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Soacha y Bogotá serán dos de las 8 ciudades del país donde empezarán a funcionar los Bloques de Seguridad Urbana, una de las principales acciones con las que inicia este 7 de agosto el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. Con beneplácito, ambos mandatarios recibieron la noticia, pues responde a su necesidad de aumentar el pie de fuerza. Pero ¿esto necesariamente se traduce en mejor seguridad? Expertos analizan.
En Barranquilla, sede presidencial alterna del nuevo gobierno de De la Espriella, se reunieron el 4 de agosto alcaldes de ciudades capitales y los ministros designados de Defensa y Justicia —general (r) Jorge Mora e Iván Cancino, respectivamente— para coordinar las acciones entre nación y territorio contra el crimen organizado. Durante el encuentro, los mandatarios locales presentaron cifras de seguridad, su capacidad de respuesta y los principales balances operativos contra las bandas delincuenciales.
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“Revisamos cuáles son los problemas puntuales y los requerimientos para recuperar la seguridad en cada una de sus ciudades. La seguridad es prioridad para mi gobierno, porque sin seguridad no hay nada (…) Para recuperarla, debe haber un plan claro”, dijo al término de la reunión el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Y ese plan es el ya anunciado Bloque de Seguridad Urbana, que estará conformado por pequeños grupos de especialidades de la Policía y que entrará a operar en 8 ciudades principales, entre ellas Bogotá y Soacha (Cundinamarca). Con una foto y replicando el saludo militar de De la Espriella, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, celebró que el municipio haya sido incluido en la estrategia. Mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó por medio de un video la importancia de estos bloques para la ciudad. “Necesitamos más capacidades para enfrentar la delincuencia”, resaltó.
De acuerdo con cifras de Asocapitales, las ciudades capitales concentran el 90,8 % de las extorsiones, el 92,9 % de los secuestros y el 38,7 % de los homicidios registrados en Colombia. De allí que los primeros mandatarios respalden la llegada de más pie de fuerza para responder a la criminalidad en sus jurisdicciones. Pero, ¿será suficiente para garantizar la seguridad?
Las necesidades de Bogotá y Soacha
Los Bloques de Seguridad Urbana que enfrentarían delitos de alto impacto han sido objeto de análisis por parte de expertos. Como lo contamos en El Espectador, aún no existe un documento técnico que aterrice su alcance jurídico y operativo.
Lo que sí es cierto es que la estrategia se traduce en más número de hombres y mujeres. Al menos inicialmente, 2 mil efectivos activos de la Policía Nacional. Así lo indicó el alcalde Perico, quien detalló que este grupo estaría complementando operaciones contra delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio y el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, indicó que aún se desconoce la cifra exacta que se asignará a Soacha.
Según la administración municipal, el refuerzo resulta prioritario para una población aproximada de 1.300.000 habitantes que actualmente cuenta con cerca de 100 uniformados para la vigilancia de seis comunas y dos corregimientos. “Durante 2026, más de 1.500 personas fueron capturadas por diferentes delitos, pero el 70 % quedó nuevamente en libertad (…). Creamos el GOES y el Gaula para Soacha; sin embargo, el número de efectivos sigue siendo insuficiente frente al crecimiento poblacional del territorio”, sostuvo el mandatario en entrevista con Noticias Caracol.
Cifras oficiales señalan que en Soacha delinquen 17 bandas o grupos delincuenciales organizados, de los cuales se ha afectado a 12 en los últimos dos años. Entre los operativos más destacados está el golpe contra la organización delincuencial ‘Los Satánas’, desarticulada en mayo de 2025 con la captura de 10 sujetos, a quienes se les atribuyen varios asesinatos en 2024.
Entre los principales retos del municipio persisten combatir los casos de extorsión y amenazas, sobre todo a conductores de buses intermunicipales; así como revertir los casos de intolerancia que representan el 61 % de los homicidios asociados a riñas y conflictos comunitarios.
En el caso de Bogotá, el alcalde Galán ha reiterado que la ciudad pasó de tener más de 19.000 policías hace 12 años a cerca de 16.000 en la actualidad. “La capital es la ciudad de Colombia con menor pie de fuerza por cada 100.000 habitantes. Necesitamos por lo menos 8.000 efectivos más”, afirmó. En enero pasado, la ciudad sumó 1.000 policías tras un acuerdo entre la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.
Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron reducciones en homicidios, hurtos y extorsión en comparación con el mismo periodo del año anterior. En particular, el homicidio cayó un 12,5 %, al pasar de 176 casos en los dos primeros meses de 2025 a 154 en 2026.
“La desarticulación de bandas, las acciones contundentes contra los facilitadores del delito y una mayor operatividad conjunta con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad han permitido reducir la mayoría de los indicadores, aun con un pie de fuerza inferior al que requiere la ciudad”, concluyó el secretario de Seguridad, César Restrepo.
¿Es suficiente aumentar el pie de fuerza?
La seguridad en las principales ciudades de Colombia, y especialmente en Bogotá, se encuentra en un punto de inflexión donde la narrativa política choca con la realidad técnica operativa. El debate actual gira en torno a si la solución radica únicamente en aumentar el número de uniformados o en transformar la manera en que el Estado enfrenta el crimen. En diálogo con El Espectador, el experto en seguridad urbana, Andrés Macías, afirmó que la estructura legal para actuar ya existe, pues “la Constitución y la ley ya ofrecen herramientas suficientes para fortalecer la seguridad urbana sin necesidad de crear nuevas figuras”, señalando que el verdadero obstáculo es “la coordinación institucional y la capacidad operativa”.
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En este sentido, el aumento del pie de fuerza, aunque es un reclamo ciudadano legítimo, no es una pócima mágica. Los analistas, como Macías; Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central; y Felipe Mariño, director del programa de Bogotá Cómo Vamos coinciden en diálogo con este diario, en que “si bien no hay una relación directa entre más policías y más seguridad, sino mejor una estrategia integral que pueda optimizar ese número”, el país enfrenta un problema de oferta, ya que “el número de incorporaciones ha venido bajando históricamente en los últimos 26 años”.
Otro punto de consenso entre los expertos es que la eficacia policial se ve diluida por un sistema judicial que no procesa el delito con la misma velocidad que se comete. Se ha vuelto un lugar común la frustración ante el hecho de que “de cada 10 capturas, siete queden en libertad en menos de 72 horas”, lo que convierte a la justicia en el “principal talón de Aquiles hoy, no solo en Bogotá, sino en todo el país”. Para contrarrestar esta debilidad, los expertos sugieren un cambio de paradigma en la labor policial.
Andrés Macías sostiene que es vital fortalecer la “inteligencia y la investigación judicial”, mientras que los demás analistas proponen una reorganización administrativa: “Hay labores administrativas que todavía son responsabilidad de la policía (…) Pero más personal civil puede dedicarse a ello, para que los policías tengan una función más de estar en el modelo de vigilancia por cuadrante”. El objetivo es claro: “Una policía mejor capacitada, con mayores capacidades y con una mejor atención al ciudadano, mejora ostensiblemente los resultados, pero también la percepción de seguridad”.
La naturaleza del crimen también ha mutado, dicen los expertos, alejándose de las dinámicas del conflicto armado tradicional para centrarse en estructuras multicrimen de alta rentabilidad. Mientras el Gobierno Nacional se enfoca en grupos como el ELN o las disidencias, ciudades como Bogotá y Soacha enfrentan bandas como el Tren de Aragua o Satanás, que operan con lógicas empresariales. El caso de alias ‘Camilo’, por ejemplo, es ilustrativo, pues se estima que “movía cada mes de forma libre, es decir, en ganancias, 2 mil millones de pesos” con más de 200 puntos de expendio de droga. Esta nueva realidad ha alterado las estadísticas vitales; analistas advierten que hace cuatro años la mayoría de muertes eran por riñas, pero “hoy está al revés. De cada 10 muertes, siete son por sicariato”, en un entorno donde se reporta que “en Bogotá se están alquilando armas por horas desde 15.000 pesos”, asevera Andrés Nieto.
Otro factor de desgaste identificado es la carga de temas no criminales que asume la institución. La policía en Bogotá se ha convertido en una entidad “todera” que atiende cerca de “862.000 llamadas anuales a la línea 123 donde la ciudadanía solicita un policía, pero no son temas de crimen ni delincuencia”, sino problemas de convivencia como ruido, basura o mascotas.
Los expertos sostienen que para mejorar la seguridad se debe “descargar a la policía de temas que son de otras entidades para que puedan atenderlo integralmente”. Asimismo, la falta de continuidad estratégica es un flanco abierto; se critica que en la actual administración de Bogotá se han presentado “17 iniciativas distintas de seguridad (…) y pareciera que todo responde a un hecho muy mediático del momento y no a una estrategia continuada”, critica Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central.
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Finalmente, el éxito de la seguridad urbana parece residir en la focalización territorial y el apoyo tecnológico. Los datos muestran que el crimen no es uniforme: “en solo el 5% (de los barrios) se concentra cerca del 32% del total de homicidios”. A pesar de esta evidencia, se lamenta la caída de macroproyectos estratégicos como la Cárcel Distrital II y el freno a contratos de videovigilancia que permitían la “conexión de privados a la policía por medio del C4”. Los analistas concluyen que la tecnología es fundamental, pero insuficiente por sí sola, pues “nunca puede ser el fin último, siempre va a ser un medio para un fin”, siendo el factor humano y la “construcción de confianza” los pilares que realmente sostienen la tranquilidad ciudadana.
Aumentar el pie de fuerza a través de los Bloques de Seguridad Urbana es entonces un reclamo ciudadano legítimo, pero no representaría una solución mágica ante un sistema donde 7 de cada 10 capturados quedan en libertad en menos de 72 horas. La efectividad de la fuerza pública, según los expertos, no se medirá únicamente por cuántos policías patrullen las calles, sino por la capacidad del Estado para descargar a la institución de riñas y trámites administrativos, fortalecer la inteligencia contra bandas como ‘Satanás’ y consolidar la coordinación judicial. Sin estos ajustes, los miles de uniformados adicionales seguirán diluyéndose frente a la sofisticación del crimen urbano.
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Por María Angélica García Puerto
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