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En las últimas 24 horas se conocieron dos noticias importantes que pondrán, a la nueva administración de la ciudad, a trabajar en un nuevo plan de manejo para el consumo y porte de estupefacientes. Ambas, de vital importancia, son apenas la matriz de toda una arborescencia de acciones, diálogos y debates, que ocuparán a la opinión pública bogotana y, por qué no, del país.
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El anuncio escueto del secretario César Restrepo fue complementado este 11 de enero con la emisión del nuevo manual de recomendaciones sobre el uso y porte de estupefacientes que el Ministerio de Justicia emitió. Dicho documento, cuya obligación de creación y publicación, fue ordenada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-127, aglutina una serie de guías no vinculantes para que sean revisadas por las Asambleas y Concejos de cada municipio y ciudad.
Conforme a lo explicado por el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el documento se establece un protocolo para aplicar los numerales 13 y 14 del artículo 140 del Código de Policía. En este parte de la norma, “se sanciona a las personas, con multas de 16 SMDLV por Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques”.
El protocolo lo emite el ministerio tres meses después de la sentencia de la Corte, en la que, además de instar al Gobierno a emitir estas recomendaciones, se delegó la competencia de regular el cumplimiento de los dos numerales del Código a los entes territoriales. De tal forma, que ahora las corporaciones de las distintas ciudades y departamentos deberán revisar las pautas de la cartera de Justicia y análisar qué tanto de lo contenido allí aplican.
En esencia, el objetivo del proyecto busca que las determinaciones tomadas en el país no infrinjan el derecho de autoconsumo, o porte de dosis mínima, pero que al mismo tiempo le garantice el derecho a las niñas, niño y adolescentes de no quedar expuestos a cualquier tipo de sustancia en entornos escolares o parques.
Como caídas de los cielos, las 28 páginas del protocolo llegan a las manos de la nueva administración de Bogotá, en la que César Restrepo de Seguridad, junto a Gerson Bermont de Salud, estructurarían un plan de manejo para el consumo y porte de estupefaciente en lugares públicos, en el marco del código de la Policía.
“Se pretende desarrollar un diálogo desde diferentes escenarios para generar la mejor regulación que permita cumplir con el mandado de la Corte Constitucional, y a su vez proteger a la ciudadanía que reclama este derecho y que no está cubierta por la ley”, afirmó Restrepo.
La última palabra, eso sí, no la tendrán los secretarios, sino el Concejo de Bogotá (salvo si se emite un decreto administrativo de último momento). En este sentido, explica el abogado constitucionalista Arturo Vargas, que el alcalde, delegando a sus secretarios, puede diseñar una iniciativa de este tipo, exponerla y someterla a votación ante el Concejo.
Allí, el alcalde se encontrará con una iniciativa paralela, radicada desde el año pasado por el concejal Emel Rojas, y sobre esta misma línea están los cabildantes Humberto Amín y Daniel Briceño, del Centro Democrático, quienes le contaron a El Espectador que en el primer lugar de su agenda legislativa, figura una norma “para alejar las drogas de los parques”.
Las iniciativas, que propenden por un fenotipo más conservador, intentarán limitar “en la medida posible cualquier rezago de droga, ya sea por consumo o porte. Lo cierto es, que aunque las condiciones planteadas por el ministerio son opcionales, hay un principio que la Corte agregóy es el de autoconsumo.
Así, la prohibición inscrita en el Código de Policía ya no podrá ser de tipo absoluta, dice la Corte, porque “hay unos factores de modo, tiempo y lugar, que deben ser tenidos en su cuenta en su aplicación, que la mayoría de veces se ejerce de modo literal”, explicó Vargas.
Por consiguiente, las iniciativas que emerjan tanto en el Concejo, como el gabinete distrital, deberán armonizar ambas dimensiones de la problemática en el plan de manejo que se radique.
De no hacerlo, se atienen a contradecir una norma de superioridad jerárquica, como lo es una sentencia constitucional, y el acuerdo que le dé lugar al plan de drogas podría ser declarado nulo en su contenido por los tribunales, tal y como pasó con el acuerdo 767, que buscó regular las corridas de toros en la ciudad.
De ahí que la contemplación de lo estipulado por el protocolo del ministerio de Justicia no se pueda tomar a la ligera. De hecho, resalta el jurista consultado por este diario que “buena parte de lo que contiene el protocolo está estructurado en los factores de tiempo, manera y lugar que dijo la Corte”.
El protocolo de Minjusticia
En el documento, se expone que las autoridades deberán aplicar los numerales 13 y 14 dependiendo de la situación. En cuando al modo, el protocolo establece que las autoridades deberán verificar tres variables en la circunstancia en la que pretenda aplicar la norma: ¿Habían menores de edad en el parque?, ¿en qué situación se encontró la sustancia?, ¿es de porte o de consumo?, ¿cuáles son las condiciones particulares del consumidor?, y ¿existe un factor de vulnerabilidad en el consumidor?
Luego, en el aspecto del lugar, se sugiere delimitar todas las áreas, como parques e históricas, que sean frecuentadas por menores de edad y en las cuales, todo tipo de consumo, sea sancionable con lo definido en el Código.
Finalmente, en el factor de horario, el experto señala que ahí se encuentra lo más interesante del protocolo. Teniendo en cuenta la hora en la que se encuentre al consumidor, por ejemplo, si es en una franja en la cual el parque o lugar sea frecuentado por menores, o si es en un horario nocturno.
El propio Néstor Osuna lo definió así: “no es seguramente la misma forma de utilización del espacio público a las 5 de la tarde, cuando los niños están jugando, que a las 10 de la noche, cuando los niños ya están en sus casas y puede ser que en el mismo parque o espacio haya actividades lúdicas de adultos, eso ocurre en muchos lugares”, aseveró.
Si bien no es necesario copiar y pegar, en el sentido literal de la palabra, las recomendaciones del documento publicado por el ministerio, “la incorporación de los principios jurídicos que se establece en el protocolo hará que la norma sea eficiente, aplicable, y postergable en el tiempo”.
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Bogotá tiene un entorno vanguardista de política pública
En la base de datos de política pública relacionada con el tema de estupefacientes, el alcalde encontrará un rastro de acción pública existente que siempre ha estado a la vanguardia de la administración pública en el país.
Julián Quintero, investigador de la Corporación ATS indica que, en medio de la elaboración del plan de manejo de estupefacientes, la administración deberá tomar en cuenta los avances que hasta ahora se han efectuado en la ciudad.
“Bogotá ha sido vanguardia colombiana y latinoamericana en política de drogas, porque ha estado orientada hacia la participación, hacia la defensa de los derechos de todos los actores, consumidoras y no consumidoras”, menciona Quintero.
Afirmación con la que concuerda Dayana Cortés, abogada, especialista en políticas públicas y estudiosa del Decreto 691 de 2011, mediante el cual se crea la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.
A partir de este año, dice la investigadora, “Bogotá adoptó una perspectiva distinta en el tratamiento de los consumidores, ya que lo alejó del ciudadano que rompe una ley, a un ciudadano con una condición particular que no debe ser necesariamente punible”.
En este sentido, el decreto que da origen a la política, plantea que todas las líneas de acción a ejecutar deben tener en cuenta la participación de los distintos actores: “poblaciones o grupos poblacionales definidos social, cultural, económica, demográfica o geográficamente, lo que implica aplicar el principio de a cada cual según su necesidad y de a cada quien según su capacidad”.
Bajo el componente preventivo, de atención y del fomento de actividades con “potencialidades de la vida”, Bogotá emprendió un rumbo hasta entonces inédito en el manejo del consumo de PSA.
De esta política surgieron proyectos como el de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD) explica la experta. “Aunque en su momento se propagó la noticia falsa de que estos centros regalaban drogas a los adictos, su confirmación se constituyó como un proyecto de atención, e incluso de salubridad, que fue reconocido a mundial”.
A grosso modo, los CAMAD eran puntos móviles de atención en donde las personas con un consumo superlativo y en una fase de atención, tenían la oportunidad de recibir asistencia médica, psicológica y odontológica gratis, además de kits e implementos de aseo.
“Fue una iniciativa parecida a unos puntos en Canadá en los que, a los adictos a la heroína, se les daban jeringas nuevas para evitar que las compartieran. El Gobierno de ese momento no fue tan lejos, pero como ahora los adictos no eran delincuentes, sino ciudadanos con una condición particular, eran atendidos y no perseguidos”, dice la abogada.
Incorporar al plan lo que ya existe, y actualizarlo con el nuevo conocimiento sobre adicciones en la ciudad, debe ser una de las tareas a seguir por los y las autoras del plan. Aunque ambos expertos coinciden en que la Corte se equivocó al designar esta competencia a los entes territoriales, dicen que esta oportunidad puede ser utilizada por la capital para dar un ejemplo al país.
“La verdadera innovación consiste en invitar al diálogo y a la participación de toda la ciudadanía. En especial, de los consumidores de PSA organizados. Eso no lo está haciendo nadie en el país, en donde llaman a los comerciantes, a los médicos, a las policías, pero no a las personas que consumen a que planteen su punto de vista”, opinó Quintero.
Cortez, por su lado, menciona que, aunque la participación es importante y hay instrumentos para propiciarla, la secretaria de Seguridad jugará el rol más relevante.
Finalmente, “la Policía y demás personal de convivencia son los que, al fin y al cabo, ejecutan lo que se establezca. Al concluir la discusión de qué tanto se adopta del protocolo de Minjusticia y cuánta participación hay, se deben plantear cursos para los agentes de Policía, y mecanismos de denuncia para posibles omisiones de la ley en los procedimientos”, concluyó Cortez.
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