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De la efervescencia popular no deben salir las decisiones de Bogotá. Si bien una situación como la seguridad requiere de medidas urgentes, a corto y mediano plazo, la revisión de la evidencia nunca estará de más. Precisamente, el alcalde Carlos Fernando Galán ha decidido acatar este principio y descartar, al menos por ahora, la restricción que existía de circular en moto con acompañante o parrillero. Aunque la medida tomó fuerza en lugares relevantes del debate público, como el Concejo, los resultados y la opinión de los expertos terminaron inclinando la balanza en la expedición del decreto 081.
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Mediante este documento, el Distrito movió sus fichas normativas y postergó algunas medidas, que venían del legado de Claudia López. Salvo por el asunto del parrillero, en el que se ahondará más adelante, la restricción para el consumo de alcohol en áreas públicas y la delimitación horaria para establecimientos nocturnos, continuará rigiendo hasta agosto. Mientras tanto, una vez conocida la decisión de no aplicar medidas contra el parrillero, hace falta ver las implicaciones de la decisión y evaluar, en paralelo, otras opciones de cara a la tan ansiada solución de seguridad.
Popular, pero poco efectivo
El principal argumento de quienes pedían la restricción del acompañante en moto, allende el paisaje de inseguridad actual, se basaba en las cifras de hurto. En específico, los índices que miden los robos en motocicleta, los cuales están en escalada, según las estadísticas oficiales. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 se registraron 5.935 hurtos a personas, perpetrados por conductores de motocicleta. Aunado a lo anterior, en el espectro de los homicidios, la muestra numérica no difiere con los reportes de hurto. Según la Policía Nacional, en el país alrededor del 21 % de los homicidios con armas de fuego se cometieron desde una motocicleta. Además, en tres de cada 10 casos fue el acompañante del motociclista quien disparó en contra de la víctima.
Apoyados en dicha tendencia, cabildantes como Andrés Barrios, solicitaron al alcalde reconsiderar la restricción del acompañante para los moteros. En los albores de julio de 2023, cuando la restricción del parrillero quedó oficialmente levantada por la Alcaldía, se emitieron las respectivas evaluaciones sobre su efectividad. El exsubsecretario de seguridad, Andrés Nieto, señaló que “50 días antes de que expidieran la medida, se registraron alrededor de 16.000 hurtos, en los que se usó una motocicleta. Luego, 50 días después, la cuenta iba por los 13.000 robos, es decir, una disminución de 3.000 casos. En ese orden de ideas, la medida fue efectiva” precisó.
Pero incluso en una versión oficialista como la de Nieto, el diablo está en los detalles. Aun cuando no corren tiempos de popularidad exacerbada para los usuarios de motocicleta, la prohibición de acompañante puede tornarse discriminante, para los propietarios de estos vehículos. Sergio Ríos, dueño de una moto, sale de su trabajo a las 5:00 P.M. y debe ir de Sibaté rumbo al barrio Galerías, a recoger a su esposa. Ambos emprenden rumbo a su casa, en Alquería la Fragua y se demoran dos horas en completar el trayecto. “A las siete de la noche ya estamos en la casa y nos hemos ahorrado casi $20.000 en pasajes. Yo no robo, no soy sicario y mi único propósito con la moto es ahorro y la comodidad. Si prohíben el parrillero, mi esposa debe buscar transporte y llegar más tarde, a la casa”, opina.
Bajo esta misma línea, Micheal Weintraub, director del Área de Seguridad del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes, comenta que “estas medidas se vuelven un impuesto para las personas que usan motos y les pega más duro a ciudadanos de estratos más bajos, que dependen de una moto para movilizarse. Además, representa una distracción innecesaria para la Policía, que podría estar vigilando otras cosas, más allá de sí el acompañante es un hombre o no”.
En todo caso, no es acertado descartar que la prohibición de parrillero pueda ser, ciertamente proporcional, a la disminución moderada de la delincuencia. Sin embargo, en paralelo a la eficacia de la restricción, también es necesario tomar en cuenta la eficiencia de una decisión, según Libardo Araújo, consultor de empresas privadas de seguridad. “Lo malo de las prohibiciones es que tienen, en sí mismas, contraindicaciones que las hacen impopulares y terminan, no por ser tan efectivas, si se le comparan con los daños colaterales. Eso precisamente ocurrió con la medida del parrillero”, opinó.
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Articulación con los privados
Entonces, si el crimen no desaparece “mágicamente” con un puñado de restricciones y las estrategias del nuevo gobierno todavía están a la espera de ser evaluadas, ¿qué se podría hacer para retomar a la calma? Mientras las voces de los partidarios de prohibir los parrilleros se aquietan, hay otras que apenas comienzan a tomar fuerza. Desde el sector privado de la seguridad, solicitan la flexibilización de algunas medidas como el pico y placa, para ayudar con una de las tantas aristas del problema: el déficit de fuerza pública. No es la primera vez que esta idea surge. En su momento, Néstor Rosanía, investigador de conflictos armados, le comentó a El Espectador que la articulación armoniosa entre las empresas de seguridad privada y la Policía, en información y cámaras de seguridad, no debe fijarse en términos de pago o rentabilidad.
“El Estado no puede delegar el monopolio de la seguridad. Pensar que la vigilancia privada puede patrullar sería el signo de que la Policía no fue capaz. Válida la articulación, pero no con una capacidad operativa en las calles. Las empresas de seguridad han sido importantes en términos de información, pero hay que articularlo más”. Por su parte, Araújo opina que la inclusión de las empresas de seguridad es imperativa. “Hay uso de capacidades y herramientas que ampliarían el margen de reacción frente a delitos como el hurto”.
No obstante, en temas como el sicariato, el experto es más bien cauto. “El sicariato se alimenta de las estructuras del crimen organizadas. De nada sirve responder a las balas en casos concretos, y perder vidas en vano, si la raíz del problema no se extingue”.
Ahora que se tomó el camino de articular, en lugar del camino fácil de la prohibición, corresponderá a la evidencia el dictamen sobre si, finalmente, se encontró la llave para encerrar el espectro de la delincuencia en Bogotá.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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