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En la mesa del alcalde Carlos Fernando Galán ya está la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de Bogotá, luego de que este jueves el mandatario diera la orden al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, de solicitarlas. Una decisión que no es novedad en esta administración, pues capítulos similares se vivieron en las administraciones de Enrique Peñalosa y Luis ‘Lucho’ Garzón.
Lo particular es que esta vez se da en medio de un álgido escenario por la presentación de una Reforma Tributaria que, en cabeza de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, el Distrito busca recibir en inversión directa $77 billones y generar 200.000 empleos en 10 años, con cambios en tributos como el del ICA, el predial y el nuevo impuesto alumbrado público, a estratos 4, 5 y 6.
Aunque por cinco días se programó la presentación de la iniciativa ante la comisión primera de Hacienda, hasta ahora no se ha logrado debatir por impedimentos y recusaciones de concejales, por lo que la discusión sigue en veremos. Para la concejal Heidy Sánchez, de la coalición Pacto Histórico y opositora del gobierno Galán, esto es “mucha casualidad”.
“Los impedimentos, en su gran mayoría, se han presentado por concejales que hoy hacen parte de la bancada de gobierno. Y qué casualidad que varias bancadas hayan amenazado de declararse en independencia y usted (Galán) decida pedir la renuncia protocolaria a los alcaldes locales (…) Si quiere que este proyecto de acuerdo salga adelante con transparencia, retírelo y una vez reorganice las Alcaldías, sí podemos discutir”, sentenció Sánchez.
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Y es que los alfiles en el cabildo distrital se han ido desmoronando en las últimas semanas. Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, anunció que, bajo su liderazgo, la bancada del movimiento político “En Marcha”, de la coalición del Nuevo Liberalismo, se declaró en independencia. Posición que también asumió el Liberalismo y que evalúa el Cambio Radical y la Alianza Verde.
A pesar de estos movimientos a un año y medio de la administración, desde la Alcaldía niegan que la solicitud de renuncia protocolaria sean parte de un arreglo burocrático. “La decisión de las alcaldías locales no tiene que ver con negociaciones políticas, como algunos han querido insinuar. Montamos un sistema riguroso de seguimiento y transformación de las alcaldías locales, de hecho tenemos firmado un acuerdo de gestión con cada alcalde, cuya fecha de corte fue el 31 de julio”, sentenció el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Lo que dejan algunas alcaldías
La solicitud de renuncia protocolaria es igual a un ajedrez, donde el alcalde Galán evaluará si remueve o reorganiza sus fichas, para elegir a los más idóneos del cargo y así cumplir con su bandera de “recuperar la confianza en la ciudadanía y estar comprometidos con la transparencia, defiendo los intereses de la Alcaldía y no de ningún sector en particular”, dijo el alcalde durante la posesión de 13 mandatarios locales, el 18 de julio de 2024.
Sin embargo, luego de un año, esa bandera parecer estar más caída y lejos de cumplirse. Razón por la que oficialmente sería el telón de fondo en la solicitud de renuncia a los alcaldes locales, que se suma a la crisis que atraviesa el gobierno distrital por la salida de la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez -y que tiene a la ciudad en serias denuncias por acumulación de basuras-, además de los incumplimientos en la entrega de siete máquinas extintoras a los Bomberos de Bogotá.
Por ejemplo, el mismo día del anuncio de la solicitud de la renuncia protocolaria, la Contraloría de Bogotá notificaba la apertura de una indagación preliminar para determinar si hubo o no sobrecostos en las Alcaldías Locales, para ejecutar la Política Pública de Protección y Bienestar Animal (en las vigencias 2023 y 2024), que incluye inversiones en implantación en micro chips, esterilización animal, brigadas veterinarias, programas de adopción, campañas de sensibilización, atención de urgencias, adquisición de medicamentos y suministro de alimentos, en los 20 Fondos de Desarrollo Local.
A esto se suma que el pasado 24 de junio, la Procuraduría abrió indagación contra el alcalde Galán, por el presunto incumplimiento de sus funciones al omitir realizar la designación de la alcaldesa local de Usme, en el término previsto en la norma. Pero Leidy Marcela Pinilla Pinilla, funcionara elegida, tampoco habría sido la más idónea. Así lo encontró y denunció ante la Fiscalía el concejal Angelo Schiavenato, pues según el cabildante, Pinilla habría presentado una certificación laboral falsa o que nunca existió, para cumplir con el requisito de “arraigo” (decreto 65 de la Ley 1421 de 1993).
“Ella le juró al Ministerio de Trabajo cuando la nombraron allá que no tenía ningún otro contrato, pero mágicamente, cuando llega el tema de la Alcaldía, le aparece. Segundo, nunca presentó aportes de seguridad social. Tercero, en el certificado que aportó, no puso la fecha en la que supuestamente trabajó. Cuatro, en la contratación para la prestación de servicios jurídicos, esa Corporación no tenía ni un proceso judicial. Y finalmente, su registro de voto es en Sutamarchán, Boyacá”, relató Schiavenato.
Por si fuera poco, en julio, el Tribunal de Cundinamarca falló en primera instancia la nulidad del acto administrativo, por medio del cual se designó a Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, al incumplir la norma de no desempeñar un empleo público tres meses antes de la inscripción de su candidatura, como ella lo hizo desde 2017 hasta el 31 de enero de 2024, en la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno. Este fallo fue apelado.
Y hay más. El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, y el edil de Chapinero, Daniel Velasco, denunciaron presuntos sobrecostos de $40 millones en motos para la estación de Policía de Chapinero, por parte de la alcaldía local. Ambos señalaron que mientras en Suba, Engativá y otras localidades, cada moto tuvo un costo de no más de $50 millones, en Chapinero las compraron por $93 millones.
Esto no solo elevó las críticas, sino que provocó la revisión del contrato por parte del Distrito y el posterior anuncio de la cancelación del mismo, por parte de la Secretaría de Gobierno, así como una visita administrativa de la Contraloría de Bogotá. “Nosotros esperábamos decisiones desde hace varios meses. La respuesta llega tarde, pero esperamos que el alcalde acepte la renuncia de la alcaldesa de Chapinero”, señaló Kathe Garavito, edilesa de la localidad.
Desde la Alcaldía, el secretario de Gobierno insiste que han hecho un trabajo importante de transformación en las Alcaldías Locales, “y las denuncias este año han sido muy pocas. Hemos hecho un trabajo muy juicioso por cambiarle las caras a las localidades en Bogotá”, aseveró Gustavo Quintero.
Según datos de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, con corte al 15 de agosto, la localidad de Los Mártires es la que única que presenta mayor ejecución presupuestal (70,17%). Mientras que 10 localidades, registran un saldo en rojo por su baja ejecución, como Santa Fe (44,9%), Chapinero (42,1%) y Usme (41,18%).
¿Qué viene ahora?
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que revisarán en cada una de las alcaldías locales su ejecución, desempeño, trabajo comunitario, relación con las Juntas de Acción Comunal y demás aspectos para tomar la decisión de ratificar o no las renuncias. “Este fin de semana y hasta el lunes me reuniré con cada uno de ellos, haciendo el balance de las gestiones y la próxima semana entregaremos al alcalde el informe definitivo para ya tomar las decisiones. Por ahora es un proceso de evaluación que queremos sacar muy rápido”, explicó.
Para Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno durante la Alcaldía de Claudia López, hay un término de 30 días calendario para aceptar o no las renuncias. En caso de ser aceptada, dice, la alcaldía local no puede quedar vacante y el alcalde debe proceder encargando un funcionario del nivel central.
“Puede ser un asesor de la Secretaría de Gobierno o un directivo que esté mientras se surte el proceso de: uno, que las Juntas Administradoras Locales tomen los nombres de los candidatos que ya habían aprobado el examen para conformar una nueva terna. O la otra opción es que la Alcaldía convoque a un nuevo examen y luego se presenten nuevas ternas”, lo que, por supuesto, implicaría nuevos recursos como los $417 millones que costó la pasada elección.
“No es usual que el alcalde pide la renuncia protocolaria a todos los alcaldes, pero tiene la potestad. Entonces es un momento en que, como dejaron ver, es una reorganización de la actividad local que al parecer, ahora como está, parece no satisfacer al alcalde mayor”, manifestó Gómez.
Son altas las expectativas por los tiempos y quienes serán los alcaldes o alcaldesas que dejarán su cargo -sobre todo de quienes tienen denuncias- en medio de un tenso ambiente en el que algunos concejales insisten poner la lupa desde una mira burocrática, pero que oficialmente rechazan y apelan a un deber de transparencia.
Las cartas, literalmente ya están sobre la mesa, y lo que sí es seguro es que esta administración distrital, bajo su compromiso de una administración pública más eficiente, íntegra y cercana a las comunidades, tiene mucho por trabajar para cumplir con unas Alcaldías Locales que verdaderamente atiendan las necesidades urgentes de sus habitantes, que solo piden respuestas, lejos de intereses políticos.
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Por María Angélica García Puerto
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