad, el Estado estaría promoviendo algo jurídicamente inviable”, advierte Nieto. En la misma línea, Echavarría considera que cualquier mecanismo de participación ciudadana debe delimitarse con claridad, para evitar procesos de privatización de la seguridad.
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El reto específico de Bogotá
Para Nieto, en medio de todo esto, un error sería creer que la inseguridad en Bogotá puede enfrentarse con la lógica de otras ciudades. A diferencia de Medellín o Cali, donde han existido estructuras criminales más jerarquizadas, en la capital conviven decenas de organizaciones, que operan de manera fragmentada; establecen pactos territoriales, y se reorganizan cuando una célula es capturada. “Bogotá es incontrolable, pero sí es contenible”, resume el investigador. Con esa frase explica que, aunque resulta poco realista pensar en erradicar por completo la criminalidad, sí es posible reducir los delitos con intervenciones focalizadas, inteligencia, continuidad operativa y golpes contra las rentas criminales.
“Hoy el reto no es capturar más, sino desarticular estructuras completas y atacar sus rentas”, sostiene. Esa lógica explica por qué varios expertos cuestionan las estrategias basadas solo en aumentar el patrullaje.
Rosanía agrega que responder con más patrullaje y más pie de fuerza tampoco ha demostrado resultados. Las organizaciones criminales, explica, suelen usar una estrategia denominada “nevera”: desplazarse a otros sectores cuando aumenta la presencia policial y regresar una vez disminuyen los operativos. Esto, según él, reduce el impacto de las tradicionales “tomas” de ciertas zonas.
Nieto advierte, además, que la experiencia reciente demuestra que Bogotá ha logrado contener, aunque no erradicar, algunas de sus principales estructuras criminales cuando ha mantenido intervenciones de gran escala.
Recuerda que durante la alcaldía de Gustavo Petro se realizó la primera gran intervención en María Paz; en la de Enrique Peñalosa se desmantelaron las estructuras de El Bronx y el sector de la L; y en la de Claudia López se adelantaron operaciones contra La Fortaleza, La Camila y varias “ollas” del barrio Santa Fe. A diferencia de esas administraciones, sostiene el experto, el gobierno de Carlos Fernando Galán todavía no ha desarrollado una intervención de impacto comparable contra un gran enclave criminal, lo que, en su opinión, ha permitido que varias organizaciones se reacomoden y profundicen sus disputas territoriales.
“Las bandas no desaparecen; si no se desarticulan por completo, terminan ajusticiándose entre ellas para quedarse con las rentas ilegales”, afirma.
Recomponer la coordinación
En los últimos años, los desacuerdos entre la Nación y el Distrito marcaron buena parte del debate de seguridad. Mientras la Alcaldía reclamaba más pie de fuerza y apoyo institucional, desde la Nación cuestionaban la coordinación con las autoridades locales. Ahora, con un presidente dispuesto a trabajar con los alcaldes, los expertos consideran que esa discusión podría cambiar. “Se acabaron las excusas”, resume Nieto.
Rosanía y Echavarría prevén que la nueva relación podría traducirse en mayores recursos para fortalecer las capacidades de la Secretaría de Seguridad y una coordinación más estrecha entre las instituciones nacionales y locales. Sin embargo, advierten que cualquier estrategia enfrentará obstáculos estructurales, que exceden el anuncio del nuevo bloque, entre ellos, el déficit de pie de fuerza, las limitaciones del sistema judicial y el hacinamiento.
En otras palabras, el reto para Bogotá no será únicamente contar con un nuevo bloque de seguridad, sino demostrar que una estrategia distinta puede responder a una criminalidad que lleva años adaptándose más rápido que las instituciones encargadas de combatirla. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno deberá responder a los temores que despiertan antecedentes como el de las Convivir y garantizar que cualquier fortalecimiento de la seguridad se mantenga dentro del marco legal, preserve el monopolio estatal de la fuerza y evite escenarios de estigmatización o de justicia por mano propia.
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